De la decadencia a la emergencia

España no atraviesa una crisis repentina, sino la fase visible de un deterioro que lleva décadas fraguándose en silencio. No es el desplome argentino, con su dramatismo de corralito y caos; es la podredumbre italiana, lenta, discreta: cada ejercicio un poco más pobre, un poco más humillado, pero nunca lo suficiente para encender la mecha de la rebelión. 

El mal no reside solo en la Moncloa ni se agota en las autonomías: es un modelo institucional que desde hace más de veinte años ha priorizado el cortoplacismo, el reparto de rentas y la propaganda sobre la productividad, la calidad del Estado y la neutralidad. 

El nivel de vida real lleva estancado desde mediados de los 2000; los servicios públicos se degradan año tras año; las instituciones que deberían arbitrar se han convertido en apéndices partidistas grotescos. El PIB puede maquillar alguna décima, pero el ciudadano medio no lo percibe en su nómina, en su hospital o en su tren. La gente ya no espera mejora: solo aguantar un día más. Ese es el síntoma de una decadencia avanzada: el agotamiento resignado, en vez de la furia.

Pero la pregunta ya no es si España está en decadencia, eso empezó hace tiempo. La cuestión de fondo es si hemos cruzado el umbral hacia una emergencia silenciosa, en la que los problemas no solo se acumulan, sino que el propio sistema ha perdido cualquier capacidad de corrección. No hay una fecha exacta de ruptura, ni tanques en la calle, ni corralito declarado. Lo que hay es mucho más corrosivo para una democracia demasiado imperfecta: mediocridad enquistada, deterioro asumido como normalidad y resignación disfrazada de realismo.

Este Estado clientelar no brotó por generación espontánea ni fue solo el fruto de la codicia de unos pocos. Fue la consecuencia lógica de una combinación muy concreta: el crecimiento tras la apertura democrática, los fondos europeos cuando España era receptora neta, la hipertrofia autonómica y una Constitución cuya separación de poderes resultó más decorativa que efectiva, con partidos capturando los resortes clave del modelo sin apenas resistencia. Por primera vez en casi un siglo había riqueza para repartir, estructuras para canalizar ese reparto y, en la práctica, muy pocos diques que impidieran que la redistribución se convirtiera en combustible del poder político. El clientelismo no mató el crecimiento: se instaló en él, lo parasitó y lo fue mutando hasta convertirlo en la savia del sistema.

En los años que España pareció un país más dinámico, más emprendedor, más próspero, se consolidó una superestructura de redes políticas, administrativas y económicas dedicada al reparto de rentas, al control territorial y a la colonización paulatina del sistema institucional. El verdadero origen de la crisis no fue solo la burbuja inmobiliaria, sino su financiación. En España, a diferencia de otros países, el epicentro se localizó en las cajas de ahorros, entidades supuestamente sociales pero controladas por Gobiernos autonómicos, partidos y sindicatos. La politización de sus órganos, el crédito dirigido a promotores afines al poder local y la posterior socialización de las pérdidas transformaron una crisis financiera en una crisis de régimen político. Aquí no hubo debacle del capitalismo financiero: hubo debacle del capitalismo político.

La respuesta a esa crisis no fue el desmantelamiento del sistema político extractivo; al contrario, se reforzó. Más deuda, cero reformas y rescate de las estructuras que precisamente habían apuntalado el modelo. Se blindó la arquitectura del poder económico-político y se descargó el ajuste sobre el empleo, los salarios y el tejido productivo. El relato oficial hablaba de «crisis económica», pero el problema era un modelo institucional hinchado en la bonanza y que, una vez finalizados los días de vino y rosas, se sostendría a costa de la sociedad.

«El PIB puede crecer, pero los hospitales no tienen traumatólogo y los trenes descarrilan»

El sistema resistió, por supuesto. Lo hizo consumiendo la herencia acumulada: infraestructuras, capital humano, ahorro familiar, redes intergeneracionales y el colchón del dinero europeo. Así se enmascaró el deterioro. La decadencia española no era indolora, pero el dolor tampoco resultaba insoportable porque se repartió en cuotas anuales… prolongando la agonía. Tirar de esa herencia hizo que pareciera sostenible.

