The Objective
Francisco Sierra

Una foto indigna en la Moncloa

«Sánchez sigue en la Moncloa. No gobierna, pero lo intenta todo. Incluso hacerse fotos y negociar con delincuentes condenados e inhabilitados»

Opinión
Una foto indigna en la Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al líder de ERC, Oriol Junqueras. | Borja Sánchez-Trillo (EFE)

Oriol Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición con malversación agravada, siendo exvicepresidente de la Generalitat. Se llevó la pena más alta entre los encausados por su probado liderazgo en la planificación y ejecución del proceso que llevó al referéndum del 1-O y a la declaración unilateral de independencia que casi rompe a España. Luego fue indultado y amnistiado por Sánchez. No del todo: el Supremo le mantiene la inhabilitación para cargos públicos hasta 2031.

Este, por tanto, delincuente condenado y todavía inhabilitado, ha sido hoy recibido entre sonrisas y apretones de manos por el presidente del Gobierno de España, la nación de la que se quiso escindir. Sánchez ha concedido a ERC el privilegio de ser la primera fuerza con la que negociar la financiación autonómica, que afecta a todos los ciudadanos de España, excepto a las privilegiadas País Vasco y Navarra.

Sánchez ha habilitado con la foto en la Moncloa a un delincuente inhabilitado. Solo le falta ya la foto con Puigdemont, el prófugo de Waterloo, para saltarse todas las líneas rojas de la dignidad política con tal de mendigar apoyos en el Congreso. Y la hará. Si le hace falta, pronto le veremos de risas en una foto con Puigdemont.

La foto con Junqueras buscaba sobre todo el apoyo de ERC a los «presuntos» Presupuestos Generales que «presuntamente» llevan meses trabajando duramente —hasta «sudando la camiseta», en expresión repetida por todos los ministros— y que «presuntamente» creen que pueden sacar adelante, aunque no enseñen pruebas de vida de su existencia. Pues bien, pese al regalo de cinco mil millones, Sánchez no lo ha conseguido. Exige Junqueras el cumplimiento de todos los acuerdos firmados, que incluían la recaudación total del IRPF por la propia Generalitat de Cataluña. Junqueras no miente: a él solo le interesa Cataluña y negocia solo por Cataluña. Son 4.700 millones de euros más que se lleva Cataluña. Pero también firmó y quiere la recaudación total del IRPF y una Agencia Tributaria propia.

Dice Junqueras que, con este acuerdo, no solo gana Cataluña, sino «que todo el mundo gana». Nadie sabe las condiciones reales del acuerdo, nadie ha podido negociar. Durante años el Gobierno, especialmente la vicepresidenta de Hacienda, se negó a una financiación singular. Pero, como todo en la época de Sánchez, ese discurso duró lo que dura la necesidad de una votación. Han pactado a espaldas de catorce comunidades autónomas. Ahora, Junqueras, el delincuente condenado e inhabilitado, se permite dar consejos al resto de comunidades que no han podido negociar ni un solo punto.

En esta reunión en la Moncloa se ha conseguido un nuevo hito en el ideario progresista y socialista tanto de ERC como de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar. Primará el principio de ordinalidad. Eso significa que se mantiene el orden entre las comunidades que aportan y las que reciben. Solidaridad pura, al estilo «sanchista». Un estilo que se resume en que todos son iguales, menos los que tienen votos para Sánchez, que, como diría Orwell, «son más iguales que los otros».

¿Solidaridad? ¿Para qué? ¿Qué fue de aquello de la distribución social de la riqueza? Con Sánchez y Junqueras se acabó. El que más aporta, más recibe. Aunque tampoco podemos estar del todo seguros. Además de este principio de acuerdo de financiación singular para Cataluña, hay muchos otros mecanismos con los que el sanchismo ha privilegiado a sus socios independentistas y, por defecto, al PSC de Salvador Illa. Si se cumpliera de verdad el principio de ordinalidad, la Comunidad de Madrid debería ser la que más recibiera, dado que es la que más aporta. Muchos temen que Sánchez no permita que su odiada Ayuso tenga la misma libertad para gastar e intente introducir coeficientes correctores ideológicos que limiten ese principio, especialmente para Madrid.

Los privilegios reales son para Cataluña. No hay acuerdo sobre criterios básicos como extensión, población, dispersión, insularidad, etc. No se han negociado porque solo se ha buscado el acuerdo con Junqueras y ERC. El resto son remiendos para disimular.

Esta estrategia de Sánchez puede ser muy, muy peligrosa para los candidatos socialistas autonómicos. Da grima escuchar a Pilar Alegría, ex portavoz del Gobierno y ahora candidata socialista en Aragón, decir que defenderá «con uñas y dientes» que Aragón sea «respetada» en la reforma de la financiación autonómica. Un papelón cuando tenga que explicar a los votantes aragoneses una financiación que privilegia a Cataluña en detrimento del resto. Peor lo tendrá aún María Jesús Montero. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda será en mayo la candidata socialista en Andalucía. Ella es la responsable directa de esta ley de financiación. Veremos cómo explica a los votantes andaluces los privilegios a Cataluña. Aunque intente negarlos, su hemeroteca no miente.

Lo ha dicho tantas veces que hay que admirar su capacidad para hacernos creer que no lo dijo o que, cuando lo dijo, significaba lo contrario. Puede que decida no hablar del tema. Tiene un buen maestro. Han pasado casi tres semanas y su jefe, Pedro Sánchez, sigue sin manifestarse por el batacazo socialista en las elecciones de Extremadura. Ni una palabra.

Mientras tanto, Sánchez sigue sin mayoría para aprobar leyes, sin mayoría para aprobar Presupuestos Generales y sin mayoría incluso para esos nuevos señuelos de distracción: el envío de tropas españolas a Ucrania si hay un improbable alto el fuego, o tropas españolas de paz en Palestina dentro de un plan que nadie conoce y quizá ni él mismo conozca.

Sánchez sigue en la Moncloa. No gobierna, pero lo intenta todo. Incluso hacerse fotos y negociar con delincuentes condenados e inhabilitados en la misma Moncloa.

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