El diezmo de la igualdad

Me llama por teléfono una amiga que se ha incorporado recientemente a la plantilla de una empresa de más de 50 trabajadores. Una ley orgánica del año 2007 y un real decreto ley del año 2019 obligan a estas empresas a elaborar «planes de igualdad» que hay que registrar oficialmente y que suelen incluir cursos de «formación» y hasta pasar un examen online. Le pregunto a mi amiga quién imparte ese curso, quién realiza ese examen, y me da el nombre de lo que resulta ser una «consultora especializada en igualdad», con sede en Barcelona, casualmente fundada justo cuando se estaba pergeñando la ley orgánica que iba a crear esta obligación para las empresas… y esta oportunidad de negocio para consultores «especializados».

¿Ven a lo que me refiero cuando siempre digo que la corrupción legal puede ser peor que la ilegal? Hay ministerios enteros que no parecen tener nada mejor que hacer que obligar a unas empresas a contratar los servicios de otras empresas bien conectadas con la Administración. El feminismo institucional es cada vez más agresivo políticamente y más rentable económicamente. Que es un pedazo de business, vamos. El Ministerio de Igualdad debería llamarse Ministerio de Adoctrinamiento, Propaganda y Subvención. 

Quien dice empresas, dice ONG, activismos varios, entidades variopintas, proyectos sonrojantes. Cuando yo era diputada en el Parlamento catalán tuve que pasar una hora entera de mi vida (pagada por el contribuyente) escuchando perorar a los autores de un «estudio sobre el bicing con perspectiva de género» (sic) por el que una Administración había abonado 90.000 eurazos. Cuando me tocó intervenir a mí, dije: «Sin comentarios, ya que me parece imposible exagerar la importancia de semejante estudio». Me llevaban los mismos demonios que el día que descubrí que en los presupuestos de la Sanidad catalana alguien había destinado una partida de 800.000 euros a favorecer las transiciones de género con cargo al erario público… mientras no había dinero para hacer mamografías más frecuentes a las mujeres de cierta edad, o para proveer fármacos oncológicos de última generación a las enfermas de cáncer de mama.

«Si la gente no es tan cutre como para intercambiar favores administrativos por favores sexuales, es muy difícil que la pillen o que tenga que pisar jamás un juzgado»

Las verdaderas cloacas del Estado son las tripas del gasto público. Si la gente no es tan cutre como para intercambiar favores administrativos por favores sexuales, o por hacerse regalar un chalet a cambio de enchufar amiguetes o proveer contratos, es muy difícil que la pillen o que tenga que pisar jamás un juzgado. Pero muchas «partidas» feministas, sociales, etc., no resistirían una auditoría seria, que de poder hacerse revelaría nutridas tramas clientelares que funcionan como reservorios de voto cautivo, puertas giratorias, etc.

Suelen ser los más estridentes defensores de «lo público» los que más raudamente lo externalizan para hacerlo inescrutable. Sus prioridades son las que son y cada vez coinciden menos con la verdadera sostenibilidad del Estado del Bienestar, del sistema de salud o el de pensiones. Quien tiene la llave de la caja no se siente servidor sino muñidor de quien paga los impuestos. Puede llegar un punto en que incluso quienes sienten repugnancia ante estas prácticas se vean obligados a someterse a ellas porque, «si todo el mundo lo hace», el que intenta no hacerlo, se queda fuera. Del poder y del mercado.

Hay más dinero para las entidades que dicen defender a las mujeres maltratadas que para las mujeres en sí. Más dinero para las empresas que cobran por tutelar menores en nombre de la Administración, que para esos menores tutelados (o no). Hay más dinero para el feminismo que se pone morado en los despachos que para el feminismo en la vida real. Nunca ser feminista gratis había sido tan desagradecido y tan difícil. A este paso, cuando llegue la famosa «ultraderecha negacionista», no sé si quedará ya gran cosa que negar.