La política de ocultar los costes

La semana pasada, el accidente de Adamuz puso de manifiesto las consecuencias de años de déficit de inversión y mantenimiento. Esta semana, el Gobierno llevó al Congreso un decreto ómnibus que consolida y amplía, en múltiples frentes, gasto inmediatamente disfrutable. No son episodios inconexos. Son dos manifestaciones de la misma elección presupuestaria.

Esa forma de decidir responde a un cálculo político sencillo: destacar los beneficios y ocultar los costes. El diseño no niega la escasez; reordena su percepción. Cuando los beneficios son inmediatos y apropiables, y los costes se difieren, se dispersan o se trasladan a terceros, la rendición de cuentas se debilita y el presupuesto deja de ordenar prioridades para convertirse en un instrumento de incidencia electoral.

El gasto se concentra entonces en beneficios jerarquizados por su rentabilidad política. En la cúspide, pensiones y sueldos públicos, por su peso electoral y su carácter permanente. A continuación, transferencias territoriales y cambios asimétricos en la financiación autonómica, decisivos para sostener mayorías parlamentarias. En niveles inferiores, protecciones que desplazan costes a privados y bonos de alta visibilidad, de menor calado pero alto rendimiento electoral. La lógica se repite: efecto inmediato, beneficiario identificable y alta capacidad de movilización.

La otra cara es el desplazamiento del coste. No desaparece; se traslada. Territorialmente, al concentrar beneficios en comunidades bisagra y repartir la factura entre todos. Entre colectivos, al proteger a unos a costa de otros: inquilinos a costa de propietarios, morosos a costa de bancos, trabajadores con empleo hoy a costa de parados y subempleados futuros. En el tiempo, al cargar la cuenta sobre la deuda, la inflación, los impuestos futuros y la degradación de los servicios públicos por falta de inversión y mantenimiento. En todos los casos, el coste se coloca donde no implica una pérdida inmediata de apoyo político.

Las pensiones ilustran esta lógica. El sistema promete prestaciones que, en promedio, devuelven más de lo aportado. El diferencial se cubre hoy con transferencias y endeudamiento y se presenta como sostenibilidad mediante la llamada «hucha», financiada con esa misma deuda; mientras tanto, el coste se difiere. No es una anomalía: es el núcleo del modelo.

Esa elección genera una asimetría estructural en la percepción de costes y beneficios. Lo específico del sanchismo no es crear ese sesgo —presente desde el inicio en nuestro Estado de bienestar, de índole entre mediterránea y caribeña—, sino agravarlo mediante una táctica que vuelve ineficaces las cautelas procedimentales diseñadas para contenerlo. Los presupuestos anuales, las reglas de estabilidad, los informes técnicos exigidos por ley y el debate parlamentario existen precisamente para hacer explícitos y visibles los costes y beneficios de las distintas opciones, ponderar sus costes de oportunidad y financiar decisiones en un contexto de recursos inevitablemente escasos.

Por eso, el instrumento central para ejecutar esta táctica es la neutralización del presupuesto, que deja de ordenar prioridades y pasa a convertirse en un mero telón de fondo. La carencia de presupuestos no es un accidente político, sino una condición funcional. La Constitución obliga al Gobierno a presentar anualmente los Presupuestos Generales del Estado; si no se aprueban, se prorrogan automáticamente los del ejercicio anterior, con graves limitaciones para el control democrático del gasto. 

«Se puede engañar con datos falsos, pero se engaña de forma más eficaz cuando el diseño institucional hace invisible el coste»

Esa prórroga vacía de contenido el principal mecanismo diseñado para confrontar costes y beneficios. Sin presupuestos, Hacienda deja de arbitrar entre ministerios y de asignar la escasez. Pasa a operar como un ministerio de gestión política del gasto, orientado a cerrar acuerdos parciales y atender demandas puntuales. La escasez deja de asignarse. Se administra. Y sin un marco que obligue a priorizar, cada medida se decide caso a caso, sin comparación explícita entre alternativas. En ese contexto, el decreto-ley deja de ser una excepción y pasa a convertirse en el instrumento ordinario de decisión, con el decreto ómnibus como expresión más acabada de esa lógica. 

Este modo de gestionar la escasez, ocultándola, solo resulta sostenible mientras el crédito atenúa la señal de coste que disciplina las decisiones. La financiación barata aplaza la factura. Además, debilita la comparación entre promesas y recursos y amplifica la asimetría informativa. Mientras el pago puede diferirse, el coste deja de percibirse y la rendición de cuentas se diluye. La combinación del euro y una política monetaria acomodaticia del BCE —desde el «whatever it takes» de Mario Draghi el 26 de julio de 2012— ha reducido la percepción social de la escasez, fomentando una complacencia que empobrece la deliberación democrática.

