El decálogo de Manu Mostaza

Manuel Mostaza Barrios no es un politólogo-todólogo al uso. Su dilatada trayectoria profesional en diversos ámbitos de la ciencia política y la sociología le ha valido un prestigio innegable intramuros, pero también públicamente, tal como lo prueban sus habituales colaboraciones e intervenciones en los medios escritos, radio y televisión, de distinta sensibilidad política.

Su presencia y bonhomía son especialmente solicitadas en periodos electorales, por sus conocimientos en demoscopia.

Hace unos días proponía, ante la aguda crisis política que vive el país, que va camino de convertirse en estructural, un decálogo de medidas de regeneración, a las que tilda de «locuras» a la manera de un electroshock salutífero.

Tadeu quiso preguntarle sobre el decalogón y así darle la oportunidad de profundizar en ellas. Aquí la transcripción de la animada charla.

En su artículo empezaba pintando un panorama más que sombrío: «En un país donde el Ejecutivo gobierna de espaldas al Legislativo y se apoya en quienes añoran regímenes totalitarios, la lógica de lo político hace meses que ha saltado por los aires. Ante este panorama, lo más sensato puede ser proponer locuras. Aquí van diez propuestas para agitar un 2026 que nace sin intermediarios y con la institucionalidad cada vez más en precario».

Una pregunta previa, pues es usted gran conocer de tripas de la demoscopia: ¿cree que las encuestas tienen impacto en el resultado de unas elecciones? ¿Qué pasaría si se prohibieran no un día antes, sino una semana antes o diez días antes, o durante toda la campaña electoral? ¿No sería una medida de regeneración prohibir al menos las encuestas políticas del CIS, que suelen ser un instrumento de manipulación política al servicio del Gobierno de turno?

– Todo influye de cara a unas elecciones: influyen las encuestas, influye la opinión de tu círculo más cercano… no hay que sobrevalorar su capacidad de mover voto, pero tampoco despreciarla. Creo que lo mejor sería permitirlas hasta el viernes anterior a la jornada electoral, si cae en domingo. Ahora bien, haciendo que se cumpla la ley: publicando matrices, quién firma la encuesta, etc…

En cuanto al CIS, no parece muy lógico que tengamos un organismo dependiente del Gobierno para estimar intención de voto. Su trabajo sociológico es muy estimable, al menos hasta que ha sido tomado por militantes de una causa, y ahí debería quedarse. Ayudándonos a conocer la sociedad, cómo va cambiando, etc, pero dejando la intención de voto para las empresas, que lo que quieren es describir la realidad y no cambiarla, como ocurre ahora con el centro gubernamental. 

Vayamos a las medidas, y permítame preguntarle por cada una de ellas. Primera medida. Propone prohibir, por ley, las primarias en los partidos para que no sea «una minoría fanatizada la que elija al primer vividor», y apunta a que ni Albert Rivera ni Pablo Iglesias nunca las practicaron «en serio», sabiendo cómo han acabado ellos y sus partidos. Las primarias son una práctica cuasi general en todos los partidos del mundo occidental, y las alternativas cuáles serían: ¿la cooptación entre los cuadros… o lo que los partidos franceses han realizado alguna vez: ¿unas primarias abiertas a todos votantes o simpatizantes, previa inscripción en un registro y, a veces, un pago simbólico?

– Las primarias son un invento reciente, aunque ahora parezca que llevan aquí toda la vida. En EEUU empezaron en los años sesenta y luego en Europa se copiaron de manera acrítica a finales de siglo. Las primarias suponen de facto la desaparición del partido como estructura de mediación, y creo que sin su llegada no se entiende, en parte, el proceso de polarización en el que estamos inmersos. Potencian una relación directa entre el (amado) líder y los militantes, una relación perversa que va en contra de la lógica que ha de regir la gestión de la complejidad de las sociedades democráticas. Las primarias acaban con los matices. Es importante entender que los militantes son personas más ideologizadas que el conjunto de los votantes, y por eso tienden a elegir perfiles más radicales. De fondo, se parte de una premisa que es falsa por partida doble: todo el mundo es igual y la democracia consiste en votar. No, no todo el mundo es igual, y por eso las estructuras más sabias, la Iglesia por ejemplo, o los catedráticos, eligen a través de un sistema de cooptación: son los que están lo que eligen porque conocen también la parte personal, la más humana, de cada uno de sus compañeros. ¿Que es un sistema con fallos? Claro, como cualquier construcción humana, pero al menos hay un grupo de gente que avala y se responsabiliza de la elección, no ese ente etéreo que son «los militantes». Así que sí, apuesto por volver a la cooptación, claramente. 

