Inmigrantes rápido, rápido… y entrevista a Manuel Valls

No es la primera regularización masiva en España. En 2000 y en 2001, el Gobierno de José María Aznar personas regularizó a medio millón de ilegales. Y en 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lo superó con 576.000 personas regularizadas (la mayor hasta entonces). 

El Gobierno ha anunciado una nueva de medio millón (que serán tres cuartos) de inmigrantes en situación irregular con condiciones extraordinariamente laxas: bastan cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y justificantes de fácil obtención. Los antecedentes penales… ya se verá las modalidades. El decreto no nace por generación espontánea: lo impulsa Podemos, socio exterior imprescindible, y se apoya moral pero retrospectiva y torticeramente en una Iniciativa Legislativa Popular firmada por setecientas mil personas, tramitada en el Congreso con amplio respaldo, incluido el del PP, ya fuera por convicción propia o por la amable insistencia pastoral de la Conferencia Episcopal. DE haberse debatido y consensuado las condiciones habrían sido naturalmente otras.

La inmigración —su regulación, su control y las expulsiones— se ha convertido en uno de los grandes asuntos de nuestro tiempo, quizá porque toca el nervio de la identidad en una Europa fatigada, nacionalista y huérfana de su viejo amigo/enemigo americano, hoy más próximo a la hostilidad que a la colaboración en todos los ámbitos. Y existe la tentación de algunos partidos extremistas de importar la guerra cultural (y real) contra la inmigración que se vive en Estados Unidos, y produce escalofríos. También en Francia, tradicional país de acogida, el ministro del Justicia proponía hace unos días suspender durante dos o tres años la inmigración. Pero razonadamente y con excepciones.

El PP defiende un sistema de puntos que combina criterios laborales con uno más nebuloso y peligroso concepto: la llamada «proximidad cultural». Un eufemismo poco eficaz. ¿Podría algo parecido a esto? Musulmanes no; japoneses sí, chinos pocos que ya hay muchos; rusos no, bielorrusos tal vez; magrebíes no, sudafricanos sí; armenios sí, kazajos no. Moldavos, naturalmente, su lengua es casi latina y son cristianos. ¿Bosnios también? Sarajevo es Mitteleuropa, aunque muchos allí recen mirando a La Meca. Los iberoamericanos pasan casi todos el filtro: los hispanohablantes, claro. Dominicanos, bien; pero los haitianos que sigan pudriéndose en su media isla.

El verdadero problema es, sorpresa, el Islam; los chinos, antes mencionados, no se integran prácticamente, por ejemplo, pero no crean problemas para la sociedad. Viven en su mundo de trabajo y más trabajo (eso sí que es el cultural). Respeto mutuo. Pero los musulmanes que vienen a Europa no quieren dejar de ser religiosos; y su religión es un programa político. Y ahí es donde duele. El asunto es existencial y algún día alguien deberá encararlo con todas las consecuencias.

Conviene, sin embargo, que la realidad se imponga a la retórica. Medio millón de personas no «aparecen»: ya están aquí. Trabajan, consumen, pagan alquileres. Regularizarlas no crea inmigración; certifica un hecho consumado que el Estado ha sido incapaz —o no ha querido— regular. La economía española funciona desde hace décadas con una dosis estructural de trabajo irregular. La economía sumergida empobrece, defrauda y sólo beneficia a empresarios delincuentes. Regularizar no es un acto humanitario: es una operación de higiene jurídica y mejor salud económica. El trabajador regular cotiza, tributa y acaba arraigado. El Estado gana recaudación y control. Algunos lo critican porque serán futuros electores, primero municipales y luego para los parlamentos? ¿Y qué? (Ya dejó dicho aquí el politólogo Manu Mostaza (consultorio, al final) que los votantes no votan por agradecimiento, o apenas).

