90 años de sumisión… y contando

Viví la Transición con una ilusión que ahora, vista desde la distancia, me resulta dolorosamente ingenua. Tenía la certeza, compartida por mi generación, de que la libertad nos haría mejores: más prósperos, más responsables, más solventes moralmente. Creía que la democracia, al poner fin a la dictadura, también pondría fin a una dependencia que limitaba nuestras expectativas. Como quien se desprende de un incómodo abrigo al llegar la primavera, daba por descontado que no solo dejaríamos atrás el franquismo, sino la mentalidad que durante casi 40 años había domesticado nuestro carácter. Lo que descubrí con el tiempo, sin embargo, es que el régimen cayó, pero la mentalidad permaneció intacta. España cambió de régimen político, pero no su relación emocional con el poder.

Si se observa con atención el tránsito de la dictadura a la democracia, lo que emerge no es una ruptura, sino una continuidad silenciosa. Sumados los años del franquismo a los de la etapa democrática, España lleva casi un siglo acostumbrada a mirar hacia arriba. Lo llamativo no es que hoy exista dependencia del Estado; lo verdaderamente sorprendente es que todavía pensemos que esta dependencia es un fenómeno reciente. En realidad, empieza donde comienzan casi todos los traumas de nuestra modernidad: en la Guerra Civil y en el país arrasado que dejó tras de sí.

España no llega a 1936 plácidamente, sino tras una sucesión de guerras, pronunciamientos militares y enfrentamientos sociales. La política es un combustible inflamable y el conflicto rara vez encuentra su cauce en las instituciones. Ya antes, la Guerra de Independencia contra los ejércitos napoleónicos había dejado una huella profunda: la idea de que la violencia es un recurso legítimo. Esa singularidad no explica por sí sola la Guerra Civil, pero ayuda a entender a un país agotado, violento, desconfiado y poco o nada acostumbrado a discutir sin llegar a las manos.

Cuando Franco asume el poder en 1939, no hereda un país sino una monumental ruina. Y aquí lo primero es acabar con los tópicos. La dictadura franquista genera debates morales e ideológicos que a menudo oscurecen su aspecto sociológico más interesante: el franquismo fue, sobre todo, una respuesta al caos. No un proyecto ideológico.

Franco no era un ideólogo fascista equiparable a Mussolini ni un líder mesiánico al estilo de Hitler. La historiografía más solvente desvela que su fe verdadera, casi diría su única fe, recaía en la institución militar. Franco veía al Ejército como una entidad incorruptible, la única capaz de evitar la desintegración de un país empeñado en hacerlo. Su relación con la política era similar a la forma en que un virólogo observa un virus. Prefería mandar desde la distancia, apoyándose en el orden militar como forma natural de gobierno.

«El ciudadano aprende, primero a través del estómago, después de la mente, que la seguridad no es un derecho, sino un favor»

Esa psicología del franquismo explica mejor que cualquier hipótesis o discurso lo que ocurre en las dos décadas siguientes. Mientras la Europa occidental arrasada por la Segunda Guerra Mundial recibía un plan de reconstrucción masivo, incluida Alemania, que la había desencadenado, España quedó fuera.

Tras la Guerra Civil, España vive años de hambre, aislamiento y racionamiento. El pan, el aceite, la leche no son productos básicos disponibles en el mercado: son alimentos inaccesibles que solo el Estado puede proporcionar en alguna medida. Para toda una generación, la supervivencia cotidiana depende del sellado de una cartilla de racionamiento. Al principio es una imposición de circunstancias; después deriva en costumbre. Y finalmente, en dependencia psicológica.

Así se coloca la primera piedra de la nueva psicología nacional: la del reflejo condicionado. El ciudadano aprende, primero a través del estómago, después de la mente, que la seguridad no es un derecho, sino un favor. Que la vida está supeditada a la acción del Estado. Ese aprendizaje pavloviano resultará a la postre mucho más decisivo que cualquier adoctrinamiento ideológico.

Cuando los años duros de la posguerra terminan, llega el desarrollismo. Nuevas carreteras, fábricas, universidades, turismo, la emigración con sus remesas, la tecnología que poco a poco va filtrándose desde fuera. España se industrializa parcialmente, se abre al mundo y crece a remolque del boom económico de Occidente.

«En 1978 no llegamos a la estación término del franquismo sociológico. No cambiamos de tren. Cambiaron logotipos y se relevó al maquinista»

Sin embargo, aunque el país prospera, la sociedad española sigue siendo extremadamente dependiente. Obtener una licencia, conseguir un puesto público, estudiar una carrera, poner en marcha un negocio: todo pasa por una instancia administrativa. El progreso no erradica el viejo hábito; lo hace más sofisticado. Lo que nació como una alternativa de supervivencia se convierte en forma de vida.