No le parecería más oportuno acabar con la indecente disciplina de voto (en otras democracias es ilegal que se sancione, multe o expulse de un partido a los que no la siguen) que maniata a los diputados y va, por cierto, contra el mandato de la Constitución que garantiza que el voto sea libre, en conciencia, directo, igual y secreto. 

– Es un tema interesante el de la disciplina de voto. En efecto, no existe mandato imperativo porque está prohibido, pero la maquinaria del partido es poderosa y los votantes confían en una marca más que en una persona. El problema de fondo es que aplicamos estructuras del siglo XIX, el diputado como metáfora de la nación, que no han envejecido bien y que no se han adaptado del todo bien al siglo XXI. Es posible que nuestro modelo evolucione, o mute, hacia otra cosa en las próximas décadas porque, insisto, el modelo actual nació en un mundo muy lejano al nuestro. La soberanía es una metáfora, no una realidad, y puede que estemos entrando en una época en la que su significado cambie, por lo que también se transformará la manera de representarla. 

Segunda medida. Sugiere, en el plano institucional, «sacar al Tribunal Constitucional de Madrid» y llevarlo a una monolingüe capital de provincia provinciana —valga la redundancia— como Teruel, Jaén o Logroño, para que la lejanía de la políticamente enviciada Madrid y la sosegada vida local atempere los sesgos políticos de los magistrados. Aparte de que hoy en día uno se planta en Madrid en menos de tres horas desde cualquier ciudad española, ¿no estriba más bien el problema de la politización de la justicia en las modalidades de designación de los jueces en los altos tribunales «sensibles», no sólo el Constitucional? ¿Acaso no están politizados el Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, incluso la Audiencia Nacional? ¿No es más problemática la politización de la fiscalía, más si llegara a prosperar el proyecto legislativo de que esta la que impulse las investigaciones en detrimento del hoy juez instructor?

– ¡Discrepo, discrepo! Cómo se nota que usted, Tadeu, es un hombre europeo y se ha recorrido poco la España interior. Hay muchas capitales de provincia en las que no es fácil ir a Madrid a pasar el día. No digo que sea imposible, pero no es fácil: lugares como Jaén, Logroño, Teruel, Badajoz… Creo que es importante que, por supuesto, el Tribunal Constitucional vaya a una ciudad sin lengua cooficial. Es una pura casualidad que todas ellas, las grandes ciudades de la España bilingüe, tengan magníficos aeropuertos o, en su defecto, trenes rápidos directos a Madrid. Ya digo que es una casualidad.

Una ciudad en la que la escolarización de los niños no sea un problema y en la que no sea fácil ir todos los días a Madrid es clave. Claro que la justicia tiene muchos problemas, pero, créame, uno de ellos es que muchos de los que la imparten tienen todos los días almuerzos de trabajo que nada tienen que ver con la calidad de sus sentencias y sí con las conspiraciones propias de una corte barroca como es la madrileña. A mayores, no son sólo las comidas: la agenda en Madrid —la única ciudad del país— es agotadora: desayunos en los que hay que dejarse ver, conferencias a última de la tarde a las que hay que ir para ver y que te vean… Un día me decían, en una de las mayores empresas de España, cuya sede está casi al final de la tierra, que una de las cosas que más agradecen de no estar en Madrid es la cantidad de tiempo que se ahorran en actos de ese estilo. 

Tercera medida, y un poco en el mismo sentido, sugiere que los designados al Tribunal Constitucional ocupen el cargo vitaliciamente, como los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que mueren con la toga puesta y medio seniles, para despolitizarlos. Es cierto que en Alemania los jueces del Tribunal Constitucional viven en la tranquila ciudad de Karlsruhe y son elegidos por un plazo fijo de 12 años, sin posibilidad de reelección. Y que su mandato no puede extenderse más allá de la edad de jubilación, que es 68 años; 68, repito.