En 2014 la decadencia se hizo carne, al menos carne simbólica. La abdicación de Juan Carlos I no fue un simple relevo dinástico: fue el reconocimiento tácito de que el armazón político de la Transición entraba en su fase terminal. No fue un gesto personal: fue un acto de Estado, anunciado por el presidente del Gobierno y formalizado por ley orgánica. Sacrificar la pieza central servía para preservar el edificio sin tocar las vigas maestras. 

Los escándalos del Rey fueron el señuelo perfecto: toda la atención se concentró en una institución mientras se escamoteaba la auditoría del conjunto. Después de todo, los gobiernos sucesivos tenían la obligación legal de supervisar la Jefatura del Estado. ¿De verdad nadie sabía nada? ¿O es más verosímil que existiera una red de complicidades mucho más amplia que la Zarzuela? Visto con perspectiva, Juan Carlos I terminó siendo el chivo expiatorio de un régimen que llevaba lustros operando al límite de sus propias reglas. Se sacrificó una figura para salvar la estructura.

Desde entonces el deterioro percibido ha pasado a ser dolorosamente real: listas de espera sanitarias eternas, incidencias ferroviarias crónicas, infraestructuras atendidas cuando ya no hay más remedio, nunca de forma preventiva. Renfe es el paradigma: inversión en campañas cosméticas y planes pomposos, pero red envejecida, material decrépito y averías que desembocan en tragedias. El Estado recauda como si fuera Suecia mientras presta servicios de país subdesarrollado. El PIB puede crecer, pero los hospitales no tienen traumatólogo y los trenes descarrilan.

Paralelamente se ha completado la colonización. El CIS deja de hacer demoscopia para convertirse en aparato de propaganda; RTVE ya no solo refleja el color del Gobierno de turno, sino que asume la función de medio progubernamental; la Fiscalía asume sin pudor la lógica del alineamiento partidista; los reguladores son capturados; las empresas públicas se transforman en agencias de colocación y control. Las instituciones dejan de servir al ciudadano y pasan a servir al inquilino de la Moncloa. El sistema sigue funcionando por inercia, pero ya no corrige nada. Nadie asume responsabilidad, nada se reforma, todo se tapa.

El sanchismo es la fase terminal de esta dinámica. Una coalición nacida de la pura aritmética parlamentaria y orientada únicamente a la supervivencia, en la que la erosión de los contrapesos no es una tentación, sino instinto de conservación. Cuando la continuidad del poder depende de fuerzas cuyo objetivo declarado es saquear lo que queda del Estado, gobernar sin límites deja de ser una anomalía y se convierte en estrategia. La decadencia ya no se gestiona: se explota hasta sus últimas consecuencias.

Desgraciadamente, no se pueden vaciar las instituciones sin vaciar al mismo tiempo las expectativas de la gente. Para jóvenes y clases medias esforzarse ya no es sinónimo de futuro. No son solo los salarios: es el sistema de incentivos perverso. El mensaje implícito es claro: la protección está en no moverse. Quien renuncia a prosperar tiene derecho a una red de seguridad; quien intenta mejorar la pierde y gana presión fiscal. Así, el esfuerzo deja de ser una estrategia racional. No hemos construido una red de seguridad para situaciones de emergencia, sino un sistema que cronifica la dependencia y penaliza la iniciativa. Cuando se quiebra el pacto entre esfuerzo y recompensa, la sociedad deriva hacia el rentismo, el enchufe, la fuga de cerebros, el cinismo o la retirada silenciosa.

Lejos de corregirse, ese patrón se convierte en política de Estado a través del presupuesto.: gasto estructural creciente, inversión productiva menguante. Políticamente racional; económicamente suicida. Se protege el voto de hoy a costa de sacrificar el mañana. Votamos nuestro pasado hipotecando el futuro. Por eso el PIB sube mientras la sensación de estancamiento se agrava: se financia el consumo clientelar, no la creación de riqueza. 

¿Basta un mero cambio de Gobierno para revertir la grave situación actual? Puede frenar la hemorragia, pero la mera alternancia no sirve. El problema no es quién gobierna, sino con qué reglas, qué incentivos y qué controles. Si eso no se cambia, el relevo del gobierno puede suponer alguna mejora, pero la emergencia continuará.

