La responsabilidad del Gobierno

La democracia española conserva dos peculiaridades bastante absurdas que revelan su juventud y su origen. Una es la llamada «jornada de reflexión», que impide a los candidatos explicar sus propuestas el día anterior a las elecciones, precisamente un día que puede ser determinante para muchos votantes indecisos. La otra es esa costumbre de evitar la petición de responsabilidades inmediatamente después de una catástrofe.

Ha vuelto a ocurrir esto último tras el accidente de trenes en Adamuz. «Ahora es el momento de las víctimas», decían los políticos y, sorprendentemente, muchos periodistas para justificar la espera en la exigencia de responsabilidades, como si una cosa fuera contradictoria con la otra.

La exigencia de responsabilidades en una democracia no tiene nada que ver con el señalamiento de culpabilidad. Se trata únicamente de dar satisfacción política y moral por un fallo grave ocurrido en el área de competencia del Gobierno. Es lo que en las democracias anglosajonas se entiende genéricamente como accountability. Al exigir responsabilidades no está culpando al Gobierno por la tragedia ocurrida. Se está pidiendo una reacción por un fallo ocurrido en el ámbito en el que el Gobierno tiene la potestad de actuar.

El Gobierno (o las empresas que controla) es el regulador y gestor del sistema ferroviario español. Es el que decide sobre el estado de las vías, sobre el número de trenes que circulan por ellas, qué compañías pueden hacerlo, así como las frecuencias y condiciones en las que se viaja. Es la máxima autoridad en la materia. De tal manera, que si el accidente de Adamuz hubiera sido culpa del mal estado de un tren de una empresa privada, la responsabilidad política sería del Gobierno. Si se debe a un fallo del sistema de control del tráfico ferroviario, la responsabilidad política es del Gobierno y, por supuesto, si es atribuible al estado de las vías, que gestiona directamente una empresa pública, la responsabilidad política es del Gobierno. Incluso en el caso de un sabotaje, existiría una responsabilidad política del Gobierno por el error en el sistema de seguridad de la red ferroviaria.

La asunción de responsabilidades, que únicamente se puede demostrar con dimisiones al más alto nivel, tiene como objeto ofrecer garantías a los ciudadanos sobre la calidad del servicio que le corresponde ofrecer al Gobierno. De esa manera, se da ejemplo de actuar con contundencia para castigar el error cometido y se envía un mensaje claro sobre la voluntad de subsanarlo.

«Al huir de sus responsabilidades, el Gobierno agrieta la credibilidad del sistema y arruina el prestigio de una democracia»

La asunción de responsabilidades tiene también una dimensión moral: ante una tragedia de la magnitud de la ocurrida, el Gobierno tiene la obligación de dejar patente ante la sociedad que también va a pagar un precio y que no a dejar al frente de los sistemas que fallaron a los mismos gestores que estaban cuando el accidente ocurrió. Nadie dice que el ministro Óscar Puente o el presidente de Adif sean culpables, pero su dimisión es imprescindible como medida de garantía para los ciudadanos y como satisfacción moral a la sociedad.

Ninguna regla de cortesía o sensibilidad impide hacer este ejercicio de exigencia de responsabilidades poco después de ocurrida la tragedia. Con este Gobierno no solamente no es exagerado, sino que es imprescindible. La experiencia demuestra su tendencia a dejar pasar el tiempo hasta que la pasión disminuya y algún otro episodio ayude a olvidar lo ocurrido sin necesidad de que rueden cabezas. Es realmente inaudito que un episodio del calibre del apagón del año pasado se haya saldado sin una sola dimisión.

Al huir de sus responsabilidades, el Gobierno agrieta la credibilidad del sistema y arruina el prestigio de una democracia, contribuyendo a la antipolítica y al fortalecimiento de opciones radicales y antidemocráticas.

La dimisión de los responsables políticos de la red ferroviaria es imprescindible para corregir los daños causados, tanto en las vías como en el sistema político. Esa responsabilidad incluye al presidente del Gobierno, que si no se ve obligatoriamente incluido en la lista de dimisiones, sí debe de ser quien asuma la sustitución de sus colaboradores, quien conduzca personalmente la investigación y quien encabece la rendición de cuentas con una detallada exposición de la información de la que disponga ante el Parlamento y ante los medios de comunicación. Era, por cierto, algo que debería de haber hecho desde el día siguiente de la tragedia, sin ridículas treguas políticas ni excusas de ningún tipo.