Una oportunidad para la democracia en Venezuela

Ni el fin justifica los medios, ni las leyes democráticas pueden servir para blindar tiranías. Ambas afirmaciones son compatibles, aunque a algunos les incomode sostenerlas a la vez. El Derecho, escrito con mayúscula, tiene que estar al servicio de la democracia y de las libertades del individuo, no esgrimirse como escudo jurídico para quienes han vaciado de contenido la voluntad democrática popular.

Ninguna ley que sirva de santuario para regímenes criminales merece ser obedecida. El legalismo, planteado como el cumplimiento acrítico de leyes que no sirven a las ideas de libertad, justicia y democracia, no es más que una caricatura absurda de la legalidad.

Tampoco es que se trate de una paradoja nueva. Montesquieu ya advirtió del peligro de las tiranías que se perpetúan bajo el amparo de la ley y en nombre de la justicia. Cuando la norma deja de limitar al poder y pasa a ser un instrumento a su servicio, pierde su legitimidad material, porque la ley ya no actúa como freno, sino que se convierte en coartada. Creí que era algo que habíamos aprendido con el aval del Constitucional a la abominable ley de amnistía, pero parece que no es así.

Seguramente algo influye ese antiimperialismo yanki latente en las autoproclamadas élites intelectuales españolas que todavía creen que predicar las ideas del socialismo reviste a sus opiniones de una pátina de rebeldía y superioridad moral. Los tontos útiles, como los llamaba Münzenberg, siguen ahí, tan impermeables como antaño a la realidad y a las consecuencias de lo que predican.

La soberanía pertenece al pueblo. No es un atributo del poder, sino un derecho de los ciudadanos. Cuando un régimen nace de la captura del Estado por una estructura criminal, sostenida por el narcotráfico, la corrupción sistémica, la represión y la vulneración sistemática de los derechos humanos, pierde cualquier legitimidad y debería, en consecuencia, perder cualquier armazón legal que lo proteja. En ese momento, hablar de soberanía es un fraude conceptual. Es utilizar categorías jurídicas pensadas para proteger a los pueblos como escudos al servicio de quienes los oprimen.

Porque lo cierto es que, durante más de treinta años, los mecanismos multilaterales se han mostrado incapaces de impedir, sancionar o revertir la demolición institucional de Venezuela. Se emitieron informes. Se aprobaron resoluciones. Se multiplicaron las declaraciones formales. Nada tuvo efectos reales. Nada detuvo la escalada de represión sangrienta del régimen. Esa pasividad obliga a una conclusión incómoda: un derecho internacional que no puede invocarse para socorrer a una democracia que colapsa y amparar a poblaciones sometidas, pero sí para blindar a gobernantes sanguinarios ilegítimos, es un derecho que no funciona, porque acaba sirviendo —por acción u omisión— al abuso que afirma combatir.

Y cuando el derecho deja de cumplir su función esencial, que no es otra que limitar al poder y proteger a los pueblos frente al abuso, el vacío no desaparece. Se llena. Lo ocupan otros actores, con otros instrumentos y con una lógica distinta. La historia no se detiene mientras juristas, moralistas y opinadores debaten en abstracto sobre principios, ideales y ficciones que nadie está dispuesto a hacer cumplir.

Ese es el contexto en el que hay que situar cualquier escenario de transición en Venezuela: no en el de la utopía democrática, sino en el de la correlación real de fuerzas. Un país con cerca de doscientos mil militares y decenas de miles de paramilitares fieles al régimen, con todas las instituciones colonizadas desde hace veinticinco años por el chavismo y una oposición desarmada, fragmentada y perseguida, no puede transitar hacia la democracia por generación espontánea.

Sin garantías externas, sin un marco de seguridad y sin incentivos claros para quienes hoy sostienen el régimen, la alternativa no es una transición limpia: es el conflicto civil, un derramamiento de sangre. Y eso es algo que sabe y no va a permitir Marco Rubio, el secretario de Estado de EEUU y hombre providencial tras toda la operación que ha culminado con la detención y exfiltración del tirano Maduro. Rubio sabe que la liberación de Venezuela va acompañada del debilitamiento de los enemigos de Occidente que la han parasitado: Rusia, Irán, China y, en especial, Cuba. La caída del chavismo provocará una especie de efecto dominó.