Se puede engañar con datos falsos, pero se engaña de forma más eficaz cuando el diseño institucional hace invisible el coste. Los primeros síntomas no aparecen donde el beneficio es más visible, sino allí donde el coste oculto empieza a hacerse observable. No por incompetencia puntual, sino por la lógica interna del modelo: inversión sacrificada, mantenimiento postergado y uso creciente. 

En infraestructuras, el coste oculto empezó a hacerse visible hace años. Baches en autovías cada vez más transitadas, atascos tras la supresión de peajes y mantenimiento diferido no son fallos aislados: son el resultado previsible de aplazar inversión y mantenimiento para priorizar gasto inmediatamente disfrutable. El coste que ayer se ocultó hoy aparece en forma de peor servicio. Durante años, estas señales fueron fragmentarias y fáciles de normalizar.

La pandemia fue un aviso mucho más contundente. No solo puso a prueba la sanidad, sino la robustez del conjunto del sistema público. Ante el colapso potencial, se suspendieron reglas, se recurrió a gasto extraordinario y se movilizó crédito masivo. Aquella reacción era comprensible como respuesta de emergencia. Lo relevante vino después: tratamos el shock como una excepción, no como una oportunidad de aprendizaje.

Superado el shock, reforzamos la lógica de la ocultación y aplazamiento del coste. La propia pandemia fue reveladora: mientras los ingresos privados caían, se blindaron y elevaron sueldos públicos; y cuando más necesaria era la rendición de cuentas, el Parlamento redujo su actividad. La excepcionalidad se normalizó. Sirvió además de excusa para rescatar empresas inviables y decretar medidas supuestamente temporales que acabaron consolidándose. Las reglas no recuperaron su función disciplinaria y el crédito siguió amortiguando la señal de escasez. El aviso fue claro; la reacción, superficial, complaciente y miope. 

«El comportamiento es inequívoco: cuando el sistema público rebaja la calidad del servicio por debajo de un umbral mínimo, quienes pueden compran calidad por su cuenta»

Adamuz es un aviso de otra naturaleza: material, localizado y evitable. No sistémico como la pandemia ni geopolítico como la guerra de Ucrania, ni tecnológico como el reciente apagón, sino un indicio empírico de fragilidad acumulada. En unos casos, por falta de inversión; en otros, por inversiones mal orientadas, diseñadas para maximizar beneficios inmediatamente perceptibles ocultando costes en términos de riesgo y respaldo de seguridad. El mecanismo es común: aplazar el mantenimiento u ocultar los costes no los elimina; solo hace que la factura se presente de golpe.

Ese mismo proceso se manifiesta también donde no estalla de golpe, sino que se acumula en silencio. En sanidad y educación, los indicios son menos espectaculares, pero no menos reveladores. Las listas de espera y los malos resultados reflejados en PISA han venido acompañados de una salida creciente hacia seguros y centros privados. Lo mismo ocurre en la universidad, donde la presión sobre las públicas ha llevado incluso al Gobierno a intentar bloquear la expansión de las privadas, pese a la subvención casi integral de la que ya disfrutan las primeras.

El comportamiento es inequívoco: cuando el sistema público rebaja la calidad del servicio por debajo de un umbral mínimo, quienes pueden compran calidad por su cuenta. El gasto corriente se mantiene visible; la inversión que rinde a largo plazo se difiere. Cuando el problema deja de ser coyuntural, los primeros en abandonar son precisamente quienes más defienden lo público, que ajustan su conducta privada mucho antes de admitir el deterioro en el debate público.

Estas señales de alarma sugieren que ha llegado el momento de reaccionar.

La cuestión decisiva no es si estos episodios se repetirán, sino si esta vez se aprenderá de ellos y quién será capaz de liderar el cambio, porque la experiencia indica que estos avisos rara vez activan respuestas a tiempo. Cuando llegan, suelen hacerlo tarde, sin margen para el ajuste gradual y con soluciones de emergencia. Los hechos sugieren que ese margen se ha estrechado.

La pregunta ya no es solo cómo gobierna quien detenta el poder, sino si la oposición, marcada por una desunión y una falta de criterio ya observables en crisis anteriores, está sabiendo aprovechar esta ocasión para desactivar la dinámica institucional de ocultación de costes.