Una política económica para la empresa

La empresa privada es un agente fundamental y eficiente en la actividad económica, puesto que produce bienes y servicios, genera empleo y paga sus impuestos; por lo que uno de los grandes retos de la política económica debe ser el poder crear las condiciones favorables para el desarrollo de estas y para incrementar su productividad y competitividad; al objeto de mejorar el potencial de crecimiento del país, favorecer el empleo e impulsar el bienestar del conjunto de los ciudadanos. Por todo ello es imprescindible agilizar los procesos para su creación, así como liberalizar sus mercados para favorecer la competencia reduciendo las barreras de entrada a estos, pero también las de salida.

Sin embargo, las políticas populistas del Gobierno han penalizado la actividad empresarial, sobre todo de las pymes, por lo que han desaparecido más de 25.000 en términos netos desde el año 2018. En efecto, la mayor parte de las decisiones económicas han repercutido negativamente contra unos márgenes empresariales muy estrechos, con lo que estrangulan los deseables y necesarios beneficios que remuneren la función empresarial.

Para favorecer la inversión y la actividad, las empresas privadas necesitan además de un entorno favorable y adecuado para su actividad, la seguridad jurídica y regulatoria que permitan predecir con cierto grado de certidumbre el entorno futuro. Sin embargo, se han tomado gran cantidad de medidas por parte del Gobierno que han ido en la dirección contraria, lo que ha penalizado las expectativas de la inversión, sobre todo de la extranjera que se ha reducido significativamente en los últimos años. La prohibición de explotar la mina de uranio de Ciudad Rodrigo o el cambio en la retribución de las energías renovables son algunos ejemplos representativos, que se encuentran denunciados en los tribunales internacionales.

Asimismo, la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución debe ser protegida por la acción del Gobierno, sin embargo, actualmente se encuentra en entredicho, sobre todo la de las empresas dedicadas al alquiler inmobiliario.

Las empresas necesitan una energía garantizada y barata para poder ser competitivas, en cambio los altos costes de la energía, sobre la eléctrica y la falta de capacidad de transporte están limitando la inversión y obligando a reducir la actividad de muchas compañías. Para mejorar la situación se debe prolongar la vida útil de las plantas nucleares españolas y de nuestras centrales hidráulicas. Además, hay que explorar las posibilidades de obtener gas natural mediante la técnica del fracking en algunos lugares de nuestro territorio como puede ser el Páramo de Masa, asimismo es imprescindible incrementar la capacidad de las redes eléctricas de distribución.

«La reforma del mercado laboral de Yolanda Díaz penaliza la creación de puestos de trabajo y favorece la economía sumergida»

De cara a la transición ecológica, se debe potenciar el hidrógeno para optimizar el uso de las energías renovables y además considerar en España a la energía nuclear como una energía verde por no emitir CO2, como ya ha hecho la Comisión Europea; lo que permitiría su desarrollo futuro.

Se debería flexibilizar el mercado de trabajo para favorecer la creación de actividad y empleo, en un país con la mayor tasa de paro de la UE. Es decir, se debe reducir la Ley Okun, que relaciona el crecimiento del PIB con la creación de empleo neto. Sin embargo, la reforma del mercado laboral de Yolanda Díaz transita en la dirección contraria, por penalizar la creación de puestos de trabajo, la estabilidad del empleo, y la productividad empresarial; además favorece la economía sumergida.

Los costes laborales deben permitir la competitividad de las empresas, por lo que no se deben elevar las cotizaciones a la Seguridad Social, puesto que se trata de un impuesto sobre el factor trabajo. Tampoco hay que seguir incrementando significativamente el salario mínimo interprofesional, puesto que cuanto más elevado, representa una mayor restricción a la incorporación de los trabajadores menos cualificados, y penaliza las actividades intensivas en el factor trabajo, como la agricultura, comercio, hostelería y servicio doméstico; y además incentiva el desarrollo de la economía informal. Los incrementos salariales deben estar vinculados a las ganancias de productividad. Además, si se redujese el horario de trabajo manteniendo los salarios como pretende el Gobierno la situación para muchas empresas sería inviable.

Los impuestos deben ser adecuados y coherentes con el principio de capacidad de pago para que no sean confiscatorios ni penalicen la actividad económica, sobre todo en el caso de los autónomos y pymes. Para ello se deberá reducir los impuestos de Sociedades e IRPF, y suprimir los de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, lo que beneficiaria significativamente a una gran cantidad de empresas familiares y se reducirían las renuncias a las herencias, por no poder asumir el pago fiscal de estas. Además, se deben limitar los excesos en los impuestos medioambientales, puesto que representan un fuerte incremento de costes y, por tanto, un lastre a la competitividad empresarial, como sucede con la agricultura y la industria.

«No hay que penalizar a las pymes con costes adicionales cuando alcancen los 50 trabajadores»

Para mejorar la productividad y la actividad económica es necesario impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la innovación, el I+D+i, por lo que se tendrían que aumentar los beneficios fiscales en las empresas que lo realicen. Asimismo, para conseguir una mayor eficiencia del tejido empresarial se debe impulsar la formación profesional para la empleabilidad.

Las pymes son demasiado pequeñas en España, por lo que no se benefician de las ventajas que ofrecen las economías de escala, por lo que se deben favorecer las fusiones y adquisiciones, así como el crecimiento orgánico; por lo que no hay que penalizarlas con costes adicionales cuando alcancen los 50 trabajadores.

Los fondos europeos de recuperación se deben emplear adecuadamente, en proyectos que permitan mejorar la productividad de las empresas, como la digitalización tanto de las grandes corporaciones como de las pymes y no fundamentalmente en proyectos públicos como se está produciendo; además se deberían efectuar las reformas estructurales necesarias para poder disponer de la totalidad de éstos.

Las empresas españolas tienen que ser cada vez más eficientes en unos mercados mundiales cada vez más competidos, por lo que una política económica eficaz debe favorecer la reducción de los costes de producción, impulsar la innovación, fomentar las ganancias de productividad y sobre todo permitir la libertad de empresa.