El Consejo de Política Fiscal y las lentejas catalanas de Montero

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles no ha sido un órgano de coordinación, ni de diálogo, ni de consenso. Ha sido, sencillamente, la coartada institucional para dar apariencia de legalidad y multilateralidad a un acuerdo previamente cerrado entre el Gobierno y ERC. Un acuerdo aberrante desde el punto de vista económico, profundamente lesivo desde el punto de vista institucional y claramente discriminatorio para el conjunto de las comunidades autónomas.

El sistema de financiación autonómica tratado en el CPFF no nace del debate ni de la negociación entre iguales. Nace de una imposición. El Gobierno acudió al Consejo no a escuchar, sino a ejecutar. No llevó una propuesta abierta a discusión, sino una propuesta cerrada, inamovible, pactada al margen del órgano que, en teoría, debería haber sido el espacio natural para su elaboración. No se ha votado nada, ni tampoco se cuenta con una propuesta de articulado de anteproyecto de ley, sino que la ministra ha expuesto la mercancía fabricada por Junqueras en su siniestro y aberrante pacto con Sánchez, que, además, ha vendido como si fuese un plato de lentejas, en el sentido coloquial que se le da al mismo con «si quieres las comes y, si no, las dejas», al decir, con cierta soberbia y arrogancia, que es voluntario.

La ministra, con ello, juega con tentar a las comunidades autónomas con esos 21.000 millones más a repartir, que no verían de renunciar al nuevo modelo, pero es un caramelo envenenado. Para empezar, si las comunidades necesitasen más fondos, sería porque sus competencias serían mayores que las que son financiadas. Eso querría decir que la Administración General del Estado tiene un exceso de financiación para las competencias que mantiene. Esto es cierto, pues la distribución vertical es desigual y la asignación de financiación está mal calculada, pero, en primer lugar, Sánchez y Montero no van a renunciar a la parte que le den de más a las comunidades de salir adelante el modelo, sino que se incrementaría el ya de por sí elevado gasto público. En segundo lugar, no se puede imponer este sistema diseñado por los independentistas catalanes, pues su elaboración debe partir de las propuestas que los grupos de trabajo del CPFF eleven al plenario del mismo.

La historia se repite y si en 2009 el sistema lo diseñó el consejero Castells y recibió el visto bueno previo de ERC, ahora han sido directamente los independentistas catalanes los que han dictado al Gobierno cómo debe ser el nuevo modelo, con el propósito de llegar, a no mucho tardar, al conocido como cupo catalán, siendo este paso un estadio intermedio en su insolidaridad que no persigue la ordinalidad —que técnicamente es razonable o, al menos, que todos los ciudadanos reciban la misma financiación per cápita los mismos servicios esenciales— sino la avaricia de quedarse con todo quebrando la solidaridad interregional. Lo revisten de ordinalidad, pero la ordinalidad no es eso. El sistema de Junqueras —en feliz expresión de la Comunidad de Madrid— y servido por Montero, sus lentejas independentistas catalanas buscan quedarse con todo lo allí recaudado sin importarle el resto de españoles. A ERC no le importa España como para importarle el resto de españoles.

El resultado es un esperpento institucional que degrada el papel del CPFF y confirma una deriva preocupante: las grandes decisiones de política económica ya no se toman en los foros previstos, sino en mesas bilaterales condicionadas por la aritmética parlamentaria. El interés general queda supeditado al interés de supervivencia política del Ejecutivo.

«El nuevo sistema penaliza explícitamente a las comunidades que han optado por políticas fiscales responsables»

El acuerdo aprobado tiene un beneficiario claro: Cataluña. Y tiene también damnificados evidentes: el resto de comunidades autónomas. Bajo el disfraz técnico de un nuevo modelo de financiación se esconde una cesión política sin precedentes, diseñada para satisfacer las exigencias de ERC a cambio de su apoyo parlamentario. No se trata de mejorar el sistema en su conjunto, sino de adaptarlo a las demandas de una sola comunidad. 

Se vacía de contenido la solidaridad interterritorial, que deja de ser un principio estructural del sistema, para primar el egoísmo independentista, que se premia a cambio de los votos necesarios para sostener al gobierno del presidente Sánchez. Adicionalmente, el nuevo sistema penaliza explícitamente a las comunidades que han optado por políticas fiscales responsables, especialmente aquellas que han reducido impuestos para atraer inversión, generar actividad económica y ampliar bases imponibles. En lugar de reconocer los efectos positivos de la competencia fiscal, el Gobierno decide castigarla.

