La vivienda o el maná

Pedro Sánchez prometió 183.000 viviendas públicas en la campaña previa a las elecciones legislativas de 2023. Dos años y nueve meses después se han entregado 350, el 0,19% de las que había prometido. Ayer asistió a la demolición de los primeros edificios de los antiguos cuarteles de Campamento, donde anunció que se van a construir 10.700 viviendas. No era más que un acto electoral al que acudió acompañado por la ministra de Vivienda, el delegado del Gobierno en Madrid, el triministro Félix Bolaños y el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid y próxima víctima de Isabel Díaz Ayuso, Óscar López Águeda. No invitó al acto a la presidencia de la Comunidad, ni al alcalde de Madrid.

Él ya había arrancado 2025 con un foro específico en el que explicó su intención de hacer de la vivienda «el quinto pilar del Estado del bienestar». Allí compareció con sus dos vicepresidentas y nueve ministros del más variado pelaje y condición, y anunció la adopción de 12 medidas nuevas y contundentes. Algunas de ellas ha vuelto a prometerlas al cumplirse un año justo de aquella comparecencia. No han sido tantas medidas esta vez; solo tres comprendidas en un real decreto. Medidas urgentes para reforzar la intervención en el mercado del alquiler, políticas contra el fraude y los abusos e incentivo del 100% de IRPF para los propietarios que mantengan sus alquileres estables y frenar el abuso del alquiler por habitaciones.

No hay por qué extrañarse de que haya mantenido esta comparecencia al margen de las autoridades madrileñas. Sus propios socios de Gobierno, a los que habría que llamar cómplices, se han enterado por la prensa.

Pedro Sánchez cursó la carrera de Ciencias Económicas, aunque fue en una de esas Universidades privadas a las que tanto desprecia y en la que le plagiaron una parte sustancial de su tesis doctoral. Con todo, y a pesar del plagio, es muy notable el hecho de que aún no se haya enterado de algo que en el plan de carrera que uno estudió se aprendía en Teoría Económica de primer curso: la ley de la oferta y la demanda, y el hecho de que el mercado es el más eficiente asignador de recursos. Claro que sus cómplices son aún más tontos, como demuestran por la fobia que despliegan contra los arrendatarios, los propietarios de las viviendas. El ministro Bustinduy, pongamos por caso, ya se opuso hace un año y ha vuelto a oponerse ahora.

Nuestra izquierda, pese a ser laica, sí cree en la existencia del pecado, a saber, el ánimo de lucro que extiende su manto oscuro sobre el modo de producción capitalista. «La vivienda es un derecho, no un negocio», dicen y repiten como loros las Irenes y Yolandas de uno y otro signo. Y claro que la vivienda es un negocio. Si no lo fuera, ¿quién iba a construir casas, quién iba a ser arquitecto, albañil o carpintero? Como lo son la sanidad, la educación, la alimentación y todos los servicios públicos que se pueden comprar. Si no fuesen negocio desaparecerían.

«La solución es construir y dotar de seguridad jurídica en el sector. Si se quiere favorecer el alquiler no se puede proteger a los okupas»

Las viviendas son caras porque la oferta es escasa y la demanda es mucha. Tratar de contener los precios por vía administrativa es poner puertas al campo. El mercado es inapelable y lo traduce en forma de escasez y encarecimiento. Inevitablemente. La solución es construir y dotar de seguridad jurídica en el sector. Si se quiere favorecer el alquiler no se puede proteger a los okupas.

Conozco el caso de una persona allegada, una mujer jubilada que puso en alquiler el piso que había heredado de sus padres para estirar su pensión. Se lo alquiló a un fulano que al cabo de unos cuantos meses dejó de pagar el alquiler y subarrendó las tres habitaciones a otras tantas personas, mientras él, un tipo que tiene trabajo, se mudó a vivir a otra parte.

Ha tardado un año en recuperar la propiedad de su vivienda. Dos de los tres inquilinos la abandonaron ante la posibilidad de un lanzamiento. El tercero, casado y con una hija, se declaró vulnerable y solo aceptó marcharse con un compromiso de la propietaria de alquilarle la vivienda cuando estuviera libre, aceptando pagar una fianza. Al visitar el piso se lo ha encontrado con destrozos importantes. El contrato que firmó con su inquiokupa especificaba que éste no podía realquilar habitaciones, la deuda que tiene con la propietaria es de 15.000 euros, pero no tiene esperanza alguna de cobrar la deuda ni de ser indemnizada, ni el tipo va a ser juzgado por estafa, algo que debería ser de oficio. Ella tendría que volver a contratar a un abogado para reclamar la ejecución de la sentencia. Fin. O sea, «el problema de la ocupación es un invento de la derecha», que dijo ese subproducto de Sánchez llamado Irene Montero Gil.