– En efecto, la tercera y la segunda locura están imbricadas: fíjese si le doy relevancia a la Justicia. Le admito la senilidad y le acepto la enmienda. Apostemos entonces por un puesto inamovible, sin renovación y hasta que el magistrado cumpla 80 años, por ejemplo. Lo importante es que el magistrado sepa que no le debe ya nada a ninguno de sus nombradores. Que sepa que de ese Tribunal Constitucional instalado, imaginemos, en el Paseo del Espolón [en Logroño], se irá directo a una bien ganada jubilación a su casa de campo en Arancón, en plena tierra soriana de Campo de Gómara, con un sueldo fantástico y la prohibición expresa de ocupar ningún puesto retribuido.

Pide justamente que se les pague mejor… ¿Le parecen tan mal pagados, 155.000 euros anuales los magistrados de a pie del TC, algo más la vicepresidencia y la presidencia? Aquí el baremo. 

– Sí, me parecen muy mal pagados. Hay muy mala conciencia con esto de los sueldos en España. Fruto, imagino, de tantos años de dictadura, en la que sólo hacían política las personas con dinero, normalmente funcionarios. Es de mala educación hablar de dinero. El salario de una persona ha de ir acorde a su responsabilidad y hay que verla en su contexto. 155.000 euros en Haití es una fortuna, en España es lo que gana un socio recién entrado en cualquier consultora, no hablemos siquiera de las cuatro grandes. Es un completo disparate que una persona que ha de velar por el cumplimiento de una norma esencial, y que debería de ser la élite en su sector, gane lo que gana el lateral suplente de un equipo de la zona media de la segunda división española de fútbol. 

¿Por qué limitar esta medida vitalicia al Constitucional y no ampliar al Supremo u otros Tribunales Superiores autonómicos? No es más bien el problema su politización, una vez más… ¿Qué sistema de designación vería como menos politizada? ¿Cómo garantizar la independencia de los jueces? O Que en los asuntos mediáticos no les tire de la manga, como decía el gran abogado de grandes criminales, Vincent de Moro-Giafferi, la gran prostituta de la opinión pública…

– Creo que el Tribunal Constitucional, por su propia naturaleza, ha de salir del circuito ordinario. Los nombramientos del Supremo y del resto de altos tribunales son diferentes y su permanencia está más reglada por la carrera judicial, no así en el Constitucional. 

Entiendo la democracia como un sistema de contrapesos y de poderes que se vigilan entre sí, así que, en efecto no me da miedo que los jueces se autorregulen. No sé muy bien cómo garantizar esa independencia, porque los jueces son humanos y siempre tendrán sesgos, pero lo mejor es que tengan garantizando que no deben nada a nadie a la hora de dictar sus autos o sentencias. 

Cuarta medida: quisiera multiplicar por diez el sueldo del presidente del Gobierno. Y por cinco el de los ministros, como medida anticorrupción y para atraer talento. ¿No cree que si Ábalos o el corrupto sistémico de turno hubiera ganados diez veces su sueldo le habría pasado como a Oscar Wilde, que podía resistir a todo menos a la tentación?

– Es una pregunta tramposa porque es justo al revés. Si esos puestos fueran apetecibles para profesionales de alto rango, gente como el tal Ábalos no hubiera acabado siendo ministro. Si el presidente del gobierno ganara suficiente dinero, no llegarían a los puestos de poder político lo que ha llegado en lo que llevamos de siglo: altos funcionarios en un lado, oportunistas desclasados en el otro, todos ellos en busca de ascenso social. 

Supongo que la idea es extensible a presidentes autonómicos, consejeros, alcaldes y concejales de grandes ciudades… ¿También debería cobrar más el rey para evitar Abu Dabis? Y la familia del rey para prevenir la urdangaritis?

