Que cace ratones

En distintas ocasiones he llamado la atención sobre lo acertado del nombre Frankenstein, impuesto por el desaparecido Rubalcaba, a lo que entonces era tan solo un proyecto. Lo atinado de la metáfora no se encuentra exclusivamente en la apariencia —el monstruo es repelente y deforme, construido a base de retazos de cadáveres, piltrafas humanas diseccionadas en la sala de autopsias de un hospital—, sino también en que a lo largo de toda la novela resulta palpable que la criatura artificialmente construida no es funcionalmente apta para la vida humana ni para integrarse en la sociedad.

El Gobierno que salió de aquella moción de censura de mayo de 2018, lo que se ha vuelto a repetir en 2019, y con más razón en 2023, es algo desde el punto de vista democrático repulsivo, un engendro, un monstruo fruto de los intereses más dispares, muchos de ellos bastardos. Pero la similitud va más allá, y es que este engendro, al igual que el monstruo de Mary Shelley, no es funcionalmente viable, no es operativo, no sirve para moverse en un sistema democrático. No sabe ni es capaz de gestionar.

El Gobierno Frankenstein se ha refugiado en la representación y, equivocando su papel, en la función legislativa. Ha creído que los problemas se arreglan con leyes, lo cual, sin gestión adecuada, suele ser radicalmente falso, tanto más cuanto que el legislador es un esperpento como el que se oculta en el bloque de la mayoría sanchista. Últimamente apenas pueden sacar adelante leyes, menos mal, con lo que en la actualidad el anuncio de ellas es simple y llanamente representación, o cortina de humo para encubrir la incompetencia.

Este parece ser el caso de la médico, mujer y madre, y ahora ministra de Sanidad, que tiene a todos sus compañeros médicos levantados en armas y lo único que se le ocurre es anunciar una ley para eliminar la participación de la sanidad privada en la gestión de la pública. Independientemente de la conveniencia o no, es que, en las actuales circunstancias, constituye un brindis al sol y quizás una torpe medida para desviar la atención de la huelga que tiene montada y que no sabe cómo solucionar. La gestión no es lo suyo.

La ley anunciada por la señora ministra es inviable. En primer lugar, porque no cuenta con los votos necesarios en el Parlamento. Que se lo planteen a los catalanes, comenzando por Illa, ya que Cataluña es la que tiene la proporción más alta en colaboración público-privada de la sanidad en toda España. En segundo lugar, es que en la mayoría de las comunidades en estos momentos sería imposible prescindir en la sanidad de la colaboración privada, como ya se demostró hace escasamente un año con un problema de dimensiones bastante menor: obligar a los funcionarios a que abandonasen las sociedades de salud privadas. Entonces se vio que era echar sobre los servicios y hospitales públicos una carga difícil de absorber. Con buen olfato periodístico, Fernando Garea en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros puso esta contradicción delante de las narices de la ministra, sin que esta supiese qué contestar.

«Lo que caracteriza realmente como públicos a los bienes y servicios no es tanto la gestión como el financiarse mediante impuestos»

Y es que ni ella misma se cree que esto sea factible. Igual que sería inviable acabar de buenas a primeras con la educación concertada, y no digamos que las administraciones asumiesen directamente la ejecución de las obras públicas. Solo el desconocimiento de la realidad y el sectarismo pueden llevar a hacer con todo descaro planteamientos tan inviables.

Digamos antes que nada que lo que caracteriza realmente como públicos a los bienes y servicios no es tanto la gestión como el que lejos de financiarse mediante precio y estar, por tanto, su consumo o adquisición condicionados a la capacidad económica del ciudadano lo hacen mediante impuestos, reduciendo así la desigualdad inicial. Requisito esencial en servicios como la sanidad o la educación. (Ver el articulo Sanidad pública o privada, publicado en estas mismas páginas el 27 de diciembre del año pasado) Desde esta perspectiva, la gestión en principio es secundaria. O más bien cabría decir que es importante, pero que no depende tanto del apellido o del color político, como de la eficacia y de la competencia, es decir, de que cace ratones.

Deng Xiaoping hizo famosa la frase «gato negro o gato blanco, lo importante es que cace ratones». La pronunció en la década de 1980, para defender sus reformas económicas, argumentando que China necesitaba ser práctica para superar la pobreza, sin importar si las políticas eran de uno u otro signo. Felipe González la empleó durante su gobierno, la mayoría de las veces sin demasiado acierto ni oportunidad. Sin embargo, creo que en esta ocasión su uso sí puede ser adecuado. A la hora de decidir en cada caso si la gestión de los bienes y servicios públicos debe ser privada o pública, habrá que preguntarse de qué manera se va a ser más eficaz. En muchas ocasiones dependerá de las circunstancias y de la propia naturaleza de los bienes y servicios a suministrar; en otras, de la competencia de quien vaya a gestionarlos, sea cual sea su color.

