El ocaso del criterio

Cada vez hay más evidencias de que el siglo XXI se va a caracterizar por la constante postración del criterio ante una dóxa digital y colectiva que propiamente no es tal y que está aún a la espera de un nuevo nombre técnico. Aristóteles distinguía entre oclocracia y democracia, siendo la primera una degeneración de la segunda. Si la democracia es idealmente el gobierno de los ciudadanos, la oclocracia consiste en el dictado de la muchedumbre, esa estupenda palabra que en español vincula acústicamente la masa con la podredumbre. El historiador Polibio, siguiendo a Aristóteles, consideró que la oclocracia era la fase previa y caótica al advenimiento de las tiranías, otro de los rasgos de la Antigüedad en el que volvemos a reconocernos. Quizá por tanto a esta nueva forma de opinión masiva, tóxica y destructiva podríamos empezar a llamarla oclorrea, que suena además a enfermedad venérea.

Muestras recientes de los efectos de esta nueva oclorrea las hemos tenido en los casos polémicos de publicaciones susceptibles de merecer el escarnio y aun el ajusticiamiento de sus responsables. Recientemente, mis buenos amigos Ignacio Peyró y Luis Solano se han visto obligados a poner la venda antes de la herida en un comunicado conjunto tras la noticia de la investigación en curso sobre los presuntos abusos sexuales cometidos por Julio Iglesias. Libros del Asteroide publicó el año pasado con éxito una biografía escrita por Peyró sobre el cantante titulada El español que enamoró al mundo. Temiendo, es de suponer, que el escándalo salpicara al libro, transformando al seductor en depredador y sus canciones en estupros, autor y editor quisieron protegerse de la oclorrea ofreciendo una apresurada excusatio non petita. En el mundo adulto se puede distinguir perfectamente entre un ensayo biográfico de un ídolo de masas y la posterior imputación del sujeto en un proceso jurídico. Pero en el Kindergarten digital es necesario, al parecer, pedir disculpas por escribir acerca de un personaje antes de que se hiciera público su procedimiento penal, menoscabando con ello, por cierto, la presunción de inocencia del acusado y consagrando así el viejo y falaz post hoc ergo propter hoc. 

A mi juicio, ni Peyró ni Solano necesitaban excusarse, sobre todo porque el comunicado desvirtúa su criterio a la hora escribir y editar el libro, que es lo que de verdad les avala en sus trayectorias. Y eso es justamente lo que está en juego en esta nueva conformación de la esfera pública. Si aquellos que solían detentar y defender un determinado criterio ceden ante la impugnación absolutista del mismo que se desprende de una oclorrea incapaz de hacer distinciones —la diferencia dada en la conciencia, fundamento del juicio—, quizá en un primer momento logren salvar el negocio, pero a la larga verán carcomidos los principios que hacen posible el libre ejercicio de la creación y la edición. 

Otro caso reciente y sonado ha sido el de Filmin y la polémica por la inclusión en su catálogo del documental Ícaro, la semana en llamas, centrado en el testimonio de los policías que trabajaron en la calle durante los disturbios posteriores a la publicación de la sentencia condenatoria de los líderes del proceso soberanista. Mi muy querido Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin, ha sufrido por ello el hedor de la más pura oclorrea e incluso ha sido sometido a un vergonzoso tercer grado por parte de periodistas independentistas —la servidumbre voluntaria propia de los mass media en Cataluña— que le han exigido rectificación y disculpas. Si algo se le puede reprochar a Ripoll es que haya sido demasiado educado con todos. Igualmente vergonzosa me parece, por cierto, la reacción del otro bando. Escandalizados por las explicaciones del editor y productor, numerosos periodistas y opinadores profesionales han manifestado su intención de boicotear a Filmin y darse de baja de la plataforma, alineándose de la peor manera con la facción que dicen combatir. Unos y otros contribuyen con su actitud a la vulneración de la facultad que permite escribir libros o rodar documentales, publicarlos y finalmente enjuiciarlos, de lo que se deriva una sana y exigente articulación democrática.