Hay, por supuesto, argumentos en contra. Puede entenderse el mensaje como que entrar irregularmente puede salir a cuenta. Las regularizaciones masivas generan expectativas y agravan el efecto llamada. Además, regularizar a posteriori equivale a admitir el fracaso del control de flujos, sin responsabilidades políticas. El plazo es arbitrario y crea un agravio comparativo evidente con quienes siguieron los cauces legales, largos y muchas veces desesperantes. Y queda el riesgo del colapso administrativo.

España envejece. La regularización no resuelve el problema demográfico, pero lo amortigua. España será tierra de acogida, lo quiera o no. La cuestión no es si llegarán, sino si sabremos integrarlos en algo parecido a un proyecto común. No hace tanto hubo casi un millón de rumanos: ciudadanos de la Unión Europea, cristianos, lengua latina. Hoy casi la mitad se ha ido. Los sudamericanos, en cambio, apenas regresan. Quizá la proximidad no era tan europea como se creía.

La regularización puede ser razonable, incluso necesaria. Pero con otras condiciones. Y convendría decirlo así, sin épica a favor y sin pancartas en contra.

Unas preguntas al ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, sobre la inmigración

P.- A raíz del anuncio del Gobierno español sobre la regularización de medio millón de inmigrantes en situación irregular, sectores de la oposición han criticado la medida por considerarla improvisada y contraria a las políticas europeas. La Comisión ha señalado que se trata de una competencia nacional. ¿Qué opina al respecto?

R.- Comprenderá que no me corresponde participar en el debate político español sobre el momento y la base jurídica de esta decisión de Pedro Sánchez.

Evidentemente, desconfío del uso cínico y peligroso del tema de la inmigración con fines políticos para impulsar a la extrema derecha y obstaculizar a la derecha; como francés, tengo cierta memoria y experiencia. Prefiero los pactos negociados entre formaciones gubernamentales a las divisiones artificiales. 

Pero sí, se trata efectivamente de una competencia nacional. Y, sin duda, es mejor tener trabajadores en situación regular que cotizan y pagan impuestos que trabajadores indocumentados.

Por supuesto, hay que prestar atención a las condiciones de la regularización, que deben ser claras y estrictas, pienso en los antecedentes penales o en la aceptación de nuestros valores democráticos, y de acogida (alojamiento, riesgo de presión sobre los servicios públicos, etc.).

Pero todos los países de la UE deberían definir sus políticas migratorias y llegar a una visión global y compartida para Europa. Por ejemplo, hemos sido capaces de acoger a los ucranianos que huían de la agresión de Putin y de la guerra…

P.- En Francia el debate está a la orden del día, y promete ser uno de los temas estrella en los debates electorales. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin (con orígenes familiares magrebíes), ha propuesto incluso una suspensión de dos tres años de la inmigración en Francia, ¿qué opina?

R.- La situación francesa es muy diferente a la española. Me refiero a las relaciones con los antiguos países colonizados, al origen de los inmigrantes —en España, el 70% de los inmigrantes proceden de Latinoamérica—, al idioma, al peso del islam, al reto demográfico, etc.

Desde hace tiempo propongo un frenazo claro a la inmigración laboral y familiar. Evidentemente, debemos asumir nuestras obligaciones en materia de asilo, al tiempo que luchamos contra los abusos.

Pero seamos francos, hay que cambiar de política, y quiero ser preciso con algunas cifras: en 2023, 347.000 inmigrantes entraron en Francia. El 46% de los inmigrantes que llegaron en 2023 nacieron en África y el 28% en Europa. En 2025, más de 380.000 ciudadanos extracomunitarios obtuvieron su primer permiso de residencia, casi 40.000 más que en 2024 (+ 11%). A finales de 2025, cerca de 4,5 millones de extranjeros disponían de un permiso de residencia válido, lo que representa el 8,1% de la población.

No podemos seguir a este ritmo.

