Venezuela: la soberanía, los necios y los malvados

Hay conceptos que, por uso abusivo, acaban vaciándose de contenido. La soberanía es uno de ellos. Invocada como talismán, se ha vuelto peligrosamente ambivalente: sirve igual para proteger pueblos como para blindar a sus depredadores. El derecho internacional, concebido para contener la violencia entre Estados, corre el riesgo de convertirse en una caricatura: un sistema formalmente impecable que ampara delitos de lesa humanidad.

Empezaré con una pregunta: ¿qué es realmente un Estado? ¿Basta un perímetro territorial, un asiento en la Naciones Unidas y una bandera para imbuirse de soberanía? ¿O la soberanía es, más bien, una función (no un fetiche) vinculada a una serie de condiciones imprescindibles, como la capacidad de garantizar seguridad, la previsibilidad jurídica y un mínimo de protección frente a la arbitrariedad del poder?

Max Weber definía el Estado como quien ostenta el monopolio legítimo de la violencia. El adjetivo «legítimo» no es ornamental. Sin legitimidad, la violencia no asegura el orden: impone el terror y desemboca en desorden.

Plantear estas dudas a propósito de Venezuela no es un ejercicio teórico. Es una necesidad. Si un territorio acaba controlado por redes criminales, bandas armadas, traficantes de drogas, armas y personas, y una supuesta élite sustituye al Gobierno legítimo por una pandilla de depredadores, la noción de Estado empieza a resultar puramente nominal: una ficción intelectual extremadamente peligrosa.

No hablo solo de la ausencia de elecciones libres, que ya es grave, sino de algo más dramático: la disolución de cualquier orden legal compartido. Cuando la ley deja de ser el marco común y se convierte en el instrumento discrecional de una minoría, el ciudadano no vive bajo el paraguas de la soberanía estatal, sino en un campo de concentración con bandera. Cuando esto sucede, la soberanía queda suspendida en el vacío. La pregunta no es, por tanto, si un «Estado soberano» de esta guisa merece respeto externo, sino si exigirlo no es incurrir en una estafa moral.

Para pasar por encima de este enrevesado laberinto, donde los conceptos dejan de ser lo que parecen, se suele apelar a la Organización de las Naciones Unidas y, en particular, a su Consejo de Seguridad, presentado como salvaguarda última de la legalidad internacional. El mecanismo, en teoría, destinado a «autorizar» acciones exteriores orientadas a salvaguardar la vida y la dignidad de pueblos oprimidos.

En este caso, el problema es menos jurídico que político. Ese Consejo no es un tribunal moral, sino un órgano donde el voto decisivo corresponde a potencias que vulneran de manera sistemática la soberanía de terceros. Rusia, que forma parte de este Consejo, no pidió autorización para anexionarse Crimea, ocupar el Donbás o invadir Ucrania. China, que también tiene un asiento, mantiene una política de coerción sobre sus vecinos, al tiempo que desprecia abiertamente la noción universal de derechos humanos, calificándolos sin rubor como «un invento occidental» que su cultura no comparte.

La pregunta es obvia: ¿habría cambiado algo esencial si esos mismos Estados hubieran respaldado una intervención en Venezuela? Las formas importan, no cabe duda. Pero desgraciadamente a veces las formas, capturadas por actores profundamente amorales, se convierten en meros instrumentos al servicio de la barbarie, el abuso y la ambición de dictadores sin escrúpulos.

Dejémonos de tonterías. Potencias como China no actúan constreñidas por el ejemplo ajeno o por un respeto exquisito a normas que consideran, en el mejor de los casos, instrumentales. Su política exterior no deja lugar a la duda. Uno de los ejemplos más obscenos es el de la gigantesca flota pesquera china de altura, la mayor del mundo, utilizada de forma sistemática como herramienta de presión geopolítica. Esta flota opera de manera recurrente en aguas de terceros países, también en América, especialmente allí donde los estados ribereños son más débiles y carecen de medios suficientes para salvaguardar su soberanía marítima. No hablo de incidentes aislados, sino de una práctica permanente de extracción, intimidación y hechos consumados. Un matonismo sistemático ejercido a plena luz del día.

«Vivimos en un mundo que, bajo una apariencia de continuidad, lleva más de dos décadas en guerra soterrada»

Caso similar es el del acoso constante a los guardacostas filipinos en zonas reconocidas por el derecho del mar: maniobras intimidatorias, colisiones deliberadas, uso de cañones de agua y bloqueos navales como «política» de desgaste. A esto se añaden violaciones reiteradas de espacios aéreos y ejercicios militares con fuego real en los límites de territorios soberanos de terceros países, concebidos no como prevención o defensa, sino como proyección de fuerza e intimidación.

Ninguna de estas agresiones responde a precedentes occidentales. China no necesita justificaciones, ni precedentes, ni ejemplos. Lo que vemos es la manifestación de una concepción del poder en la que la fuerza siempre precede al derecho. El régimen del PCCh solo respeta la soberanía ajena cuando se pliega a sus intereses.

El historial de Rusia resulta aún más escandaloso. Desde la disolución de la Unión Soviética, Moscú ha recurrido a la violencia constantemente para someter, quebrar o neutralizar a naciones periféricas dentro de lo que el régimen de Putin considera su esfera de influencia.