En su comunicado, Jaume Ripoll escribió que «programar una película no equivale a justificar su enfoque», una frase adulta que tendría que haber bastado para zanjar la cuestión y no tener que perderse en el lenguaje de la oclorrea, que todo lo infecta porque se está convirtiendo en la ley del mercado para todo el arco ideológico. Un editor, efectivamente, no tiene por qué secundar todos los puntos de vista que se exponen en su catálogo, entre otras cosas porque entonces sufriría una especie de esquizofrenia múltiple y severa. Su función consiste, precisamente, en permitir que convivan diferentes aproximaciones a problemáticas comunes, convivencia que en última instancia es lo que hace posible la discrepancia, que no es sino una de las virtualidades de la libertad que niegan y aún eclipsan tanto los lacayos del independentismo como los zafios campeadores del bando opuesto. Jaume Ripoll ha demostrado con creces hasta qué punto es indispensable el criterio a la hora de seleccionar y promocionar películas y documentales. De hecho, ha sido su insustituible criterio, capaz de vincular tradición y renovación, actualidad y memoria, lo que ha logrado que una empresa al principio pequeña como Filmin acabe compitiendo con las grandes corporaciones.

Conviene recordar, por otra parte, que el acoso a creadores y editores no es algo privativo de esta época hipertecnificada, sino que ha sido moneda común en todos los tiempos. En 1989, sin ir más lejos, Mario Lacruz, aquel gentleman de la edición barcelonesa, publicó en Seix Barral Los versos satánicos y fue condenado por ello a la misma fatua que emitió Homeini contra Salman Rushdie. El ayatolá consideraba tan culpables a los editores como al autor de la blasfemia cometida contra su Dios, con una lógica muy parecida, dicho sea de paso, a la que ahora sostiene la oclorrea. Lacruz recibió cientos de amenazas de muerte en su casa a las que no hizo ningún caso porque, decía, «el asesino peligroso es el que no avisa». A nadie se le pasó por la cabeza, por supuesto, que el editor publicara un comunicado expresando su respeto por el islam y por todas las sensibilidades religiosas. Al contrario, como recordaba Esther Tusquets, Mario Lacruz promovió un manifiesto de responsabilidad común entre los más importantes editores de entonces, en aras, justamente, del criterio que todos compartían y que consideraban el fundamento de su oficio. 

«Empieza a ser hora de preguntarnos si el estado calamitoso de las democracias no estará en el fondo relacionado con el olvido de estas elementales distinciones»

Pocos años después, en 1991, mi querida Silvia Querini, otra editora de raza, publicó en Ediciones B American Psycho de Bret Easton Ellis, una novela muy polémica en su día por el crudo relato que hacía del lado más oscuro del triunfante nihilismo yuppie. Silvia sufrió también amenazas e incluso siniestros intentos de intimidación en su casa, por lo que la empresa de Antonio Asensio le tuvo que poner escolta. Pero por supuesto no hubo ninguna complacencia con los psicópatas de pacotilla ni ningún amago de rectificación, sino tan solo una contundente defensa de su criterio. Lacruz y Querini, importa subrayarlo, aceptaron correr peligro ante una amenaza real e intolerable, mientras ahora cualquiera tiembla ante el matonismo bufo y ridículo de las redes. Un paisano de Querini y editor de la misma estirpe, Giulio Einaudi, distinguía entre edición sí y edición no. La segunda se caracterizaba por satisfacer los gustos más básicos del público, buscando su complacencia y su adulación, mientras que la primera se arriesgaba a descubrirle al lector complejidades ocultas, tratando de despertar su conciencia y tratándole como un adulto. Creo que empieza a ser hora de preguntarnos en serio si el estado calamitoso de las democracias en todo el mundo no estará en el fondo relacionado con el olvido de estas elementales distinciones y el consecuente ocaso del criterio.