La prioridad en Francia debe ser la asimilación de los hijos de inmigrantes y la integración de los inmigrantes recién llegados en situación regular que se concentran en los barrios populares. De ello depende la supervivencia de nuestro pacto republicano. No podemos seguir acogiendo en barrios que ya tienen dificultades —que sufren desempleo, fracaso escolar, violencia o narcotráfico— a decenas de miles de personas procedentes de las regiones más pobres de África.

También estoy a favor de una política de cuotas para determinados sectores profesionales en los que nos falta mano de obra, pero recuerdo que el desempleo en Francia, al igual que en España, es más elevado entre los inmigrantes que entre los nacionales.

También debemos restringir la inmigración familiar, que es hoy en día la principal fuente de inmigración.

Por último, sin una verdadera capacidad de expulsión y un control real de las fronteras comunes de la UE, no conseguiremos controlar los flujos migratorios. Los populistas se aprovechan de este sentimiento de impotencia.

Como hombre de izquierdas, creo que debemos inspirarnos en la política más restrictiva en materia de acogida y asilo del Gobierno socialdemócrata de Dinamarca.

P.- Usted pagó un alto precio político, siendo primer ministro, con su propuesta de retirada de la nacionalidad a los binacionales condenados por delitos, digamos, contra el Estado francés. ¿Lo sigue defendiendo…?

R.- Sí, evidentemente, aunque se trate de un tema distinto al de la inmigración.

Esta medida ya existe en nuestra legislación. Se aplica regularmente desde hace años por todos los gobiernos y ministros del Interior tras un dictamen de nuestro Consejo de Estado. Yo mismo he asumido este tipo de decisiones. Se trata de privar de la nacionalidad francesa exclusivamente, lo recuerdo, a los binacionales (para evitar que haya apátridas) condenados definitivamente por actos de terrorismo, participación en atentados o apoyo logístico y financiero a organizaciones terroristas.

En 2015, tras los atentados del Bataclan y las terrazas de restaurantes en París, el presidente François Hollande quiso incluir esta medida en nuestra Constitución para reforzar su base jurídica, que sigue siendo frágil. En el contexto terrorista, se trataba también de una elección simbólica ampliamente respaldada por la opinión política, entre todos los electorados. Las divisiones dentro de la izquierda y los bloqueos en el Senado, dominado por la derecha, no permitieron esta reforma constitucional. Siempre lo he lamentado. Pero, insisto, la medida sigue aplicándose, con unas 80 privaciones de nacionalidad desde 2015. Es una cifra considerable.

P.- ¿Cree que sólo debería abordarse el problema migratorio como una política común europea, con todas las consecuencias? ¿Acaso no somos un espacio económico pero también de libre establecimiento y libre circulación?

R.- Considero que el concepto de frontera no puede desaparecer y que los Estados nacionales deben poder controlarlas y definir sus políticas migratorias. En 2015, ante la explosión de los flujos migratorios relacionados con la crisis siria y también con los atentados islamistas que azotaron Francia, restablecimos el control de nuestras fronteras. Como primer ministro, fui uno de los pocos responsables europeos que se opuso a la decisión unilateral de la canciller alemana, Angela Merkel, de abrir las fronteras de nuestro vecino a cientos de miles de refugiados. No todos eran sirios… Todavía estamos sufriendo las consecuencias.

Pero es evidente que una política migratoria solo tiene sentido si se inscribe en un marco europeo. Ese es el objetivo del Pacto sobre Migración y Asilo adoptado en 2024. El control de las fronteras comunes, las relaciones con los países africanos, las tragedias en el Mediterráneo y la ayuda al desarrollo deberían imponer un refuerzo de esta cooperación. Estamos lejos de ello.

P.- ¿Cree que medidas como la española puede acarrear problemas a sus vecinos, con la libre circulación, o provocar un efecto llamada?

R.- Insisto, España es soberana. La Italia de la señora Meloni también ha llevado a cabo una regularización masiva: entre 2023 y 2025, se han concedido 450 000 permisos de residencia a trabajadores y trabajadoras extranjeros para paliar la escasez de mano de obra en diversos sectores.