Sin embargo, esa realidad parece invisible para muchos comentaristas que, desde la comodidad de sus salones, exigen pureza moral inmediata y cumplimiento escrupuloso del «deber ser». Como si reconocer a Edmundo González como presidente y convocar elecciones bastara por sí solo para desmontar una maquinaria represiva construida durante décadas. Como si los regímenes criminales se disolvieran ante comunicados solemnes y apelaciones retóricas a la legalidad internacional. He sentido y siento vergüenza ante este infantilismo de mis compatriotas y vecinos europeos, tan definitorio de lo que somos y hacia dónde vamos.

Lo cierto es que las transiciones exitosas, las que terminan con dictaduras y abren espacios de libertad, rara vez responden a esquemas moralmente satisfactorios. Implican pactos incómodos. Cesiones repugnantes. Amnistías parciales. Impunidad negociada con quienes conocen y manejan los resortes del régimen. La alternativa no era la justicia perfecta, sino la perpetuación del horror o la guerra. Parece mentira que haya que explicarlo en un país cuya modélica transición se hizo anteponiendo la realidad al quijotismo.

Primar la materialización inmediata de un ideal normativo a la posibilidad efectiva de liberar a millones de personas no es una postura ética elevada: es una forma refinada de irresponsabilidad. El derecho, cuando se divorcia por completo de la realidad, no coloca a nadie en los altares de la moral, sino en los del cinismo. Y quienes hoy claman contra cualquier fórmula de transición que no satisfaga su conciencia impoluta deberían explicar qué solución concreta proponen para evitar el baño de sangre que precedería a la proclamación de un presidente al que no están dispuestas a obedecer las estructuras militares, administrativas y judiciales del país, todavía leales al dictador detenido.

Desde esa premisa, resulta difícil no señalar la hipocresía del debate español. Los analistas políticos de este país no están precisamente en condiciones de impartir lecciones de exquisitez democrática a nadie. No cuando llevamos años normalizando pactos de gobernabilidad con golpistas y terroristas, indultos y derogaciones de delitos negociados a cambio de poder, amnistías redactadas ad hoc para borrar crímenes y un proceso sostenido de colonización institucional que muchos prefirieron no ver, o mirar hacia otro lado. No hemos sido capaces ni siquiera de detectar a tiempo a un trilero oportunista sin escrúpulos que, en apenas siete años, ha puesto buena parte de las instituciones del Estado a su servicio. Y, aun así, desde tertulias, columnas y cátedras se pontifica sobre cómo deben actuar otros países ante sus dictaduras. La escena, vista desde fuera, es dantesca.

Un país que ha aceptado sin demasiada resistencia que la ley se utilice como herramienta de impunidad interna no puede presentarse ahora como árbitro moral internacional ni del respeto al Estado de Derecho en Venezuela. Un poquito de humildad y de sentido del ridículo, señores.

A esa impostura moral se suma, además, una política exterior abiertamente irresponsable. En lugar de coordinar una posición común con nuestros aliados naturales y aprovechar la influencia histórica de España en Hispanoamérica, Sánchez ha optado por alinearse con la izquierda más sectaria del planeta. Por motivos que cada día que pasa son más evidentes, Pedro ha decidido orbitar alrededor de regímenes y gobiernos donde el narcotráfico, la corrupción y el autoritarismo conforman el sistema. No es una postura valiente ni soberana; es una decisión peligrosa que lleva a nuestro país a asumir riesgos que no está en condiciones de gestionar.

Conviene decirlo con claridad para evitar equívocos interesados. Esto no va de elegir entre Trump y Maduro, como pretenden los guardianes de una equidistancia tan cómoda como estéril. Tampoco va de simpatías personales ni de alineamientos estéticos. Va de algo mucho más elemental. Va de decidir si se está del lado de la libertad de un pueblo sometido o del de su represión por un régimen narcoterrorista que se sostiene a base de violencia, miedo e impunidad. Todo lo demás es ruido. Y ese ruido, en este caso, solo sirve para prolongar el sufrimiento de los venezolanos y tranquilizar conciencias que prefieren no asumir las consecuencias reales de sus propias posiciones.