– Sí, claro, vuelvo a la idea de la responsabilidad: ¿tiene sentido que un consejero autonómico se siente a negociar cualquier cosa con ejecutivos que ganan diez veces más que él? ¿De verdad es el mejor para ese puesto? ¿De verdad no va a pensar que quizá esas gentes le puedan contratar en algún momento y que es mejor no parecerles muy borde. Al final, la política en España se ha convertido en un coto para funcionarios —gente magníficamente preparada por cierto, nada que reprochar—, para licenciados en Derecho y para gente que no ha sido capaz de encauzar su vida…

Salvo en el caso de estos últimos, ¿qué hay de malo en que sean juristas y funcionarios los que se dediquen a la política? Es así en casi todos los países de nuestro entorno…

– No hay nada de malo por supuesto, el problema es el exceso; el problema es que, de facto, tienen casi la exclusiva y apenas hay otro tipo de perfiles. No es extraño que la gran novedad política del PP en los últimos años, la presidenta de la Comunidad de Madrid, sea periodista: otro perfil no hubiera abierto los bares en pandemia, como se vio… En fin, creo que en la pluralidad está la virtud. Si solo hay funcionarios y juristas, es difícil que la Administración haga cosas diferentes en un mundo que está cambiando a toda velocidad. 

 Afirma, por otro lado que «en España la verdadera alternancia se produce entre dos cuerpos de la Administración: cuando dejan de gobernar los abogados del Estado, pasan a hacerlo los administradores civiles». ¿Podría ilustrarlo?

– Es una vieja broma que circula por los ministerios. Debería dejarse caer más por ellos. Los abogados del Estado —digo, los que no están en excedencia litigando contra el Estado— copan gran parte de los gobiernos cuando el centro derecha accede al poder; no solo en el máximo nivel (Soraya Saénz de Santamaría, Rafael Catalá, el alcalde Martínez Almeida…), sino en las subsecretarías, por ejemplo. Al revés suele ocurrir cuando gobierna el PSOE. Los TAC [técnicos de la Administración civil] siempre han tenido un perfil más progresista, quizá por estar menos juridificados —hay un parte importante de sociólogos en el cuerpo— o por tener menos tradición y cultura corporativa.

¿Y cuándo han funcionado mejor las cosas, con los unos o con los otros? 

– Es un tema de socialización y de formación. Quien se socializa en términos jurídicos suele ver el mundo de esa manera… ¿conoce a muchos registradores de la propiedad o interventores del Estado que sean anarquistas? Si ves el mundo como un politólogo lo ves de manera diferente a un ingeniero. Eso no es ni bueno ni malo, pero creo que lo mejor es que diversos perfiles se complementen…

Quinta medida, que titula «Hablemos del ‘demos’ y del sufragio». Se refiere a los «nuevos» españoles por lejana ascendencia o acogidos a las leyes «memoriales»; pero incluso afirma que descartaría a cualquier nacional que no viva en España, aunque sea desde hace poco y piense volver, del cuerpo electoral. Los británicos privaron entre 2016 y 2022 a sus ciudadanos que residieran más de 15 años en el extranjero de votar en el referéndum del Brexit y en las elecciones generales… cuando eran uno de los colectivos más afectados por el Brexit, y muchos tuvieron que nacionalizarse «europeos» para poder seguir siendo ciudadanos de primera en sus países de residencia. La Elections Act 2022 abolió la llamada «15-year rule».

– En realidad, lo que creo es que es un tema que ha de debatirse. Si una persona no ha residido nunca en España no tiene mucho sentido que consideremos que forma parte de nuestro «demos». No tiene intereses aquí más que un pasaporte; no tributa aquí ni viene por aquí y le da igual lo que pase aquí: es evidente que no forma parte de la comunidad política: lo que ocurra en España no tiene trascendencia para él. Claro que se puede debatir cómo articularlo, pero no le veo mucho sentido a la situación actual.

Como hay medidas que les incumben directamente, como la fiscalidad para los no residentes, el derecho sucesorio y tantas otras cuestiones que afectan a los derechos de los expatriados, es justo lo contrario que hacen Francia, Italia, Portugal o Rumanía, cuyos nacionales residentes en el extranjero tienes sus propios diputados en las llamadas «circunscripciones exteriores». Manuel Valls optó a diputado de los franceses residentes en la Península ibérica…

– Son restos melancólicos, en estos países, de identidades potentes y de emigraciones masivas. Gracias a dios, en España la identidad es más relajada y nunca se ha tomado esto muy en serio. No hablo de quitar la nacionalidad, hablo de limitar su participación en elecciones en las que está en juego la soberanía. Uno tiene el derecho de vivir donde quiera, pero si lleva 20 años en América y no tiene intención de volver, no entiendo por qué su voto ha de valor lo mismo que el mío, sinceramente.