Pero seamos conscientes de la evolución demográfica en África, cuya población se duplicará en 2050. Alcanzará los 1900 millones de habitantes. Nigeria, por ejemplo, contará con 400 millones de habitantes, sin hablar de las consecuencias de los conflictos armados en el Sahel o del calentamiento global.

Por lo tanto, abogo por una verdadera política de gestión de los flujos migratorios a nivel de la UE, en particular entre los países del sur y los mediterráneos. Lo que ocurre en las Canarias, en el estrecho de Gibraltar o entre Argelia y las Baleares también nos interesa directamente, como europeos.

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Coda 1) Trenes con mucha cola. La tragedia de Adamuz traerá mucha cola, judicial, como es lógico pero también política, como era inevitable. No sólo por el precedente de la Dana, que aún colea y lo que coleará, sino porque el miedo a la seguridad de los trenes es muy superior, claro está, al miedo a una nueva dana, porque en el segundo caso las enseñanzas existen. En el otro todo está por ver. 

La defensa numantina de su propia gestión del ministro Puente, a modo de fusible de Sánchez, con una verborrea que sólo convence a los previamente convencidos, no hará sino aumentar la indignación de gran parte de la ciudadanía. De poco les servirá, sin embargo, señalar el bajo nivel de inversiones de los ejecutivos de Rajoy (cierto, todo hay que decirlo) como el origen de los problemas que aquejan al sistema ferroviario en su conjunto: no es solo que la Alta Velocidad se hay vuelto, de repente, peligrosa, es que ya adolecía de retrasos crónicos y otras disfunciones. También las líneas de cercanías son una pesadilla cotidiana para millones de viajeros. Y las líneas de medias distancia, que aparecen menos en el punto de mira, será porque cada vez son menos: la alta velocidad se las ha cargado en gran parte y muchos puntos de la geografía están peor servidos hoy que hace tres décadas.

En el funeral religioso, al que no acudieron ni Sánchez ni Puente por miedo a ser abucheados cuando no increpados, los tres ministros del Gobierno se quedaron en un rincón al finalizar la misa y ni se atrevieron a dar el pésame a las familias de los afectados y a los heridos, como hicieron el presidente del a Junta Moreno Bonilla, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda Plata y los reyes de España. Papelón.

Andalucía no es Valencia, y una ceremonia criptomasónica como la de hace unos meses como homenaje a las víctimas de la Dana resultaba impensable y un riesgo inasumible. A Ayuso no se le ocurrió mejor idea que mantener la misa prevista en la Almudena el mismo día, pudiendo haberla desplazado a este fin de semana. Querer ser el ariete del PP contra el Gobierno en este tema tan delicado no ayuda al partido ni a Feijóo. El asunto es estructural y afecta a competencias estatales, no regionales, ni siquiera compartidas. 

El efecto contagio en las Rodalies catalanas a cuenta del accidente por un desprendimiento que costó la vida al conductor de un tren podría a su vez afectar a las relaciones ya dañadas entre Junts y el Gobierno, toda vez que la cesión de Rodalies a la Generalitat no acaba de concretarse y que Puigdemont está en capilla a la espera de la sentencia del TJUE de Luxemburgo sobre la ley de amnistía para exigir poder volver en loor de no se sabe qué o bien romper la baraja de una vez por todas con el PSOE….

Invierno caliente. Y luego dicen que hace mucho frío.

Coda 2) ETA no existe, estúpidos. Como era de esperar, visto el melonar, los pactos del Gobierno con Bildu son los más invisibles pero no por ellos los menos dañinos. La iniciativa de excluir a ETA de la lista vigente europea de organizaciones terroristas, ahora que por fin entra en ella la sanguinaria Guardianes de le Revolución Islamista de Irán converge con el progresivo blanqueamiento del heredero político de la banda asesina, socio más fiel de Sánchez. Es cierto que no existe pero su memoria sí. Podrían quitarla de la lista tal vez, el día en que se haya reparado, en todos los aspectos, como es debido a las víctimas. Es una vergüenza estatal que no se haya hecho todavía.

