Aliança anticatalana

Llamo a esto Aliança anticatalana a propósito. Es una mofa del nombre del partido Aliança Catalana, sí. Pero sobre todo es un diagnóstico: no hay nada más anticatalán que construir un proyecto político que pretende expulsar simbólicamente de Cataluña a una parte sustancial de los propios catalanes. Cataluña no es una esencia. Cataluña es una sociedad plural. Y cuando alguien decide que «Cataluña» solo es «su» Cataluña, lo que hace no es amar a Cataluña: la secuestra.

Dicho esto, el artículo no va de Cataluña como costumbrismo ni como caricatura regional. Va de política nacional. Va del abuso de una palabra —ultraderecha— que se ha convertido en un arma arrojadiza, en una etiqueta de trazo grueso que sirve para infantilizar al rival, cosificarlo y activar el reflejo condicionado: «alerta antifascista». Si todo es fascismo, nada lo es. Y si la democracia se reduce a insultos, el debate se pudre por dentro.

Por eso conviene volver al criterio. Volver a la definición que duele, porque obliga a mirar donde no se quiere mirar.

La ultraderecha no es una estética, ni un tono, ni una colección de tuits. En su forma histórica —y en sus variantes contemporáneas— tiene una relación característica con el pluralismo y con la ley común: considera legítimo forzar la norma cuando la norma impide el objetivo identitario.

Ahí va la prueba del nueve, formulada de manera sencilla:

«La ultraderecha más peligrosa no se presenta con simbología centralista, sino con bandera identitaria periférica»

¿Quiere ese movimiento subvertir el orden constitucional —saltarse el marco común— para imponer un régimen distinto, más excluyente, más «puro» cultural o étnicamente, aunque sea a costa de derechos y libertades iguales para todos?

Si la respuesta es sí, no estamos ante «conservadurismo duro». Estamos ante una forma de iliberalismo, ante la antesala del autoritarismo, del totalitarismo. Y si uno aplica ese test sin hipocresía, en España aparece una paradoja que el discurso oficial no sabe gestionar: la ultraderecha más peligrosa no se presenta con simbología centralista, sino con bandera identitaria periférica.

El sustrato: cuando el nacionalismo educa en la exclusión

Nada nace de la nada. Antes de que aparezcan partidos que hablan sin disimulo de «purificar» culturalmente un territorio, suele haber un sustrato: una pedagogía moral del «nosotros» contra «ellos»; una idea de pertenencia que no es cívica, sino identitaria; una sospecha permanente hacia el «otro» interno.

En Cataluña ese sustrato existe desde hace décadas y ha sido blanqueado muchas veces como «excesos» o «cosas de la época». Pero conviene recordar que los excesos, cuando se normalizan, incuban, que han hecho de esa comunidad autónoma la vanguardia de la ultraderecha española.

«Cuando se enseña —explícita o implícitamente— que hay catalanes de primera y de segunda, el paso siguiente es político»

Jordi Pujol dejó por escrito descripciones profundamente despectivas sobre los inmigrantes andaluces, presentándolos como un factor de «miseria» cultural y mental o Heribert Barrera con una recopilación de sus sentencias se recogen afirmaciones abiertamente racistas (por ejemplo, sobre el cociente intelectual de negros frente a blancos) y propuestas eugenésicas. No traigo las citas para hacer arqueología moralista, sino para señalar una línea: cuando se enseña —explícita o implícitamente— que hay catalanes de primera y de segunda, el paso siguiente es político. El paso siguiente es institucional. Y el paso siguiente es inevitable: del desprecio al proyecto de exclusión.

Aliança Catalana: nacionalismo como orden, identidad como frontera

Ahí entra Aliança Catalana. Hija del plan de ingeniería social desplegado por Pujol y los suyos. Su propuesta no es solo «independentismo». Es la ultranacionalización del independentismo: convertir la identidad en frontera, y camuflar la frontera en política de orden.

Cuando un partido plantea una Cataluña concebida para los «auténticos» y mira con sospecha al mestizaje social, cultural o lingüístico, no está defendiendo un proyecto democrático. Está diseñando un mecanismo de ciudadanía por grados. Y una ciudadanía por grados es la negación de la igualdad política. Y esto nada tiene que ver con el problema de la aculturación, la inseguridad o la incertidumbre, es el caldo de cultivo, no la causa.

