Un año movidito para Pedro Sánchez
«Para cualquiera que observe los hechos sin anteojeras, 2026 es el año en que la realidad judicial comienza a alcanzar al vértice del poder»
Ilustración de Alejandra Svriz.
2026 arranca como el año más complicado, judicial y políticamente, para Pedro Sánchez y el núcleo duro del PSOE. Lo que durante años se despachó como «bulos», «fango» o conspiraciones de la derecha empieza a adquirir la forma concreta de autos judiciales, prisiones preventivas, prórrogas de investigación y juicios con fecha. No se trata de un episodio aislado ni de un error puntual: es un patrón.
El entorno político y familiar del presidente se encuentra cercado por una acumulación de causas sin precedentes en democracia. Más de treinta personas vinculadas al PSOE —exministros, asesores, cargos orgánicos y familiares— están imputadas, procesadas o bajo investigación judicial. La oposición habla ya abiertamente de corrupción sistémica. El Gobierno responde con una palabra comodín: lawfare. Pero la realidad judicial es más persistente que cualquier relato.
El caso Koldo constituye el epicentro del terremoto. José Luis Ábalos, exministro y figura clave del sanchismo, y Koldo García permanecen en prisión preventiva desde noviembre de 2025. La Fiscalía solicita penas que suman varias décadas de cárcel por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación vinculadas a contratos de mascarillas y mordidas en obra pública. El Tribunal Supremo revisa periódicamente la medida cautelar por riesgo extremo de fuga. Esto ya no puede calificarse como un simple «error administrativo».
El hermano del presidente, David Sánchez, irá a juicio por una contratación diseñada a medida en la Diputación de Badajoz, con un puesto creado ad hoc. Las acusaciones populares solicitan penas de prisión. La Fiscalía pide la absolución. Cada cual puede extraer sus propias conclusiones.
La esposa del presidente, Begoña Gómez, continúa imputada. La instrucción se ha prorrogado hasta abril de 2026 y apunta a delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Están pendientes informes clave de la UCO sobre convenios universitarios, reuniones con grandes empresas y el uso de recursos financiados con dinero público. El juicio oral ya no es una hipótesis remota.
El ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, está procesado por el Supremo como pieza central de una red de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas. Pasó por prisión provisional y quedó en libertad por motivos técnicos, no por falta de indicios, que se han visto reforzados por nuevos informes policiales. A ello se suma el caso de Leire Díez, la llamada «fontanera» del partido, detenida e investigada en la Audiencia Nacional por presuntos sobornos, amenazas y tráfico de influencias en operaciones millonarias que alcanzan incluso a la SEPI.
En paralelo, la Audiencia Nacional investiga una posible financiación irregular del PSOE, con pagos en metálico que rozarían el millón de euros entre 2017 y 2024. De confirmarse desvíos, la causa podría derivar en delitos de blanqueo o caja b. Son demasiadas coincidencias para seguir sosteniendo la tesis de una persecución política.
Las ramificaciones internacionales tampoco ayudan al relato oficial. Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, se han abierto diligencias contra José Luis Rodríguez Zapatero por su papel como intermediario del régimen venezolano. Surgen acusaciones de colaboración con organización criminal, blanqueo y enriquecimiento opaco. De fondo, comienza a perfilarse una conexión incómoda entre Maduro, Zapatero y Sánchez que el sanchismo preferiría mantener fuera del foco.
Incluso el origen de la fortuna familiar del presidente reaparece de forma recurrente en el debate público: negocios privados del suegro, legalmente lícitos, pero políticamente explosivos para un PSOE que se presenta como adalid de la superioridad moral y del abolicionismo selectivo.
¿Y cuál es la respuesta del Gobierno ante este cerco judicial? Las cortinas de humo de siempre. Cuando surgen imputaciones o prisiones, se activa el piloto automático: la ultraderecha, Franco y los muertos del franquismo, la emergencia climática convertida en dogma, ataques a Israel para alinearse con la izquierda radical internacional, ofensivas contra las empresas tecnológicas —porque en esas plataformas circulan audios, documentos y verdades incómodas— y, cómo no, Donald Trump, ahora señalado porque desde Estados Unidos empieza a destaparse lo que en España se intenta ocultar.
El patrón es claro. Cuando la justicia se aproxima, el socialismo no responde con explicaciones, sino con ruido. Mucho ruido ideológico para que no se escuche lo esencial: que el sistema construido para mantenerse en el poder empieza a mostrar signos evidentes de colapso.
Para el PSOE, todo es lawfare. Para la oposición, corrupción estructural. Para cualquiera que observe los hechos sin anteojeras, 2026 no es un año más: es el año en que la realidad judicial comienza, por fin, a alcanzar al vértice del poder.