Coda 3) Contra el antisemitismo catalán (y no sólo). El próximo 2 de febrero tendrá lugar un evento de suma importancia en Barcelona, que sigue deshermanada de Tel Aviv desde tiempos de Ada Colau, y que desde el 30 de mayo pasado ha declarado su ruptura de relaciones institucionales con el Gobierno de Israel. Un ejemplo de antipolarización, visto el perfil de los patrocinadores. Una buena noticia, por fin. Aquí va el comunicado de prensa:

Personalidades como el exalcalde Xavier Trias, el ex primer ministro de Francia Manuel Valls y el senador del PSC Gabriel Colomé se unen en Barcelona en el lanzamiento de la fundación EMET – Verdad para luchar contra el antisemitismo. [[email protected]]

Un grupo de personalidades formado por Manuel Valls, ex primer ministro de Francia, Xavier Trias, ex alcalde de Barcelona, Gabriel Colomé, senador en las Cortes Generales y Adriá Fortet, historiador y las instituciones Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Barcelona, presenta en Barcelona la Fundación EMET – Verdad, una iniciativa que nace como respuesta al alarmante aumento de actos de antisemitismo registrado en Cataluña tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que ha tenido un impacto directo en el clima social y en la seguridad de las comunidades judías.

Los acontecimientos de los últimos meses con acoso y ataque a viviendas y negocios vinculados a judíos, el mapa publicado por GoGo Carto o la última profanación del cementerio judío de Les Corts de Barcelona ponen de manifiesto este preocupante auge de antisemitismo en Barcelona, en Cataluña y en el conjunto de España.

La fundación, de carácter plural, independiente y transversal, desarrollará acciones destinadas a la promoción de la tolerancia, el respeto y la convivencia, con el objetivo de combatir el antisemitismo y otras formas de odio. Su actividad se articulará a través de iniciativas de sensibilización, educación y diálogo, orientadas a fortalecer los valores democráticos y la cohesión social.

El acto contará con la intervención de los patronos de la fundación, quienes presentarán las líneas estratégicas y los objetivos de la entidad, así como con el testimonio de víctimas y supervivientes del antisemitismo. Sus intervenciones permitirán visibilizar el impacto real de esta forma de discriminación y subrayar la importancia de la memoria, la concienciación social y el compromiso institucional en la lucha contra el odio.

Coda 4) Gallardía. Pérez-Reverte, quien fuera reportero de guerra en tantos frentes y, según él con la muerte en los talones, ha decidido aplazar con poca gallardía (¿por qué más adelante será diferente?) su encuentro en Sevilla ¿La guerra [civil] que todos perdimos? Empezó diciendo que por un quítame allá esos interrogantes… En vez de celebrarlo y debatir sobre el boicot, secuela de la susodicha guerra. El novelista David Uclés, que con su boicot cree así promocionar su nuevo libro sobre Barcelona, y que se ha hecho rico con una novela de mal realismo mágico sobro la Guerra Civil, ha conseguido su objetivo de seguir conmemorando el año Franco, con su censura, tan bien vista y secundada por los sospechosos habituales.

Y ahora el —pronto ya consuetudinario— Consultorio Mostaza:

1) ¿Cree que el ambiente creado después del accidente de tren en Adamuz y las críticas al Gobierno pueden pasarle factura a Pilar Alegría? 