En cambio, sexta medida, quiere que los propietarios de segundas residencias puedan votar al alcalde del lugar de sus dos viviendas… Esto tiene más sentido, ¿pero no podría acabar siendo un voto censitario para los multipropietarios? Y no podría acabar, en ciertas localidades turísticas, eligiéndose a alcaldes clientelistas volcados en los problemas de los veraneantes?

– Es un riesgo evidente. Pero creo que merecería la pena probar. Nuestro modelo de voto está ligado al censo, porque cuando se empezó a votar la gente vivía en un sitio y no se movía. Pero ese mundo no existe desde hace décadas: mis padres, por ejemplo, vivieron décadas de su vida una parte del año en Madrid, otra en Alicante y el resto en Sanabria. Pagaban impuestos en los tres sitios, sufrían los resultados de las políticas municipales de los tres sitios pero solo podían votar en uno… ¿Tiene esto sentido? ¿No sería una mejor manera de favorecer la participación en la comunidad, más allá de esas bobadas de la extrema izquierda sobre los presupuestos participativos, que no sirven para nada?

Séptima propuesta. Para dotar de más estabilidad a las legislaturas, aboga por conceder primas al partido vencedor. Dice que sería buena idea «una prima de, por ejemplo, 25 diputados a la fuerza más votada para el Congreso y repartir otros 25 en un formato de circunscripción única». Precisamente hasta 50 escaños era la prima al vencedor en las legislativas en Grecia, como manera para salir del impasse cuando la gran crisis de 2009 y para que el gobierno tenga una mayoría absoluta o cuasi y pudiera legislar desahogadamente. Luego lo modularon con menos escaños de premio. En Alemania el sistema proporcional ha proporcionado 80 años de estabilidad y de eficaces coaliciones… Pero puesto a buscar mayorías fuertes de Gobierno ¿no sería mejor el sistema francés a dos vueltas, es decir buscar el del mínimo denominador común, que garantiza que el alcalde o diputado electo cuenten con un respaldo de más del 50% de los electores?

– No, no creo que vaya por ahí. En primer lugar hay que pensar que todos los sistemas electorales traducen preferencias a números, y eso siempre genera ganadores y perdedores: lo que se gana en eficacia se pierde en proporcionalidad, y también al revés, así que creo que hay que ser cuidadoso y no descuidar ninguna de las dos facetas. En España es evidente que, ante la pujanza de formaciones subnacionales, los grandes partidos que articulan el conjunto del país no consiguen mayorías claras que hagan más sencilla la gobernabilidad. Creo que con esta solución se garantizaría no perder representatividad: la mitad de los nuevos escaños se aplicarían de manera proporcional sobre el conjunto de las formaciones.

Nuestro modelo es parlamentario y proporcional, y no tienen sentido las dos vueltas. Recuerde que nosotros no votamos al presidente, votamos a diputados que luego eligen al presidente del Gobierno. Un presidente que ni siquiera ha de ser diputado. Y creo que es mejor así: el presidencialismo tiende al golpe de Estado (dos poderes con dos legitimidades directas, qué horror, terminan chocando a la larga), como se ha visto en todo el mundo. 

En los dos principales estados presidencialistas, Estados Unidos y Francia, golpes de estado pocos… ¿Pero tiene sentido que el PP o el PSOE se lleven ese botín por el mero hecho de haber superado en unos cientos de miles de votos a su rival?

