Su relato, nuestros muertos

Hay muertes que no son accidentes, sino consecuencias. Y cuando se producen, ya es demasiado tarde para fingir sorpresa. El siniestro ferroviario de Adamuz ha dejado al descubierto, de forma brutal, algo que llevaba años siendo evidente: la degradación sistemática de las infraestructuras públicas y la absoluta irresponsabilidad política con la que se ha gestionado un área crítica del Estado.

Durante años se nos ha pedido paciencia. Que no exigiéramos responsabilidades porque «estas cosas son muy complejas». Que aceptáramos retrasos, averías, cancelaciones, incidentes y un deterioro progresivo del servicio como si fueran el precio inevitable del progreso. Nadie hizo nada. Nadie asumió nada. Las quejas fueron despreciadas y caricaturizadas como bulos fascistas. Hemos incluso normalizado que el ministro del ramo, Óscar Puente, se dedique a insultar en redes sociales a los usuarios que le reclamaban explicaciones por retrasos y fallos del servicio.

En apenas siete años de Gobierno de coalición progresista, la vocación técnica que muchos creímos inherente a los cargos directivos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible —con competencias nada menos que en infraestructuras esenciales— ha sido pisoteada. Lo han convertido en un epicentro de corrupción, saqueo y colonización partidista, poblado de cargos inútiles sin experiencia, enchufados y personajes cuya presencia solo se explica por la impunidad moral del poder. Y luego habrá quien finja sorpresa porque esto haya culminado en la muerte de decenas de españoles en un tren.

Pero que nadie se lleve a engaño, porque todo es consecuencia inevitable de una elección política deliberada. Se ha invertido en lo que se ve y se inaugura, no en lo que sostiene el sistema. Mientras se inflaban cifras para la propaganda, la infraestructura real se degradaba. Las advertencias de técnicos y usuarios fueron silenciadas o ridiculizadas por los fabricantes de relato, especialistas en reducir la realidad a una consigna: quien critica es facha.

Como en tantos otros ámbitos, el Gobierno de coalición progresista ha priorizado la cantidad frente a la calidad. La explicación es tan sencilla como inquietante: la cantidad da votos. ¿Que el servicio empeora? Culpa del Gobierno de Rajoy. ¿Que el riesgo aumenta? Sabotaje ultraderechista auspiciado por Aznar. ¿Que alguien advierte de fallos estructurales? Que se busque la vida. Ese es el esquema mental que han instalado en el debate público. Hemos dedicado más tiempo y más recursos a combatir un fascismo imaginario que a detectar la dejadez real y el abandono sistémico de los servicios públicos. Y lo estamos pagando muy caro.

«La verdad, la dignidad y hasta la vida de los españoles han quedado subordinadas al blindaje del sanchismo»

Asomarse a los medios de comunicación públicos resulta, en este contexto, profundamente angustioso. El esfuerzo informativo no se dirige a averiguar qué falló, quién dejó de hacer su trabajo o qué decisiones políticas condujeron a ese desenlace, sino a mutualizar culpas, convirtiendo una cadena de negligencias concretas en una fatalidad abstracta. Mala suerte, dicen. La verdad, la dignidad y hasta la vida de los españoles han quedado subordinadas al blindaje del sanchismo. Produce asco y una repugnancia difícil de disimular.

Pero es cierto que la izquierda ha perfeccionado la politización asimétrica del dolor: exigen silencio, prudencia y contención cuando las responsabilidades apuntan a los suyos, pero convierten cualquier episodio luctuoso en munición ideológica si creen que les sirve para construir relato. El puñetero relato. No importa nada más.

Ahí está el llamado «bulo del culo», la falsa agresión homófoba en Madrid que llevó a convocar de urgencia la comisión de delitos de odio y a retratar la ciudad como un infierno para los homosexuales. Ahí está la acusación de homicidio contra Carlos Mazón y su exconsejera por las muertes de la dana. Ahí está la atribución sistemática de incendios —en su mayoría provocados— al negacionismo climático de la ultraderecha. Y la ya habitual instrumentalización de agresiones sexuales como cortinas políticas de humo para linchar públicamente a personas concretas sin juicio ni sentencia. Llevan años politizando el dolor hasta la náusea.

Pero cuando se trata de accidentes mortales derivados de la falta de mantenimiento, de la dejación de funciones o de decisiones políticas erróneas, entonces nos exigen que no «politicemos». Que no señalemos. Que no pidamos dimisiones. Es una asimetría obscena viniendo de quienes se dedican al linchamiento y a la cancelación por sistema. Porque lo que realmente se nos exige es que aceptemos su marco mental: un plano donde la verdad deja de importar y todo se reduce a derrotar simbólicamente a un dictador muerto en la cama para proclamarse vencedores morales de una guerra civil perdida hace casi 90 años.

«No se trata solo de Adamuz. Se trata de la certeza de que usamos servicios públicos degradados e infraestructuras envejecidas»

Mientras tanto, el país se desmorona. Porque no se trata solo de Adamuz. Se trata de la certeza creciente de que usamos servicios públicos degradados, infraestructuras envejecidas y sistemas mantenidos por debajo de los mínimos razonables. De saber que coger un tren, circular por una carretera o depender de un servicio esencial implica asumir un riesgo que no debería existir. De entender que un fallo que hoy se tapa, mañana puede costarnos la salud y la vida.

Por eso las muertes de Adamuz no exigen solo responsabilidades judiciales, también políticas. Porque alguien decidió no mantener. Porque alguien decidió ignorar avisos. Porque alguien decidió que era más rentable políticamente tuitear que gestionar y fiscalizar. Y muchos asumieron que todo eso daba igual mientras no gobernara la derecha. Esa es la parte más nauseabunda de todo esto: comprobar que no son pocos los dispuestos a jugar a la ruleta rusa con nuestra vida y nuestra seguridad a cambio de un cochino escaño.