—Me temo que la sociedad está demasiado polarizada como para que estas cosas tengan un impacto inmediato: para el votante socialista que sigue fiel a las siglas, el accidente fue inevitable y la respuesta del ministro tuitero, brillante. Las encuestas detectan una leve bajada de la fidelidad del PSOE en toda España, y seguro que esto tendrá su reflejo en Aragón, pero es que los datos de la candidatura de Pilar Alegría eran ya muy malos antes del accidente y es muy probable que obtenga los peores resultados de la historia del partido en la comunidad. Bajar de los 18 escaños sería un desastre sin paliativos para el PSOE, pero quizá no para el Palacio de la Moncloa: la nación se gobierna mejor si los barones regionales son indigentes y carecen de poder.

2) El anuncio de la regularización de medio millón de inmigrantes irregulares puede, a su vez, tener un reflejo electoral en Aragón y en las siguientes convocatorias electorales? ¿Beneficia a Podemos el haber sido el impulsor de la medida? ¿A Vox, que se ha mostrado ferozmente crítico? ¿A PSOE y PP?

—La inmigración y su gestión empieza a ser vista en los últimos meses como un problema para un sector muy relevante de la sociedad española. En esto tampoco somos una anomalía: en todo Occidente una parte importante de la población está temerosa del impacto que los flujos migratorios tienen en sus sociedades; por lo tanto, no tengo claro que este tipo de medidas vaya a beneficiar especialmente ni a Podemos ni al Gobierno. Más bien al contrario; apuntala el discurso de Vox de rechazo a la inmigración, aunque quizá eso sea lo que busca en realidad el Ejecutivo. Parece que desde Moncloa, con eso de «la ética del engaño», crean que cebar a Vox es la única estrategia posible para mantenerse en el poder. También el PP lo intentó con Podemos en su momento y el resultado lo hemos sufrido durante la última década.

3) ¿Puede ser la tragedia ferroviaria con todas las investigaciones en curso, que sin duda se alargarán, la repetición de lo acontecido con la DANA, es decir un campo de batalla político entre el Gobierno y las distintas oposiciones?

—Lo será seguro. No sólo por el ánimo «de revancha» del PP después del tratamiento que la izquierda y la extrema izquierda han dado tanto a la DANA como a la pandemia en la Comunidad de Madrid (ya saben, la única región en la que murieron ancianos en las residencias). Es que, además, se trata de un tema muy sensible para la sociedad española, porque la alta velocidad era la metáfora de la modernidad. Tal y como preconizaba la «Generación del 14» el futuro pasaba por la democracia y por la entrada en Europa. La alta velocidad era por fin un sueño cumplido: ya éramos un país moderno, cien años después.

El accidente, además de su trágico balance en forma de vidas humanas, ejemplifica también a ojos de la ciudadanía un país que ya no funciona como antes y que muestra cierta fatiga estructural: la autovía A6 tiene tramos llenos de baches en la provincia de León, el apagón era impensable y sucedió, un accidente de alta velocidad era impensable y también sucedió…

4) El caos en Rodalies está creando tensiones impensable hasta hace poco entre el Gobierno y los dos principales partidos independentistas. ¿Puede esto suponer que, especialmente en el caso de Junts, se acabe de consumar su anunciada ruptura con Sánchez, y ello equivalga a una moción de censura tácita o de pérdida de confianza, y desemboque en unas elecciones generales anticipadas?

—Déjeme llamarles secesionistas. No pueden ser independentistas porque los que se independizan son las colonias. Uno no termina de entender qué gana Junts manteniendo la respiración asistida a un gobierno de izquierdas —con ministros comunistas— como este cuando su apoyo ha coincidido con una pérdida de poder cada vez más evidente. Los herederos de la que fue la hegemónica Convergència en Cataluña tienen hoy como grandes feudos de gobierno apenas a la Diputación (provincial) de Gerona y el ayuntamiento de Sant Cugat. Por si esto fuera poco, tienen una versión mejorada y mucho más desacomplejada pisándoles los talones en forma de Aliança Catalana. Veremos a ver lo que ocurre, pero no olvide que el mítico Valentín Almirall, el autor de El catalanismo terminó sus días en las filas del republicanismo unitario de Lerroux.