En la década de los setenta, España ya está lista para transitar de la dictadura a la democracia. Sin embargo, no lo está, y esto es clave, para asumir la autonomía psicológica. De ahí que la Transición, más que un cambio profundo, reforme el modelo hasta cierto punto. Dicho de otra forma, en 1978 no llegamos a la estación término del franquismo sociológico. No cambiamos de tren. Cambiaron logotipos y colores, se agrandaron las ventanas, se climatizaron los vagones y se relevó al maquinista.

La Transición se vivió, y se diseñó, como un cambio sin sobresaltos. El objetivo explícito fue evitar el regreso al caos… pero cuidándose de exigir al ciudadano que asumiera, de repente, las cargas de la libertad. Para lograrlo, se recurrió a un elemento decisivo que compatibilizara la psicología social heredada del franquismo con el cambio democrático: el Estado social.

Ese Estado social nunca fue una conquista ciudadana. Fue un pegamento psicológico. El contrato tácito poco tuvo que ver con el de las constituciones donde el poder emana de abajo, «Nosotros, el pueblo», si no con otro bastante diferente: «Nosotros, los padres de la patria, os concedemos libertades; y para que no sintáis vértigo, prolongamos la red de seguridad del Estado». Aquel consenso fue, en parte, el pacto del miedo: paz y Estado social a cambio de no invertir los términos, no fuera que los españoles volvieran a las andadas.

«La tutela forzosa del franquismo se convirtió en ‘protección legitimada’»

Así, la tutela forzosa del franquismo se convirtió en «protección legitimada». Y la dependencia que siguió el trauma de la guerra degeneró en costumbre. Como suele suceder con todo lo que se interioriza de forma inadvertida, no hubo resistencia. La dependencia no se discutió: se asumió de manera tan inconsciente como definitiva.

Los gobiernos socialistas que de forma muy temprana pilotaron la Transición no inventan ese marco mental; mucho menos lo erradican. Lo moralizan y amplifican. Lo modernizan y adecentan envolviéndolo en un nuevo relato. Su aportación no fue una socialdemocracia al estilo europeo, basada en la eficiencia, la sostenibilidad y la responsabilidad ciudadana, sino algo distinto: una prolongación del Estado franquista, ahora legitimada democráticamente.

Allí donde el franquismo imponía tutela, el socialismo español lo llamó protección; allí donde antes había obediencia, pasó a ser obligación moral. El Estado que en la dictadura era una presencia opresiva pasó a considerarse, en democracia, una presencia virtuosa. No se cuestionó el tamaño, ni su función, ni la necesidad de que el ciudadano asumiera sus propios riesgos y responsabilidades: se moralizó la continuidad, se nombró «progreso» a la dependencia y se elevó al Estado a la categoría de guardián del bien. Por su parte, la derecha, cuando al fin accede al gobierno, no rompe con esa lógica. La administra, la matiza… y la mantiene.

Hoy, España es un país donde la norma jurídica dice una cosa, que somos sujetos libres e iguales, pero el hábito dice otra, que la libertad se pide y se administra en pequeñas dosis y la igualdad se reduce a un documento certificado por la administración de turno.

«Somos, en términos legales y constitucionales, adultos; en términos políticos y culturales, adolescentes»

Somos, en términos legales y constitucionales, adultos; en términos políticos y culturales, adolescentes tutelados. Esa disonancia explica el desconcierto imperante. Nos indigna que las instituciones se degraden, pero esperamos pasivamente a que se regeneren solas. Señalamos la crisis democrática, pero seguimos confiando en que aparezca «alguien» que la arregle. Nos quejamos del excesivo poder del Estado, pero confiamos absurdamente en que el Estado se limite a sí mismo.

Si tuviera que resumir la historia política reciente de España, diría que el franquismo no fue la causa de la dependencia; fue su laboratorio. El socialismo la normalizó con la complicidad de la derecha. Y la acción política contemporánea la convirtió en enfermedad crónica.

¿Qué hacer con este diagnóstico? Podría concluir con una serie de propuestas, educación cívica, reforma institucional, devolución de competencias al ciudadano, pero solo formularé una advertencia. Las culturas políticas no cambian por decreto; cambian por epifanía. El día que asumamos que la libertad no consiste en tener derechos, sino en ejercerlos; que la responsabilidad no consiste en votar, sino en hacer; que el adulto político no es el que exige, sino el que actúa… ese día quizá podamos, al fin, bajarnos del tren al que subimos hace casi un siglo. Hasta entonces, seguiremos contemplando el paisaje por ventanilla, esperando instrucciones.