En principio, soy partidario de que si la financiación es pública, la gestión, allí donde se pueda realizar, sea también pública. Las experiencias de las asociaciones público-privadas no han sido demasiado positivas. Casi siempre se produce una asimetría y la balanza se desequilibra en contra de lo público. Buen ejemplo de ello han sido muchas de las desaladoras y algunas autopistas de peaje. Es absurdo pretender que las empresas privadas abandonen por sí mismas su objetivo principal que es la obtención de beneficios. Es más, no son creíbles todas esas campañas de determinadas compañías haciéndose pasar por campeonas de la ecología o adelantadas de actividades altruistas. En su mayoría se trata de mera publicidad. Tengo que reconocer, sin embargo, que en muchas ocasiones es imprescindible que el sector público tenga que acudir a la gestión privada.

«El hospital de Torrejón ha estado perfectamente controlado y sus resultados son mejores que los de la media de Madrid»

No podemos exigir que las empresas privadas actúen en contra de su propia naturaleza. La solución tiene que venir del buen funcionamiento de los poderes públicos y de los controles con los que cuenta cuando se produce la asociación con el sector privado. En definitiva, de los resultados obtenidos, de si se cazan o no se cazan ratones.

Por eso resulta tan hipócrita la postura mantenida por el Gobierno y sus altavoces mediáticos respecto al Hospital de Torrejón. Primero, dando de forma incompleta y manipulada el audio objeto de la polémica y después escandalizándose de que una empresa privada no quiera perder dinero, sin plantearse de si obtiene o no los resultados sanitarios adecuados. Parece ser que el citado hospital ha estado perfectamente controlado y sus resultados son mejores que los de la media de la Comunidad de Madrid, y estos muchos mejores que los de la media de España y no digamos de los de Ceuta y Melilla que son competencia de la médico, mujer y madre.

Las posturas de Más Madrid y del PSOE madrileño llegan al dislate de querer llevar el asunto al fiscal. Será que como es amigo o amiga están dispuestos a trasladar todo tipo de asuntos que, aunque saben perfectamente que no pueden prosperar, pueden servir para levantar polvo y tapar otros hechos que les resultan mucho más incómodos.

Tal como he dicho, me inclino a que si la financiación de los bienes y servicios es pública, la gestión, allí donde se pueda realizar, sea también pública. Pero últimamente hay muchas razones para comenzar a dudar. Dada la cualificación de los que se ponen a veces al frente de los servicios públicos, uno termina por preguntarse si no sería mejor que en muchos casos se gestionasen desde el sector privado.

«Para ocupar los sillones en los distintos puestos se ha prescindido totalmente de la capacidad y de los conocimientos»

He comenzado el artículo afirmando que el Gobierno Frankenstein está incapacitado para la gestión, pero esa sensación se agrava cuando se comprueba que para ocupar los sillones en los distintos puestos se ha prescindido totalmente de la capacidad y de los conocimientos y se ha perseguido el premio a los afines o la compra de la fidelidad de los socios o cómplices, especialmente de catalanes o vascos. Véase el último caso con Ortuzar.

En el artículo de la semana pasada me refería a la economía recomendada de tiempos de la dictadura y como el INI se convirtió en el estercolero del sector privado. De acuerdo con los distintos intereses, el Estado adquiría las empresas que entraban en pérdidas y que el sector privado no podía o no le convenía mantener. Afirmaba que la historia se repite. Los que se llaman ahora progresistas (de progresistas tienen muy poco) que con furia sectaria saludan y alaban las actuales nacionalizaciones del sanchismo deberían tener en cuenta lo anterior, que los gatos pueden ser negros y, sin embargo, cazar muy pocos ratones, e incluso ser utilizados para otras finalidades más perversas. Ahí está entre otros el caso de Plus Ultra que citaba yo el pasado martes. 

Desde el otro espectro ideológico, desde el neoliberalismo más radical, no estaría mal que también tuvieran en cuenta la frase de Deng Xiaoping y se olvidasen del color del gato y dejasen de distinguir de forma un tanto tramposa entre sector productivo y no productivo, aplicando el primer calificativo exclusivamente al sector privado y recluyendo al público en el improductivo. Pocos análisis tan frívolos y superficiales. ¿Cómo se puede calificar de improductivas a actividades tales como la sanidad, la educación, las infraestructuras, etc.? ¿Acaso la economía podría funcionar sin la justicia o sin las fuerzas de orden público? ¿Hay algo más productivo y rentable, aun desde la misma óptica económica, que una adecuada gestión del sector público? Tampoco aquí se puede afirmar que el cazar ratones dependa del color. Pero ello daría para otro artículo. Quizás en una próxima semana.