Dónde buscar el socialismo bueno

El Gobierno ha pactado un trato fiscal singular para Cataluña. Podría parecer un episodio más del inacabable debate autonómico. No lo es, porque altera una regla que hasta ahora se había considerado general. 

El acuerdo revela así un rasgo decisivo del modo de gobernar actual: la ley deja de actuar como marco que disciplina el poder y pasa a utilizarse como recurso político. Cuando sirve, se estira; cuando estorba, se reescribe. En parlamentos fragmentados y gobiernos en minoría, esa lógica se traduce en una regla práctica: maximizar apoyos parlamentarios y minimizar el coste político de respetar reglas generales. 

El límite al que me refiero no es una cláusula concreta ni un formalismo jurídico, sino la disposición de los gobiernos a sacrificar una norma general —en este caso, la igualdad entre ciudadanos— para asegurar apoyos políticos que les permitan seguir en el poder. Un límite obliga precisamente cuando estorba; si solo rige cuando conviene, deja de ser límite y se convierte en propaganda.

Este modo de gobernar debería inquietar tanto a quienes confían en dirigir o rescatar al PSOE sin cuestionar su apego al poder como a quienes, desde el centroderecha, aspiran a relevarlo —o incluso a gobernar en coalición— sin heredar sus hábitos. Ambos comparten una expectativa cómoda: creer que puede existir un «socialismo bueno» sin pagar el coste político que ello exige.

Quienes buscan ese «socialismo bueno» no están pensando tanto en políticas concretas como en una ilusión más cómoda: la de que es posible respetar los límites sin asumir su coste político. Esa expectativa seduce porque promete una salida sin conflicto: hace creer que el problema está en las personas y no en las reglas, y que basta con cambiar dirigentes para evitar decisiones costosas. Es una esperanza comprensible, pero engañosa. Porque desplaza la cuestión decisiva: no quién gobierna, sino qué reglas está dispuesto a mantener cuando respetarlas pone en riesgo el poder.

Esa esperanza adopta formas reconocibles. Se invoca un socialismo nórdico que terminó aceptando límites duros tras correcciones fiscales y reformas institucionales, y que descansa en contrapesos reales —también económicos— y en una ciudadanía exigente. En la práctica, sin embargo, el patrón dominante ha sido otro: un socialismo mediterráneo, mucho más familiar, proclive a extender el control público y a estirar las reglas en nombre de buenas intenciones. Como deriva previsible, emergen prácticas de excepción que tratan los límites como obstáculos a gestionar cuando bloquean el poder. A España le gusta verse reflejada en el primero, pero ha vivido —y vive— en el segundo y, cuando la aritmética parlamentaria lo incentiva, recurre a esas prácticas de excepción.

Por la misma lógica de aplazar costes, aparece una cuarta variante, muy europea: el «socialismo de gestión». Lo practica una derecha que no pretende expandir el Estado, pero tampoco se atreve a limitarlo ni a reducirlo. Administra crisis que no quiere afrontar en su raíz. Se presenta como realismo; pero, en la práctica, solo alarga la vida de sistemas inviables.

El patrón, por tanto, no es exclusivo del PSOE. El centroderecha español también aceptó excepciones cuando gobernó con apoyos nacionalistas. Y, cuando obtuvo mayorías suficientes, en lo esencial tampoco revirtió la colonización institucional ni asumió el coste político de frenar o racionalizar la expansión del estado del bienestar haciendo visible su precio. Prefirió conservar apoyos a corto plazo y posponer decisiones impopulares. En este contexto, la gran pregunta sobre el resto de fuerzas de la derecha es si están dispuestas o no a hacer efectivos los límites cuando llegue el momento de decidir y el coste político sea ineludible, o si se limitarán a denunciarlos mientras ese momento no llegue.

Ese patrón tampoco es coyuntural; se remonta muy atrás. El franquismo había creado una Seguridad Social expansiva y financieramente insostenible, junto a un régimen laboral rígido; la Transición consolidó gran parte de ese armazón y revisó poco sus pilares económicos. 

«Ese estado del bienestar se apoyó en una estructura fiscal opaca, configurada de modo que el ciudadano percibe mucho mejor el beneficio que el impuesto que lo financia»

El felipismo heredó así un Estado ya muy reglamentista y, en términos generales, optó por ampliarlo sin redefinir límites fiscales, institucionales ni políticos: más derechos, más gasto y más intervención, sin aclarar quién pagaría la cuenta ni qué contrapesos debían preservarse.

Además, ese estado del bienestar se apoyó en una estructura fiscal opaca, configurada de modo que el ciudadano percibe mucho mejor el beneficio que el impuesto que lo financia. Cuando el coste se vuelve invisible, la demanda de expansión tiende a ser inagotable.

A partir de ahí, muchas reglas dejaron de operar como límites efectivos y pasaron a tratarse como variables ajustables. Cuando el gobernante cree tener razón —o necesita sostener su coalición—, el límite se negocia y se reinterpreta. Ese hábito encuentra apoyo social porque encaja con un idealismo legislativo arraigado: la creencia de que la ley puede moldear la realidad sin fricción y de que los contrapesos estorban al ejercicio de la voluntad política.

Esta práctica se observa con claridad en el acuerdo sobre la financiación catalana, que presenta como equitativo lo que es, en realidad, un trato privilegiado. El pacto no deroga formalmente la regla común; la desnaturaliza ad hoc, sustituyendo criterios generales por un acuerdo bilateral opaco. El resultado no es solo un reparto distinto: la igualdad deja de ser un límite previo y pasa a ser una variable de negociación.

Además, el pacto traspasa los límites ideológicos del propio PSOE. Rompe con la cohesión territorial, con la solidaridad interterritorial y con la defensa del régimen común de financiación que el partido había proclamado durante décadas. El PSOE nació para universalizar derechos, no para bilateralizarlos. No es solo un problema constitucional; es una renuncia programática. Y muestra qué ocurre cuando los límites dejan de ser innegociables.

El «socialismo bueno» solo puede buscarse entre quienes se comprometen a poner en pie mecanismos capaces de asegurar que los límites se respetan incluso cuando hacerlo tiene un coste político real. Ese compromiso no incumbe solo a los partidos, sino —quizá sobre todo— a los ciudadanos. Sin una demanda social en ese sentido, no es solo ingenuo, sino incoherente, esperar que la política lo resuelva por sí sola.