Levantar el velo iraní

Levantar el velo, en sentido simbólico, implica atravesar una apariencia y negar la ficción cuando la forma deja de servir a la verdad. En el derecho español, esa expresión designa una técnica excepcional, aplicada con prudencia por los jueces, que se reserva a los supuestos en los que una sociedad opera como un artificio para eludir responsabilidades. Su finalidad no es erosionar la seguridad jurídica, sino impedir que se degrade hasta convertirse en refugio del engaño y del fraude. Es, en esencia, un mecanismo para neutralizar el abuso de la forma jurídica y hacer responder a quien se ampara en ella.

Ese juego permanente entre forma y realidad, entre legalidad formal y responsabilidad material, no se agota en el derecho mercantil. Es una tensión estructural de cualquier democracia. También fuera de la empresa existen velos: estructuras concebidas para proyectar neutralidad, independencia o compromiso democrático mientras operan al servicio de fines ajenos, cuando no abiertamente contrarios, a aquellos que dicen representar.

La detención de Nicolás Maduro y el desmantelamiento progresivo del régimen chavista, impulsados por el Gobierno de Donald Trump bajo la dirección política de Marco Rubio, han tenido un efecto colateral incómodo para muchos en Europa: han hecho visible lo que llevaba años delante de nosotros. Que el chavismo es algo más que una dictadura. Que ha operado como plataforma de proyección exterior y como pieza integrada en una red más amplia de potencias hostiles a las democracias liberales —Irán, Rusia y China— que han aprendido a combatir eficazmente a Occidente sin declarar formalmente la guerra. Y que, en ese terreno, la corrupción económica gana más batallas que las bombas.

No hablamos de tanques ni de misiles. Hablamos de guerra híbrida: de penetración lenta, legal y a menudo escrupulosamente respetuosa con las formas. De partidos políticos financiados directa o indirectamente por regímenes autoritarios. De medios y periodistas que cobran de lobbies extranjeros mientras pontifican sobre ética y derechos humanos. De opinadores que reproducen argumentarios dictados por potencias teocráticas o dictaduras militares. Y de una legión de influencers dispuestos a blanquear regímenes sanguinarios ante millones de espectadores, desde la impunidad de una pantalla.

Existen abundantes y fundamentados informes de inteligencia y análisis estratégicos elaborados en el ámbito occidental que, desde hace años, describen cómo Irán, Rusia y China —directamente o a través de sus proxies en Latinoamérica, Asia o Europa— emplean lo que se ha denominado sharp power: una influencia deliberadamente corrosiva, concebida no para convencer, sino para polarizar, erosionar y debilitar desde dentro a las democracias liberales. Redes políticas, académicas, culturales y mediáticas que no siempre actúan como agentes conscientes, pero sí como engranajes funcionales. Algunos por convicción ideológica. Otros por dinero. Otros por vanidad. Los tontos útiles contemporáneos, convencidos de estar sirviendo a una causa moral e intelectualmente elevada.

«No hay movimiento independentista o decrecentista que no esté regado del dinero de los enemigos de Occidente»

España no ha sido inmune. La influencia chavista e iraní en el surgimiento de Podemos no es un secreto. Tampoco lo es que el pseudomedio dirigido por Pablo Iglesias haya establecido vínculos con la televisión estatal china. Ni el papel de Zapatero como intermediario complaciente con dictaduras, como la venezolana o la china, que encarcelan, torturan y persiguen a la disidencia.

A ello se suman casos más explícitos, como el del periodista Pablo González, que resultó ser un espía al servicio del Kremlin, o el de HispanTV, canal financiado por el régimen iraní como instrumento de proyección ideológica en el espacio hispanohablante. Y, en el plano internacional, episodios como el de Tucker Carlson —pasado de trumpista acérrimo a altavoz de Kremlin— o el del analista y excónsul de Israel en Nueva York, Alon Pinkas, que colaboraba como columnista en el medio hebreo Haaretz mientras cobraba cientos de miles de dólares de un lobista catarí. No son anomalías, sino los síntomas de una enfermedad que, si no se trata a tiempo, puede ser mortal.

El problema no es solo moral o político. Es legal. Nuestro ordenamiento jurídico no está preparado para esto. El delito de traición sigue pensado para escenarios bélicos del siglo XX: ejércitos enemigos, banderas, invasiones. No para flujos de dinero opacos, campañas de desinformación, captación de élites o colonización del debate público. No para actores que operan dentro de la ley formal mientras trabajan activamente para vaciarla de contenido. No hay movimiento independentista, antirracista, anticolonialista, ultrasoberanista, indigenista o decrecentista que no esté regado del dinero de los enemigos de Occidente.

«Las democracias no siempre mueren de forma abrupta. A menudo se vacían desde dentro»

Como en el derecho societario, aquí también se ha abusado de la formalidad legítima. La libertad de expresión, la pluralidad política, la apertura del sistema democrático han sido utilizadas como cobertura. Como personalidad ficticia. Y como entonces, la pregunta no es si debemos proteger esas libertades, pues es algo que no se discute, sino cómo evitar que se conviertan en escudos para quienes buscan destruirlas.

Levantar el velo iraní, ruso o chino en modo alguno puede llevar a prohibir ideas ni perseguir disidencias. Significa dotarnos de herramientas jurídicas para identificar cuándo una estructura, un partido, un medio o una plataforma deja de actuar en interés propio y pasa a funcionar como instrumento de una potencia extranjera hostil. Significa transparencia en la financiación, control efectivo de los conflictos de interés, tipificación clara de las conductas de colaboración activa con estrategias de desestabilización exterior. Significa, en definitiva, dejar de tolerar que la apariencia formal de legalidad oculte una acción hostil contra nuestro sistema de libertades.

Las democracias no siempre mueren de forma abrupta. A menudo se vacían desde dentro, cuando la forma se conserva y el contenido se pierde. El derecho español supo reaccionar cuando la personalidad jurídica de las mercantiles se utilizó para defraudar. Hoy Europa y España necesitan esa misma lucidez aplicada a sus instituciones. Porque si aceptamos la ficción como norma, la decisión ya no estará en nuestras manos.