El sanchismo y el declive estructural de España

España lleva años gobernada desde una concepción política que penaliza la creación de valor, fomenta la dependencia y confunde relato con resultados reales. El resultado es una sociedad que crece en cifras macroeconómicas, pero empeora en indicadores que importan para la vida de las personas: emancipación, formación de familias, salarios reales y confianza institucional.

Uno de los síntomas más claros es la crisis de la vivienda y de la emancipación juvenil. Los informes del Consejo de la Juventud de España muestran que solo alrededor del 15% de los jóvenes logra independizarse fuera del hogar familiar, la peor tasa desde que hay registros. Esto ocurre incluso cuando hay empleo y salarios que suben modestamente, porque los precios de alquiler y compra han crecido mucho más rápido que los ingresos. En muchos casos, un joven necesitaría dedicar todo su salario solo para pagar un alquiler en solitario, lo que hace imposible la emancipación sin ayuda familiar.

Este bloqueo vital tiene consecuencias directas en el plano demográfico. España está entre los países con una de las natalidades más bajas del mundo desarrollado: el número medio de hijos por mujer se sitúa en torno a 1,1, por debajo del umbral requerido para mantener la población estable. Los nacimientos han caído a mínimos históricos no vistos desde antes de la posguerra. Este colapso de la natalidad se interpreta mejor si se considera junto al estancamiento real de los ingresos. Informes especializados indican que, aunque hay crecimiento económico agregado, los salarios de los jóvenes y de amplios sectores no han recuperado el nivel previo a la crisis financiera de 2008, lo que reduce la capacidad de formar familias, comprar vivienda y planificar un futuro independiente.

La situación se agrava por la percepción de corrupción y captura institucional. Según Transparency International, España ha empeorado en el índice de percepción de la corrupción, bajando varios puestos en el ranking global y mostrando una tendencia desfavorable en los últimos años. Esto indica que la sociedad percibe que el comportamiento ético en el sector público ha retrocedido, lo que erosiona la confianza en las instituciones y refuerza la idea de que el poder favorece a los cercanos al gobierno más que a los ciudadanos comunes.

Correlacionado con estas percepciones están varios casos de alto perfil vinculados al entorno del PSOE, que han acabado con exdirigentes y asesores en prisión o imputados por corrupción o enriquecimiento irregular. Aunque la política y la justicia son ámbitos complejos, estos casos refuerzan la percepción de un doble rasero para quienes están dentro del poder frente a quienes crean riqueza en el sector privado.

Un factor adicional del malestar ciudadano es la sensación de que el crecimiento económico no llega a los ciudadanos. El propio Banco de España ha señalado que, aunque las tasas de crecimiento del PIB son comparativamente altas en 2025, muchos hogares siguen sintiendo que sus ingresos no alcanzan debido al aumento de costes de bienes básicos y de la vivienda, con salarios que, ajustados a la inflación, no han repuesto plenamente su poder adquisitivo.

Frente a este panorama, surgen señales de que el electorado está empezando a cuestionar el modelo dominante. En las elecciones autonómicas recientes de Extremadura, un bastión tradicionalmente controlado por el PSOE, se produjo un cambio político que muchos interpretan como un rechazo al relato dominante y una búsqueda de alternativas. La espontaneidad de ese resultado y la caída del voto socialista en áreas tradicionalmente seguras sugieren que una parte creciente de la sociedad exige resultados tangibles, no solo consignas políticas.

El caso de la Comunidad de Madrid bajo Isabel Díaz Ayuso es un ejemplo claro de gestión alternativa al modelo sanchista. Con políticas orientadas a menores impuestos, promoción del emprendimiento y atracción de inversión y talento, Madrid ha experimentado un dinamismo económico superior al promedio nacional, atrayendo a empresas y profesionales y consolidándose como un motor de actividad en España. Este contraste con otras regiones evidencia que políticas más orientadas al mercado y a la libertad económica pueden generar mejores resultados reales para la población.

Otro reflejo de la recomposición política es el auge de Vox. En recientes sondeos, este partido ha alcanzado su máximo histórico de intención de voto, superando ampliamente su nivel de apoyo anterior y consolidándose como la tercera fuerza política. Para muchos ciudadanos, Vox representa una expresión de sentido común: defensa de la seguridad, reducción de la intervención estatal, apoyo a la familia, gestión responsable de la inmigración y exigencia de eficiencia en la administración pública.

Este crecimiento político no es una anomalía, sino un síntoma de un electorado que busca alternativas a un modelo que ha producido salarios estancados, vivienda inaccesible, natalidad en mínimos históricos, percepción de corrupción y crecimiento económico que no se traduce en bienestar individual.

España no está condenada a la decadencia, pero solo podrá revertir esta deriva cuando empiece a gobernarse con políticas que respeten el mérito, fortalezcan las familias y promuevan la responsabilidad individual, en lugar de depender de intervenciones que terminan encareciendo la vida y desincentivando el progreso real.