Se introduce así una visión profundamente distorsionada de la autonomía financiera. Las comunidades autónomas ya no pueden decidir su política fiscal sin ser señaladas y penalizadas. Bajar impuestos se convierte en una conducta sospechosa. Gestionar con eficiencia, en una anomalía a corregir. Mientras tanto, el gasto elevado y la confiscación tributaria creciente quedan blanqueados si encajan en el relato político adecuado.

Este enfoque no solo es injusto, sino económicamente contraproducente. Desincentiva el crecimiento, penaliza la responsabilidad y fomenta la homogeneización al alza de los impuestos. Todo ello en un contexto de elevada deuda pública, presión inflacionista acumulada y pérdida de competitividad.

«Es un trágala, una imposición a todos de lo que beneficia a los independentistas catalanes a costa del conjunto de españoles»

El CPFF, lejos de actuar como contrapeso o espacio de racionalidad, ha sido reducido a una mera escenografía. Un órgano que debería coordinar y equilibrar se limita ahora a certificar decisiones ajenas. Todo estaba pactado entre el Gobierno, los independentistas catalanes y Cataluña. El resto de comunidades autónomas acudieron sabiendo que su voto era irrelevante, que sus argumentos no serían tenidos en cuenta y que el desenlace estaba decidido de antemano. Es un trágala, una imposición a todos de lo que beneficia a los independentistas catalanes a costa del conjunto de españoles, sí, también de los de Cataluña, pues el esfuerzo que tendrá que hacer la Administración General del Estado con la aportación de recursos adicionales también lo pagarán ellos vía impuestos y deuda, es decir, impuestos diferidos en este último caso.

Este vaciamiento institucional tiene consecuencias graves. Cuando los órganos multilaterales se convierten en trámites, se rompe la confianza entre administraciones y se erosiona la arquitectura del Estado autonómico. Se envía además un mensaje peligroso: quien tenga capacidad de presión política bilateral, obtendrá privilegios; quien actúe dentro de las reglas, asumirá los costes.

El acuerdo aprobado no refuerza la cohesión territorial, la debilita. No mejora la financiación autonómica, la fragmenta. No introduce equidad, sino agravios comparativos. Y no responde a criterios técnicos, sino a necesidades políticas de corto plazo.

El Gobierno ha optado por un pacto con ERC que sacrifica principios básicos del sistema fiscal español: igualdad, solidaridad y corresponsabilidad. Lo ha hecho utilizando el CPFF como simple decorado, vaciándolo de contenido y degradando su función.

«Serán los ciudadanos de las comunidades perjudicadas quienes paguen las lentejas de Junqueras servidas por Montero»

Cuando la política fiscal se convierte en moneda de cambio parlamentaria, y los órganos de coordinación en escenarios de representación, el resultado no puede ser otro que un sistema más injusto, más ineficiente y más frágil. Y, como siempre, serán los ciudadanos de las comunidades perjudicadas quienes terminen pagando las consecuencias de este despropósito, quienes paguen las lentejas de Junqueras servidas por Montero, con Sánchez como gran responsable final de la quiebra de la solidaridad interregional y de la creación de castas de ciudadanos: los de las forales -aunque esté amparado en la DA Primera de la constitución y haya que catarlo, es una injusticia-; los independentistas catalanes, que aspiran a alcanzar el cupo después de este modelo propuesto, cuando avancen un poco más; y el resto de españoles, en el que unos pagarán más, como Madrid, y otros recibirán menos en proporción a Cataluña, como las regiones menos fuertes económicamente, todo ello para que el presidente Sánchez compre tiempo de permanencia en el Gobierno a cambio de los votos de quienes quieren destruir España y a costa de la financiación de la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales de Extremadura, Galicia, Castilla y León o Aragón, por poner unos ejemplos, y de tratar de confiscar más a los madrileños, para que los independentistas catalanes consigan su propósito insolidario. 

Parece difícil que pueda llegar a aprobarse en el Congreso la ley que lo reformaría, pero el mero procedimiento, la arrogancia y la imposición a cambio de votos es intolerable y aberrante y debería ser castigado con dureza por los ciudadanos en cada convocatoria electoral, empezando por el castigo a Alegría en Aragón, siguiendo por el castigo a Montero en Andalucía y al PSOE en Castilla y León, y terminando por el castigo al propio Sánchez en las generales.