El cupo de Junqueras

Solo el exacerbado dogmatismo que se ha apoderado de la sociedad española puede dar razón de la situación tan irregular que vive la política de nuestro país. Únicamente una concepción mágica y religiosa de la política y de los partidos permitiría hacernos entender que veamos como normales determinados acontecimientos. Un presidente del Gobierno recibiendo en la Moncloa con toda solemnidad, como si fuese un mandatario internacional o un presidente de una comunidad autónoma, a quien ha dado un golpe de Estado y hoy por hoy está inhabilitado. Es decir, Sánchez corrige al Tribunal Supremo y le ha blanqueado políticamente por su cuenta.

Afirman que han acordado un nuevo sistema de financiación autonómica. Si ya sonaba mal lo de la financiación singular para Cataluña, resulta menos presentable si lo que se confecciona es un sistema para todas ellas, al margen de su opinión y de su aprobación, pactado solo con Cataluña. En realidad, ni siquiera con esta última comunidad porque el presidente estaba ausente de la reunión y el señor Junqueras no representa a nadie.

El haber cambiado el título y la plática, planteando un sistema que llaman global y dicen que vale para todas las autonomías, es un vano intento de engañar al personal negando la evidencia de que se trata de comprar los votos de los catalanes.

En la financiación autonómica, el hecho de que el saldo que obtengan todas las comunidades sea positivo solo implica más poder para los políticos locales, pero no necesariamente un mayor bienestar para toda la sociedad. El incremento de recursos para las comunidades se cubre con fondos del Gobierno central, es decir, de todos los ciudadanos. Todos costeamos esas mayores aportaciones, y ─según se distribuyan─ los ciudadanos de cada comunidad ganarán o perderán, dependiendo de si el beneficio es mayor que el coste o viceversa.

En el tema de la financiación autonómica no hay nada gratuito. El dinero que se destina a una comunidad no se destina a otras, bien directamente o bien detrayéndose del presupuesto del Estado, que afecta a todas las comunidades. Es un sistema de suma cero, por lo que en esta materia no puede haber negociaciones bilaterales, sino multilaterales, de todas las comunidades.

«En el ámbito catalán se confunde con frecuencia déficit con una infrafinanciación, cuando no es tal»

En Cataluña se produce un extraño fenómeno y es que las tesis de los independentistas terminan impregnando a otros muchos que no lo son. Periodistas, expertos y políticos, por ejemplo, del PSC, son presa del victimismo y afirman también que Cataluña está maltratada. Cataluña es una de las regiones más ricas de España, la cuarta en renta per cápita. Esta situación económica aventajada la convierte por la aplicación automática de la política redistributiva del Estado en contribuyente neto, al igual que en el orden personal los ciudadanos de mayores rentas presentan también de manera lógica un saldo negativo entre lo que contribuyen al Estado y lo que de este reciben. En el ámbito catalán se confunde con frecuencia este déficit con una infrafinanciación, cuando no es tal, sino el resultado racional de los mecanismos redistributivos de la Hacienda Pública, que compensan el reparto injusto del mercado.

Sea cual sea el sistema de financiación que se adopte para el futuro, Cataluña, al igual que Madrid, Aragón, La Rioja y las Islas Baleares, deberían presentar, aunque no ciertamente en igual cuantía, saldo negativo al estar sus respectivas rentas per cápita por encima de la media (también el País Vasco y Navarra, aunque lo eluden por el Concierto). No deja de ser curioso que sea Cataluña la que se queje ahora del actual sistema de financiación, cuando se elaboró con Zapatero de presidente del Gobierno y Montilla al frente de la Generalitat, y casi en su totalidad de acuerdo con los deseos y exigencias de la propia Cataluña.

Que en estos años la Generalitat haya presentado un mayor déficit y un incremento mayor en el nivel de endeudamiento que las otras comunidades no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, sino al destino que cada una de ellas ha dado a los fondos públicos. Es una evidencia, aunque no sea fácil cuantificarlo por ahora dada la complejidad administrativa de la Generalitat, que el llamado procés ha absorbido una cantidad ingente de recursos, no solo a través de los organismos y entes públicos creados en la Administración con la única finalidad de garantizar, como se decía, una estructura de Estado, sino también engrasando toda esa inmensa máquina de publicidad y propaganda que ha funcionado sin escatimar gasto para ese objetivo: favores a medios de comunicación nacionales y extranjeros, públicos y privados, embajadas, pago de lobbies, subvenciones a asociaciones, etc.

Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las comunidades autónomas, en algún caso el doble, y mayor que la del propio presidente del Gobierno español. La gravedad no se encuentra tanto en este dato aislado, sino en que, como es lógico suponer, ese alto nivel retributivo se extiende hacia abajo a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo. Hace escasas fechas se hizo pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.

«Crear una Agencia Tributaria con competencia y estructura adecuada en Cataluña no se puede realizar en dos días»

Lo que pactaron el PSC y Esquerra —se supone que con la aquiescencia del PSOE y de Sánchez— fue conceder a la Generalitat un régimen parecido al del País Vasco y Navarra. Hay que decir enseguida que eso sería una catástrofe para toda España. La cesión del cien por cien de la recaudación a las autonomías, es decir, que los recursos recaudados por los impuestos en una comunidad se queden en ella, significaría la ruptura de la función de redistribución del Estado en el ámbito interregional, porque no habrá fondo que pueda compensar el desequilibrio creado. La redistribución únicamente se ejercería entre los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Lógicamente, serían las regiones ricas las que saldrían altamente beneficiadas, mientras constituiría un desastre económico para las menos favorecidas. Por eso lo reclaman los independentistas catalanes. Qué diríamos si Amancio Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig o las Koplowitz dijesen algo así como «deseo más autonomía, yo me quedo con mis impuestos y me hago cargo de sufragar mi sanidad, mi pensión, la educación de mis hijos, etc. Eso sí, no pido nada para mí que no pida para los demás, el barrendero también puede hacer lo mismo».

Pero es que además esta medida no es tan fácil de aprobar en las Cortes, y mucho menos de instrumentar en la práctica. Crear una Agencia Tributaria con competencia y estructura adecuada en Cataluña no es una operación que se pueda realizar en dos días. Es por eso por lo que en la reunión del otro día entre Sánchez y Junqueras se ha intentado disfrazar el tema como un sistema de financiación autonómica global, aunque detrás de las declaraciones del líder de Esquerra, como la de reclamar para Cataluña el 60% del IVA y el 100% del IRPF, se encuentra el proyecto de cupo.

Lo que sí han dejado claro es la pretensión de aplicar a Cataluña lo que denominan principio de «ordinalidad». Palabra que por cierto no existe en el diccionario. No resulta sencillo llegar a entender lo que significa. Lo definen como que la política redistributiva «no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto a quien se beneficia». Si por condición relativa se entiende el orden de las comunidades establecido respecto a la renta per cápita, el principio sería inútil porque no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ahora bien, si lo que se pretende es que las comunidades que más contribuyen tengan que ser también las que más reciban contradeciría la misma esencia de la política redistributiva que se basa más bien en lo contrario. Los ricos son los que menos necesitan las prestaciones y los servicios públicos.

«Habrá que preguntarse si no quedarán diputados progresistas que voten en contra de un proyecto radicalmente injusto y sectario»

A pesar de su forma caótica, la cháchara del sí pero no, de la que dicen que es ministra de Hacienda, tiene un fondo de verdad. El principio de ordinalidad no existe porque no se va a aplicar a ninguna autonomía del país, pero se va a dar en Cataluña porque el modelo se ha construido para que ese sea el resultado que de forma automática surja en la Generalitat.

He leído y no sé dónde que los sindicatos de clase apoyan el nuevo sistema de financiación autonómica. Me resisto a creerlo, aunque en la actual situación todo es posible, como también ha sido posible que sea un condenado por golpista y por malversador de fondos públicos el encargado por el Gobierno de anunciarlo. Me pregunto si también será posible que Compromís, Más Madrid, el BNG, la Chunta Aragonesista, etc., formaciones políticas que pretenden justificar su existencia en la defensa de los intereses de los territorios a los que dicen representar, voten a favor de un sistema que beneficia exclusivamente a la Generalitat.

Ni siquiera el parloteo enmarañado y caótico de la clarividente ministra de Hacienda puede ocultar lo enormemente reaccionario que es el modelo planteado por Junqueras y aprobado por Sánchez, y habrá que preguntarse si no quedarán en las Cortes diputados mínimamente progresistas que voten en contra de un proyecto radicalmente injusto y sectario.