Por eso digo Aliança anticatalana: porque su Cataluña ideal no incluye a la Cataluña real. La Cataluña bilingüe. La Cataluña de orígenes múltiples. La Cataluña no nacionalista, que no acepta ser tratada como «extranjera interior», como una anomalía moral que debe callar o marcharse del relato.

«Junts no es Aliança Catalana. No son equivalentes, pero comparten formas y fobias»

Esto es, además, profundamente español en el peor sentido: no es un debate local. Es el mismo patrón que vemos en distintos países cuando el identitarismo se recalienta. No se discute solo «qué políticas», sino «quién pertenece» y «quién manda». Y ahí la democracia liberal siempre pierde si no se defiende con criterio.

Junts y el derecho de excepción

Aquí conviene ser precisos: Junts no es Aliança Catalana, pero se le parece mucho. No son equivalentes, pero comparten formas y fobias. Pero hay un rasgo que importa en el marco nacional: la normalización del derecho de excepción. En una democracia constitucional, la ley común no es un detalle: es el mecanismo que garantiza derechos y libertades iguales para todos. El momento en que un movimiento sostiene —explícita o implícitamente— que su voluntad política legitima saltarse el marco común cuando conviene, entra en fricción con la democracia.

Esa fricción es el núcleo del problema. No si te gusta o no te gusta Cataluña. No si te emociona o no una bandera. El problema es metodológico: cuando la excepción se convierte en método, el pluralismo queda subordinado a una identidad. Y cuando el pluralismo queda subordinado a una identidad, la democracia deja de ser democracia y pasa a ser plebiscito permanente para el bando ganador.

¿Y Vox? La diferencia que nadie quiere discutir en serio

Llegamos a la pregunta que genera titulares y enfados. La excusa y enganche electoral del sanchismo.

¿Puede Vox ser un partido ultraconservador? Sí. ¿Puede ser un partido radical en su agenda de orden, inmigración o cultura? También. ¿Puede incomodar a una parte sustancial del país? Evidentemente, como cualquier otra formación política.

Pero si aplicamos la prueba del nueve —la subversión del orden constitucional para imponer un régimen excluyente— el encaje cambia.

Vox, con todos sus excesos retóricos y su programa, se presenta como una fuerza que busca disputar poder dentro del marco constitucional: elecciones, parlamentos, tribunales, reforma legislativa dentro del sistema. Esto puede gustar o no, puede considerarse deseable o peligroso, pero es una diferencia esencial.

En cambio, en el universo del nacionalismo identitario catalán, el horizonte político ha normalizado durante años una idea corrosiva: que existe una legitimidad superior a la ley común. Que cuando el objetivo identitario lo exige, la norma es un obstáculo a superar, no un marco que respetar. Y que parte de los ciudadanos —los «no auténticos», los «no alineados», los «no nacionalistas»— son un problema a gestionar, a reeducar o a expulsar simbólicamente del país.

Esa es, precisamente, la lógica de la ultraderecha en sentido fuerte: la sustitución del pluralismo por identidad; de la ciudadanía por tribu; de la ley común por excepción.

La trampa nacional: llamar «fascismo» a todo para no ver nada

En España llevamos demasiado tiempo usando ultraderecha como palabra-muro. Sirve para no pensar. Sirve para evitar el criterio. Y sirve, sobre todo, para mantener intacto un reparto moral cómodo y de tintes guerracivilistas: unos son «demócratas» por definición; otros son «fascistas» por definición.

Pero la democracia no se mide por el tono, sino por el método. No por el adjetivo, sino por la relación con la ley y con el pluralismo.

El país necesita, con urgencia, recuperar la capacidad de llamar a las cosas por su nombre sin obedecer a consignas. Y reconocer que el iliberalismo no siempre se presenta con la estética que nos han enseñado a temer. A veces se presenta con bandera propia, con victimismo sofisticado y con un relato que transforma en traidor al vecino.

Si de verdad queremos defender la democracia constitucional, deberíamos empezar por algo básico: dejar de usar las palabras como piedras y empezar a usarlas como instrumentos de precisión.

Porque cuando la política se vuelve incapaz de distinguir, queda a merced de los que quieren imponer. Y esos, a la larga, siempre encuentran su momento.