– Es un tema debatible, como todos los decálogo. Me interesa más fomentar el debate que ofrecer soluciones mágicas. Lo que usted plantea es cierto, pero ya digo que los sistemas electorales son como una manta corta: si te tapas la cabeza, te destapas los pies. No se puede ser el más representativo y a la vez el más funcional… y creo que ahora la experiencia nos dice que es mejor que tiremos por lo funcional

Octava medida. Sobre este mismo asunto de las elecciones generales, pide subir el umbral electoral mínimo, basándose en que «desde 2018 la normativa comunitaria obliga a los Estados que eligen a más de 35 eurodiputados a que fijen un umbral mínimo, de entre el 2 y el 5%, para acceder al Parlamento Europeo». La diferencia entre el 25 y el 5% es abismal en número de votos… Pero en la práctica poca diferencia habría supuesto para España si el umbral hubiera estado en el 2% teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones al PE. Aquí los resultados de 2024.

– Lo que digo es que no podemos ser un país proeuropeo y luego no adoptar sus normas porque a los minoritarios no les interese. Clama al cielo que no hayamos adoptado esta normativa: si quieren escaños, que salgan de su caverna y se alíen con otros de su perfil y presenten una lista de coalición, como ya hacen de hecho [ERC, Bildu y BNG]. Pero no podemos permitir que el Parlamento Europeo sea un circo que financia a opciones minoritarias y extremas.

Hablemos de umbrales para las elecciones nacionales: para el Congreso, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece un umbral mínimo del 3% de los votos válidos (incluidos los votos en blanco) en cada circunscripción provincial para poder entrar en el reparto de escaños. El sistema favorece claramente a los partidos grandes y a los partidos territorialmente concentrados ¿no es así?

– No, en realidad, porque al ser las circunscripciones muy pequeñas la barrera no tiene efectos prácticos. Casi la mitad de nuestras circunscripciones eligen seis o menos diputados. Esa barrera sirve para la provincia de Madrid y la de Barcelona, en el resto da igual, con un 3% de votos no obtendrías escaño de ninguna manera.

Novena, sobre la fiscalidad. Dice: «Hemos normalizado que pagamos impuestos en función de nuestra renta. ¿Por qué no empezar a hacerlo también en función del territorio en el que vivimos? ¿Tiene sentido que un bar ubicado en Berlanga de Duero pague los mismos impuestos que uno ubicado en Getafe?» El dueño del bar en Berlanga paga en proporción los mismo impuestos que el de Getafe, pero el de Getafe paga más que él porque ingresa más, y ese dinero repercute en las ayudas y subvenciones de que se beneficia, por vivir en una zona pobre, el dueño del bar berlanguiano ¿no? Es la solidaridad interregional de la Constitución (que ahora se está cargando la singular financiación de los singulares).

– Todo lo contrario: que la gente que vive en los territorios con mejores servicios pague los mismos impuestos que paga ahora, pero la gente que vive en territorios donde los servicios son de segunda división que pague conforme a esos servicios que recibe. El Estado ha dejado de ejercer la soberanía sobre muchas partes del territorio nacional: ahí tiene la Raya a la altura de Zamora y Orense: territorios envejecidos en los que es un acto heroico tener un negocio abierto: no hay cobertura, la distribución es mucho más cara, no hay apenas personal para contratar… ¿Y esa gente ha de pagar los mismos seguros sociales que el tendero de Las Rozas en Madrid? Esa es la lógica de lo que propongo. ¿Cuánto más cara es la vida en un pueblo como Noblejas (Toledo), en el que no hay instituto y los niños han de ir y volver cada día del centro escolar más cercano, en relación a una gran ciudad donde uno va andando a clase? ¿Y si vives en la albaceteña Mahora y tu hijo tiene que irse a vivir a Valencia para ir a la universidad? ¿De verdad esa gente ha de pagar lo mismo? Se requeriría de una fiscalidad diferenciada para los territorios más deprimidos, más despoblados o más olvidados.

Y por último una petición de principio, cuando no un brindis al sol. Lo llama «Cambiemos los debates» y pide que la conversación pública y política deje de girar sobre temas de identidad y memoria histórica para centrarse en lo que de verdad cuenta. Menciona el fracaso escolar, la inmigración, los impuestos, el coste de la vida, el acceso a la vivienda, el proyecto europeo. Pero el 90% de las iniciativas parlamentarias no versan sobre la guerra civil, Franco o el hecho diferencial vasco y catalán, que ciertamente son las que llenan los titulares…

– No hablo solo de las iniciativas, hablo de lo que puebla la conversación pública como creo que le he leído alguna vez al gran Arcadio de la Espada. 