El primer paso no es electoral: es cívico. Despertar. Tomar conciencia de que el principal perjudicado por esta degradación no es una abstracción llamada «Estado», sino la sociedad, las familias, el ciudadano corriente al que cada vez le cuesta más vivir, prosperar y planificar su futuro. El segundo paso es trasladar ese despertar a quienes aspiren a suceder a este régimen terminal. Y el tercero, dejar claro que el crédito se ha agotado. Ya no vale el «no sabíamos lo que había en los cajones». Cualquiera mínimamente atento intuye que el deterioro interno del Estado y de la Administración es mucho más profundo de lo que parece, y que sus consecuencias ya se están pagando en la vida cotidiana. No estamos ante un simple cambio de ciclo político: estamos ante una crisis de funcionamiento que afecta directamente a la capacidad del país para ofrecernos oportunidades, seguridad y futuro.

«No se trata de destruir el Estado, eso sería ingenuo y probablemente suicida en un mundo de potencias armadas y economías interconectadas»

España todavía no está al borde del colapso, pero ya ha superado la fase de decadencia. Está en emergencia funcional: servicios degradados, ascensor social bloqueado, instituciones capturadas y política orientada a clientelas. España no es un país mal gestionado. Es un país en el que la gestión consiste en perpetuar un sistema incompatible con la prosperidad.

La recomposición que hace falta no es un «pacto social» con el Estado, esa ficción romántica. Los contratos sociales, en su versión clásica o en las más edulcoradas del manual contemporáneo, son entelequias que sirven más para justificar el poder que para limitarlo. Mucho menos creíble resulta esa versión degradada que se presenta como «pacto» cuando lo único que hay es sumisión o resignación. El Estado, en el mejor de los supuestos, es un mal necesario; en nuestro caso, un parásito estructural.

Lo que requiere recomposición es la relación entre el ciudadano y la comunidad política. No con el Leviatán abstracto del Estado, no con la Moncloa ni con el engranaje autonómico, sino con esa red de vínculos, lealtades, normas compartidas y proyectos comunes que llamamos sociedad. 

El aparato estatal no pasa de ser un instrumento, un intermediario, una forma de organización administrativa que una comunidad se impone a sí misma en un momento determinado de la historia. Cuando ese instrumento se pervierte, se captura, se hipertrofia y empieza a devorar a quienes debía servir, la respuesta no consiste en firmar otro «pacto» con el Estado. Consiste en adelgazarlo, limitarlo, someterlo de nuevo a la comunidad política real y recordar a quienes aspiran a gestionarlo que su utilidad está supeditada a los intereses de la comunidad.

El verdadero vínculo, si es que alguna vez existió en términos auténticos, nunca fue entre individuo aislado y Estado. Fue entre ciudadanos que se reconocían mutuamente como parte de una misma polis, que aceptaban ciertas reglas para convivir y prosperar, y que delegaban en instituciones temporales y revocables la tarea de arbitrar. Lo vivido en las últimas décadas ha sido la sustitución progresiva de esa comunidad política por un Estado hipertrofiado convertido en fin en sí mismo y que ha terminado tratando a los ciudadanos como súbditos en lugar de como soberanos.

Restaurar esa relación exige, en primer lugar, desmitificar al Estado: dejar de contemplarlo como garante supremo de justicia, progreso o cohesión. En segundo lugar, recuperar la primacía de lo político sobre lo administrativo: que las decisiones relevantes vuelvan a debatirse en espacios donde la ciudadanía pueda reconocerse, no en ministerios blindados ni en coaliciones aritméticas de mera supervivencia. Y en tercer lugar, aceptar que cualquier recomposición pasa por reducir drásticamente el tamaño, el alcance y el presupuesto del intermediario que hoy se cree el protagonista.

No se trata de destruir el Estado, eso sería ingenuo y probablemente suicida en un mundo de potencias armadas y economías interconectadas. Se trata de rebajarlo a su condición de sirviente útil. La comunidad política es anterior y superior; el Estado, si se comporta, puede ser su brazo ejecutor. Si no, debe ser podado sin remordimientos. La lealtad última no se debe a un edificio en la Puerta de los Leones ni a un logotipo institucional: se debe a los conciudadanos con los que se comparte destino, riesgos y esperanzas. Todo lo demás es, o debería ser, accesorio.