El truco del pactismo autonómico: unos deciden y todos pagamos

El pacto de financiación autonómica entre el Gobierno y ERC se presenta como un acuerdo beneficioso para todos y, además, voluntario para las comunidades autónomas. Pero ese resultado exigiría un diseño diferente en el que quien decida el gasto asuma también su coste. El pacto hace lo contrario.

En un Estado descentralizado, la responsabilidad fiscal solo funciona si cada administración responde ante sus ciudadanos por el gasto que decide. Da igual que se trate del Estado o de una comunidad autónoma: quien gasta debe explicar cómo recauda y asumir el coste político de hacerlo. Ese vínculo es el mecanismo de control más eficaz. Obliga a priorizar, contener el derroche y ajustar el alcance de los servicios públicos a las preferencias de los votantes.

Las comunidades autónomas son parte del Estado, pero tienen sus propios intereses. Cuando se desvincula la decisión de gasto de la obligación de financiarlo, dejan de esforzarse por gestionar bien lo recaudado y pasan a concentrarse en extraer rentas: maximizar los recursos que distribuye el Estado. El objetivo ya no es ofrecer mejores servicios con los impuestos propios, sino aumentar su poder de negociación en ese ámbito, orientando su acción política a ese fin. En ese proceso, el refuerzo de identidades y agravios territoriales se convierte en un instrumento útil para consolidar posiciones negociadoras.

El pacto consagra ese giro y premia a quienes han seguido esa estrategia con mayor intensidad. Sus efectos se despliegan en dos planos primordiales: su impacto sobre el Estado —entendido aquí como su Administración General— y sobre los incentivos de las comunidades autónomas. El resto son retoques, cálculos menores y compensaciones que, en el mejor de los casos, desvían la atención.

El resultado es un debilitamiento financiero del Estado, al desplazarse una parte muy relevante de la recaudación de los grandes impuestos hacia las comunidades autónomas sin trasladarles competencias ni obligaciones equivalentes. El Estado dispondrá de menos ingresos, pero seguirá asumiendo las mismas funciones: pensiones, prestaciones por desempleo, servicio de la deuda, defensa, seguridad e inversiones de alcance general.

Este debilitamiento es estructural. El Estado concentra las obligaciones menos elásticas y arrastra un déficit persistente, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas presentan una situación financiera más saneada. Separar recursos y responsabilidades en este contexto no refuerza el estado del bienestar: desplaza sus costes y reduce la capacidad del Estado para garantizar los servicios básicos. A corto plazo, el desequilibrio se disimula con deuda y fiscalidad poco visible; a medio plazo, un Estado con menos margen financiero pierde la capacidad de coordinar y disciplinar el conjunto y pasa a depender de pactos coyunturales.

El pacto también empeora los incentivos de las comunidades autónomas. Al aumentar sus ingresos sin exigirles corresponsabilidad fiscal, las anima a invertir esfuerzo político en ampliar su poder de negociación en futuros repartos, en lugar de gestionar mejor o rendir cuentas ante sus propios contribuyentes. En ese marco se entienden medidas como frenar la competencia fiscal, eliminando uno de los pocos mecanismos que obligan a ajustar el gasto a las preferencias ciudadanas. Se inscribe en la misma lógica la promesa de avanzar hacia una gestión tributaria fragmentada por autonomías, lo que impediría alcanzar economías de escala y una coordinación efectiva, diluiría responsabilidades, facilitaría un fraude más selectivo a escala local y debilitaría los controles existentes. 

«El resultado es un debilitamiento financiero del Estado, al desplazarse una parte muy relevante de la recaudación de los grandes impuestos hacia las comunidades autónomas sin trasladarles competencias ni obligaciones equivalentes»

A muy corto plazo, el reparto genera ganadores y perdedores relativos entre comunidades, amortiguados por compensaciones pensadas para preservar el statu quo. Pero fijar ahí el debate es quedarse en la superficie: son migajas repartidas para ocultar el problema de fondo y dividir a los afectados.

Ese diseño tiene beneficiarios claros. No es casual que el pacto favorezca de manera destacada a Cataluña. Su trayectoria de gasto y deuda la sitúa entre las comunidades que menos han contenido el gasto y más lo han utilizado como instrumento político. El acuerdo no corrige ese comportamiento: lo premia, trasladando el coste al conjunto del Estado.

En este contexto, la supuesta voluntariedad del pacto no amplía la libertad de las comunidades, sino que la reformula de manera engañosa. La elección se ofrece después de que el marco haya sido pactado y de que se haya decidido que el coste lo asuma el Estado, es decir, el conjunto de los contribuyentes. No elimina una carga inevitable; solo la oculta.

Es como si una comunidad de vecinos hipotecara el edificio para reducir selectivamente las cuotas y, a continuación, ofreciera elegir entre cuota antigua o cuota reducida. Quien «elige» seguir pagando la cuota antigua sigue siendo responsable de la hipoteca. La libertad es aparente; la obligación, real. Presentar ese esquema como voluntario apenas disfraza la coacción.

Ese método no es nuevo. El pacto es una manifestación coherente del pactisme que Vicens Vives glorificó en Notícia de Catalunya. Lo que allí presentaba como rasgo definitorio del carácter catalán puede leerse, en su traducción política contemporánea, como una negociación permanente de excepciones, un residuo anacrónico en sociedades complejas. El progreso del mundo moderno se ha basado, precisamente, en lo contrario: en que la convivencia esté regida por reglas generales comunes a todos. Cuando esa ley general se sustituye por acuerdos ad hoc, la competencia productiva cede el paso a un patrón extractivo: cada territorio —y, finalmente, dentro de cada territorio, cada grupo— pugna por maximizar su propia fuerza, porque de ella pasa a depender su beneficio particular, siempre a costa del conjunto.

Hasta ahora, ese patrón de excepción había quedado en gran medida confinado al sistema foral, fruto de una concesión política deliberada. El problema del nuevo pacto es que no lo corrige: lo extiende. Normaliza que la financiación dependa de acuerdos bilaterales y de la capacidad de presión política, no de reglas generales. El coste no es solo fiscal; es institucional: se erosiona la igualdad entre ciudadanos y se consolida una dinámica en la que el acceso a los recursos depende de la fuerza negociadora.

Este marco facilita que las comunidades autónomas se articulen como un doble proceso de extracción de rentas. Por un lado, hacia fuera, cuando el refuerzo de identidades y agravios territoriales se utiliza para fortalecer la posición negociadora de los líderes autonómicos frente al Estado y extraer recursos adicionales del conjunto. Por otro, hacia dentro, cuando ese mismo refuerzo identitario debilita la rendición de cuentas, reduce la capacidad de control ciudadano y permite sostener gasto ineficiente, estructuras poco productivas y privilegios internos sin pagar el coste político correspondiente.

La financiación autonómica no fracasa por sus objetivos ni por su método básico, sino por un exceso de excepciones. Con ello, se convierte en un mecanismo para extraer rentas, repartir privilegios y eludir responsabilidades.