Chechenia fue el primer ejemplo: una guerra brutal destinada a demostrar que cualquier aspiración de autonomía sería aplastada sin contemplaciones. Le siguieron Abjasia y Osetia del Sur, territorios arrancados de facto a Georgia tras una intervención militar. En 2008, Rusia invadió Georgia sin haber declarado formalmente la guerra, dejando muy claro que el sacrosanto concepto de soberanía es una porquería cuando se interpone en los intereses del Kremlin.

La anexión de Crimea en 2014, la guerra híbrida en el Donbás y, finalmente, la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, completan una secuencia coherente. En todos estos casos, Moscú jamás ha invocado el derecho internacional, sino relatos nebulosos sobre su destino histórico, protección de minorías o agravios identitarios incompatibles con cualquier noción de soberanía.

Cuando se trata de los intereses de China y Rusia nunca hay legalismo, solo fuerza. No hay respeto a normas, sino un desprecio descarnadamente cínico hacia ellas. Argumentar que China o Rusia necesitan ejemplos externos para hacer lo que les place es ignorar deliberadamente décadas de historia reciente. Quien lo hace, o es necio, o es algo peor.

Pese a todo, como el tonto que sigue la linde aunque se acabe, uno de los argumentos más memos y repetidos contra cualquier acción exterior es que «sienta un precedente peligroso» que China o Rusia podrían utilizar en su propio beneficio. El razonamiento, aparentemente prudente; es, en realidad, equivocado y peligroso.

Ni Pekín ni Moscú actúan sometidos al ejemplo, a la legalidad internacional o a escrúpulos morales. Actúan cuando quieren, como quieren y porque pueden. Xi Jinping no necesitó ningún pretexto para advertir que Taiwán sería «reincorporada» a China, incluso por la fuerza si fuera necesario. Esa amenaza precede a cualquier acción sobre Venezuela. ¿Hace falta mayor prueba que esa para que nuestros prudentes insensatos dejen de proporcionar munición intelectual al enemigo?   

Sostener que la contención depende de una pureza formal absoluta de la norma no frena a estos regímenes; muy al contrario, les facilita el trabajo. Cuantas más voces se alcen desde el propio Occidente proclamando la «ilegalidad» de toda acción que no cuente con su beneplácito, más munición retórica se les entrega para chantajearnos moralmente, desacreditar nuestro modelo democrático liberal y justificar, con su proverbial cinismo, decisiones que ya han tomado previamente. Esa es la auténtica profecía autocumplida: no la acción, sino la autocrítica mema.

Debemos, además, cuidarnos de ciertas críticas occidentales a la intervención estadounidense porque no todas nacen del pacifismo o del respeto al derecho internacional. Algunas proceden de un ecosistema mediático donde la opacidad de los incentivos invita, como mínimo, a la sospecha.

El caso de Tucker Carlson es paradigmático. Figura influyente del espacio conservador estadounidense y occidental, su indulgencia con el régimen ruso, su crítica vehemente a Ucrania y su retrato alucinantemente idealizado de la vida en la Rusia del dictador Vladímir Putin son más que sospechosos.

Es verdad que no existen pruebas concluyentes de que Carlson estuviera haciendo lo que hace por incentivos económicos ilegítimos. Sin embargo, informes de inteligencia occidentales y diversas investigaciones judiciales en Estados Unidos y Europa han documentado estrategias sistemáticas del Kremlin para financiar, directa o indirectamente, plataformas y comunicadores occidentales, con el objetivo de amplificar relatos favorables a Moscú y desestabilizadores de Occidente. 

Carlson, por supuesto, niega categóricamente cualquier vínculo contractual con potencias extranjeras, y la ausencia de pruebas definitivas impide acusarle formalmente. Pero la sospecha razonable permanece. En el ecosistema informativo contemporáneo, el dinero de los enemigos de Occidente rara vez grita; simplemente susurra y condiciona. En efecto, no hay pruebas. Pero la intuición nos dice que Carlson no puede ser tan memo… sin un poderoso incentivo.  

Vivimos en un mundo que, bajo una apariencia de continuidad, lleva más de dos décadas en guerra soterrada. A veces ese conflicto aflora, como en Ucrania; otras, adopta formas insidiosas, como el hostigamiento constante en el mar de China o la captura silenciosa de Estados fallidos, como es el caso de Venezuela. Donde China, Rusia e Irán llevan décadas corrompiendo, haciendo negocios, robando a los venezolanos y usando ese territorio como plataforma de proyección de su influencia corruptora en Hispanoamérica. 

En ese contexto, la decisión de Donald Trump de intervenir en Venezuela puede discutirse en sus formas, en su oportunidad, en sus intereses o en su ejecución. Lo que es intelectualmente insostenible es reducir el debate a una oposición infantil entre legalidad abstracta y barbarie, ignorando deliberadamente la naturaleza del régimen sobre el que se actúa y la realidad del mundo en el que vivimos.

La soberanía no es un derecho metafísico del poder, sino una función al servicio de una comunidad política. Cuando esa función desaparece, insistir en su inviolabilidad no es prudencia ni respeto al derecho internacional. Es simple estupidez, canallada o… complicidad.