Julio Iglesias, al paredón

España es un país extraño. No tenemos paciencia para la justicia, pero somos campeones en dictar sentencias. Y cuanto más famoso es el acusado, menos tiempo necesita el veredicto. A Julio Iglesias le bastaron unas horas. Ayer cantante. Hoy, para algunos, ya culpable. El proceso judicial puede esperar, el paredón no.

Las denuncias existen y deben investigarse. Eso no se discute. Lo que sí merece discusión es el entusiasmo con el que una parte del ecosistema político y mediático ha convertido una denuncia en un espectáculo moral. Testimonios explícitos, tertulias en tromba, ministros opinando como si fueran jueces suplentes. El viejo circo romano, pero con grafismo moderno y discurso de género.

Aquí no hay prudencia ni respeto a los tiempos. Hay prisa. Prisa por cancelar. Prisa por quemar en la hoguera. Porque Julio Iglesias no es solo un cantante: es una anomalía para la izquierda woke. Un hombre de éxito sin tutela pública. Un artista que ha llenado estadios sin pasar por ningún Ministerio. Un español universal que nunca pidió perdón por serlo. Y eso, en el ambiente sanchista, es imperdonable.

Julio encarna justo lo que incomoda: el triunfo individual, la carrera larga, la fama global sin carnet ideológico. Como Amancio Ortega o Juan Roig, pertenece a esa categoría de personas que generan riqueza, prestigio o influencia sin someterse al ritual progre. No forman parte del rebaño sanchista. Y el rebaño siempre embiste al que camina solo.

Las denuncias de agresión sexual se refieren, además, a hechos supuestamente ocurridos en 2021. Conviene no perder ese dato entre tanto ruido. Hablamos de un hombre con sesenta años de carrera profesional, retirado de los escenarios y con problemas físicos evidentes. Basta recordar aquella imagen en una playa en 2020, donde apenas podía caminar sin ayuda. No prueba nada, pero obliga a pensar. Y pensar, hoy, ya es sospechoso.

Hay además una pregunta incómoda que nadie en el coro de indignados parece quererse formular: ¿por qué estos hechos no se denunciaron en el lugar donde supuestamente ocurrieron? ¿Por qué se acude ahora a la Audiencia Nacional nada menos que para juzgar a un ciudadano español por unos hechos presuntamente cometidos fuera del territorio nacional, con denunciantes que no son españolas? No es una cuestión secundaria ni un tecnicismo jurídico: es el corazón del asunto. El derecho penal no funciona por afinidades ideológicas ni por nacionalidades del acusado, sino por criterios claros de competencia.

«Julio encarna lo que incomoda a parte de la izquierda: el triunfo individual, la carrera larga, la fama global sin carnet ideológico»

Conviene recordarlo. La Audiencia Nacional no está para instruir macrocausas simbólicas ni para servir de escenario a batallas culturales. No es un tribunal moral universal ni una hoguera para personajes incómodos. Forzar el derecho para que encaje en un relato político no fortalece la justicia; la deforma.

Todo esto se envuelve, cómo no, en una retórica supuestamente feminista que confunde la defensa de los derechos de las mujeres con el linchamiento preventivo del señalado. No se trata tanto de proteger a las víctimas como de señalar al culpable adecuado. Y Julio Iglesias lo es por razones que van mucho más allá de estas denuncias concretas. Porque Julio no solo es un nombre propio: es un símbolo. El del español que ha recorrido el mundo sin complejos, el que —como en su canción de Quijote— siempre presume «de ser español donde va», sin manual de estilo ni permiso ideológico, y cuya trayectoria ofrece hoy muchos más motivos objetivos para el aplauso que para la lapidación que pretenden algunos desde la izquierda.

Esta pulsión canceladora recuerda demasiado a viejas prácticas totalitarias. Como hacía Stalin, que tras deportar a Siberia a los condenados borraba sus rostros de las fotos de grupo, hoy se pretende eliminar a los incómodos para el sanchismo. No basta con juzgar: hay que reescribir la historia, fingir que nunca existieron, convertir su legado en un error moral.

Yo no sé si Julio Iglesias es inocente o culpable de estas acusaciones. No lo sé, ni tengo por qué saberlo. Lo que sí sé es que el qué se dice, dónde se dice y cuándo se dice resulta confuso, y esa confusión introduce una duda razonable que exige prudencia. Julio Iglesias tiene derecho a la presunción de inocencia, no como privilegio de famoso, sino como garantía básica de cualquier ciudadano.

La justicia debe investigar, valorar pruebas y decidir. Lo que no puede hacerse es sustituir a los jueces por tertulianos ni convertir la presunción de inocencia en una antigualla reaccionaria. Porque cuando la justicia se convierte en un trending topic, el problema ya no es el acusado. Es el país. Un país que empieza a creer que la verdad se vota, que la culpa se decide por aclamación y que la ley estorba cuando no sirve para cancelar a tiempo. Y por eso termino esta columna recordando una letra que quizá resuene en quien lea estas líneas: «Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. Peldaño que vas subiendo, peldaño que hay que pagar».