Nuestra conversación gira desde hace décadas en torno al fracaso de construcción del Estado-nación y, desde el infausto gobierno de José Luis Rodríguez, sobre la guerra de nuestros abuelos. No pasaría nada si esto no tuviera coste, sería solo una excentricidad española, pero el problema es el que el mundo que nos rodea no se queda quieto y los debates son otros. Nuestra capacidad de atención y energía es limitada: y si seguimos hablando de ordinalidad, de «derechos históricos» y de bobadas similares, la realidad nos pasará por encima. 

Añade una coda final y se pregunta si «tal vez el problema no sea que las instituciones estén agotadas, sino que nosotros también lo estamos. Y quizá el sistema no funcione, al menos en Europa, porque ya no creemos de verdad en nada que no nos resulte cómodo, inmediato o rentable». ¿Realmente Europa no funciona, o más bien ha muerto de éxito, como le pasó a la socialdemocracia escandinava, que de tanto estado de bienestar, gracias a tantos impuestos, acabó activando la ley del péndulo? Y ahora empezamos a saber, gracias a Trump, lo que era la Realpolitik…

– Creo que la ansiedad de las pantallas y de las redes sociales nos está devorando. Que cada vez nos cuesta más concentrarnos y que, en efecto, hemos muerto de éxito. Hemos cobrado el dividendo de la paz que nos aseguraban otros y ahora estamos despertando de un sueño. El sueño de que geografía no era más que una materia menor, y la Historia no importaba. Pero como le leí a Josep Piqué: la geografía siempre está y la Historia siempre vuelve. 

¿No será más bien que quienes lo están pasando peor son los desheredados del sistema? Y éstos no están cansados, están simplemente desesperados…

– No, no hay desesperados dentro del sistema. es un tema de expectativas, de promesas incumplidas… El pacto fundacional de nuestra modernización es, desde hace muchas décadas, democracia más Europa igual a crecimiento y libertad. Y ahora ya no está tan claro que la ecuación sea tan sencilla.

No le pregunto por la alternativa… 

Coda 1) No soy truhan. Lo escandaloso no es que dos empleadas acusen a Julio Iglesias de acoso laboral y sexual, eso lo decidirá la Justicia (parece que hubo testigos), lo aberrante es que una vez más haya que aceptar el «yo sí te creo hermana», como esta calcetera orgánica de El País (aquí su calceta) cuando el acusado es un hombre con poder o de poder, espacialmente de derechas. ¿Qué (no) ocurriría si, por ejemplo, fuera Alaska la acusada por alguno de sus pegamoides?

Julio Iglesias pudo haberlo hecho, o no haberlo hecho, o por qué no un entremedias: tal vez las cosas no fuesen ni tan ni tan poco como pretenden unas y otro. Pero si lo que buscan las denunciantes es justicia penal y reparación, ¿por qué haber esperado tanto? Y si es sólo por la gloria, ¿por qué no esperar a hacer un póstumo «Suárez-que te quedas sin Barajas»?

Ahora bien, si lo que buscan es notoriedad (pronto se verá) deberían dichas actitudes infames e infamantes penalizarse, no solo judicialmente sino socialmente. Si Iglesias fuera hoy más joven ya no podría volver a cantar, como Plácido Domingo, que sigue medio mudo. Por suerte para Iglesias, no necesita ya trabajar y los royalties seguirán lloviéndole porque en Bombay, en Sidney o en Kioto sus canciones seguirán sonando, sin que sus escuchantes hayan siquiera oído hablar de estas denuncia, hey.

Coda 2) Te regalo el Nobel. María Corina Machado se ha humillado, dicen unos. Otros dicen que es Trump el humillado, por aceptar este insólito premio de consolación. Fue un esperanzado do ut des latino… americano. Lean las dos placas que acompañan a la medalla. El Comité Nobel, mientras tanto, pone el grito en Oslo, cuando lo humillante fue darle el Nobel a Obama… por ser negro.

Coda 3) Ordinariedad) Esta singular marranada fiscal de la ordinalidad que tanto celebra Salvador Illa es un «Menja ara, fill meu, menja, que jo ja m’he afartat».