Competencias e incompetentes

Dice el artículo 2 de la Constitución que esta «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las Nacionalidades y regiones que la integran». Pero el artículo continúa diciendo algo que este Gobierno y la totalidad de los grupos nacionalistas e independentistas parecen haber olvidado: que, además del derecho a la autonomía, se garantiza también «la solidaridad entre todas ellas».

No es el único olvido fundamental que sufrimos desde hace años. La Carta Magna tiene otro de sus ejes esenciales en la igualdad de los españoles. Iguales ante la ley, dice el artículo 14, sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nuestra Constitución convirtió a España en un Estado social y democrático de Derecho que debe ser protegido. El artículo 9.2 establece que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas». Y, por si quedara alguna duda, el artículo 139.1 afirma que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Todo aire para Pedro Sánchez y sus socios.

Han sido años de un Gobierno en los que su poder y su mayoría parlamentaria se han basado sistemáticamente en la conculcación tanto de la solidaridad entre autonomías como de la igualdad de los españoles ante la ley, independientemente del lugar del país en el que vivan. Al principio puede que incluso lo hiciera con cierto complejo de culpabilidad, no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía: mintiendo y ocultando incluso a su propio electorado sus verdaderas intenciones. Así llegaron los indultos, la eliminación del delito de sedición y el blanqueo del delito de malversación. También los pactos de gobierno con Podemos o los más indignos con Bildu. El mismo candidato que prometía traer a Puigdemont a España para ser juzgado se convirtió, pocos días después, en el presidente que reventaba las costuras constitucionales para aprobar una indigna ley de amnistía, redactada por los mismos prófugos y condenados que iban a beneficiarse con ella.

No ha habido línea roja ética, política o social que no haya sido vulnerada en estos años por Pedro Sánchez. Se podría hablar de la complicidad de sus ministros, de sus diputados o incluso de la mayoría de los cargos públicos socialistas. Sería un ejercicio falso. En estos años, todo lo que se hace o se deja de hacer desde el Gobierno responde al único cálculo personal e intransferible de Pedro Sánchez. Del Partido Socialista ya casi da pena hablar: sus cuadros se han convertido en zombis ideológicos que no reconocen ni sus propios principios de antaño, aquellos de lucha por la solidaridad, el feminismo o contra la corrupción. En Ferraz, la palabra «autocrítica» genera miedo. Todos la mencionan, pero no para ejercerla, sino para exigirla a los demás.

Exigen hipócritamente solidaridad financiera a las comunidades ricas gobernadas por el PP, que son año tras año las que más aportan a los fondos interterritoriales, y al mismo tiempo defienden una financiación para Cataluña que califican de singular, cuando en realidad es un auténtico máster en financiación clasista, xenófoba y chantajista, basada en un criterio feudal de ordinalidad destinado a beneficiar únicamente a Cataluña. Ni criterio es.

«El Gobierno retuerce la verdad aun sabiendo que traicionan sus principios y sacrifican a sus propios candidatos autonómicos»

A este Gobierno, que se autodenomina progresista, aunque haya estado y siga sostenido por partidos de derecha como Junts o el PNV, no le importa conceder una sobrefinanciación a aquellos territorios con partidos cuyos votos le resultan útiles. El País Vasco y Navarra vienen servidos de cuna por esos «modernos» derechos forales que les reconoce la Constitución y que es en lo único que defienden los independentistas vascos de la Carta Magna. Tampoco se avergüenza el Gobierno progresista del PSOE y de Sumar de traspasar las competencias de inmigración a Cataluña para que Junts, su socio racista y xenófobo, pueda colgarse una medalla ante su electorado y frente a Aliança Catalana, el partido más racista y xenófobo de España.

Romper políticas que deberían ser únicas y comunes en cualquier Estado —como la inmigración y, por extensión, la gestión de fronteras, la caja única de la Seguridad Social o la gestión de los aeropuertos nacionales— no asusta ni a Sánchez ni a sus acólitos. La adicción al poder del presidente es tan extrema que hasta sus socios chantajistas presumen de que nunca, en ocho años, fue tan fácil arrancarle todo tipo de competencias o privilegios.

Nos encontramos ante la incompetencia de un Gobierno que no sabe gobernar y que solo sabe pagar su permanencia en el poder con transferencias de competencias a partidos supuestamente de izquierdas, que, al igual que el PSOE, han renunciado a cualquier exigencia ética o moral ante los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. Todos se tapan la nariz. El Gobierno retuerce la verdad aun sabiendo que traicionan sus principios y sacrifican a sus propios candidatos autonómicos. A Sánchez le da igual perder Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía, con tal de ganar unas semanas más en el sillón de la Moncloa. Confía en que, de aquí a su añorado 2027, ocurran cosas que le devuelvan a una mejor posición. Sabe que llegará un tsunami de juicios por corrupción en su entorno gubernamental, partidista e incluso familiar que, en cualquier democracia sana, provocaría un escándalo mayúsculo. Pero confía en retrasarlos, ganarlos o si llega el caso, indultar a los condenados. No sería la primera vez.

El Gobierno cuenta con el viento a favor de unas magnitudes macroeconómicas aparentemente positivas, dopadas por los fondos europeos y por una deuda que otros tendrán que afrontar. Oculta incompetencias estructurales. Pese a los años de gobierno progresista España siga siendo el segundo país de la UE con mayor tasa de paro, tanto global como juvenil. No se avergüenza siquiera de que en estos últimos años los ricos sean cada vez más ricos y aumente, por el contrario, el número de ciudadanos en riesgo de pobreza. Incluso es capaz de parapetarse detrás de los pensionistas mediante decretos ómnibus pagar más chantajes que le permitan seguir en el poder. No siempre lo consigue, pero sacará otra cuestión polémica que acapare tiempo.

A Sánchez le da miedo salir de la Moncloa. No pisa la calle. Pese a contar con centenares de asesores, solo confía en sí mismo y en una conciencia maquiavélica preparada solo para seguir en el poder. Sabe que no puede gobernar, pero sí regalar competencias para paliar esa incompetencia aritmética. Ni siquiera le importa realmente aprobar o no los presupuestos generales del Estado. Le sirven únicamente como excusa para seguir negociando y gobernar con decretazos que luego no consolida. Negocia miserias y las pierde, pero gana tiempo. Y mientras, nuestras redes eléctricas o ferroviarias, por poner solo dos ejemplos, se deterioran sin que nadie haga ni asuma nada.