Los quinientos mil
«Al final, tras las apelaciones buenistas a los derechos humanos y a las políticas sociales, lo que se oculta es el afán de poder»
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido resucitar en 2026 una regularización masiva que llevaba tiempo guardada en un cajón. No lo hace ni por humanidad ni por convicción, sino por pura necesidad política. La medida aparece justo cuando el Ejecutivo necesita desviar el foco de dos frentes que amenazan con devorarlo: eludir la responsabilidad política por la tragedia de Adamuz, con 46 muertos tras siete años de abandono y corrupción en el Ministerio de Transportes, y amortiguar el impacto de las informaciones que están por emerger. Por un lado, sobre la financiación irregular del socialismo vinculada al chavismo —el llamado sobre de Aldama— y, por otro lado, sobre el presunto tráfico de influencias que conecta al expresidente Zapatero con el rescate de Plus Ultra y el cobro de presuntas comisiones camufladas como asesorías globales.
La regularización de «los quinientos mil» es puro manual de resistencia y cumple al dedillo con los mandamientos de la propaganda sanchista: proyección, distracción y polarización. El presidente relanza su imagen exterior como referente político frente a la internacional fascista mientras embarca a la alternativa conservadora en cuitas identitarias, consiguiendo así que el verdadero problema sea relegado al olvido. Un win-win.
El engaño no está solo en el momento elegido, sino en la cifra. Los «quinientos mil» no definen el impacto real de la medida, porque una regularización masiva no se agota en quienes resultan directamente beneficiados, sino que activa automáticamente la reagrupación familiar. Es un efecto legal conocido y perfectamente previsible. Traducido a números: a esos quinientos mil hay que sumar cónyuges, hijos y ascendientes, lo que eleva el saldo real a entre 1,5 y 2 millones de nuevos residentes en muy poco tiempo. Este es el cálculo que el Gobierno evita deliberadamente hacer mientras insiste en el relato humanitario.
El verdadero problema no es identitario ni tiene nada que ver con el respeto a los derechos humanos: es de capacidad. Nuestro Estado del bienestar está ya saturado y no puede absorber un incremento de entre uno y dos millones de nuevos usuarios sin degradarse aún más. Hoy ya se tardan meses en conseguir algunas citas médicas y más de un año en acceder a una intervención quirúrgica ordinaria. Con ese aumento de población dependiente, los tiempos de espera se dispararán. Y no solo en sanidad: ocurrirá en el transporte público, en la justicia, en la educación y en cualquier relación con una administración desbordada. Da igual que hayan cotizado o no: todos accederán a las mismas prestaciones. Ese es el modelo. Y precisamente por eso, es insostenible.
A esa presión estructural se suma una provocación deliberada: permitir que la aportación del certificado de antecedentes penales por parte de los solicitantes sea sustituida por una mera declaración responsable. Es un cebo político. El Gobierno sabe que esa concesión activará la reacción inmediata de la oposición y desplazará el debate hacia la seguridad y la moralización del discurso, relegando a un segundo plano lo esencial: la incapacidad material del sistema para absorber el volumen real de población que se pretende regularizar.
Precisamente por eso la decisión no responde a una lógica de gestión, sino de desgaste deliberado. Este Ejecutivo asume que su ciclo político está agotado y actúa en consecuencia: no para corregir los problemas que deja, sino para agrandarlos y transferir el coste a quien venga detrás. El objetivo es condicionar el próximo mandato y dejar a la oposición —previsiblemente un Ejecutivo de coalición entre el Partido Popular y Vox— un país prácticamente ingobernable: instituciones colonizadas, servicios públicos desbordados por una presión demográfica artificiosa y una capacidad de inversión anulada por una deuda pública disparada y un gasto estructural orientado a sostener un voto pensionista cautivo. No es una política de futuro, sino una estrategia de tierra quemada.
No conviene descartar una última jugada. La regularización es solo el primer paso hacia un proceso de nacionalizaciones masivas con efectos electorales directos. Hoy, los nacionales de países iberoamericanos acceden a la nacionalidad en dos años y los marroquíes en diez, aunque la legislación ya contempla múltiples excepciones para acortar esos plazos. La nacionalidad implica derecho de voto en elecciones generales, y ese dato es central. Nadie debería sorprenderse si el Gobierno intenta reformar el Código Civil para reducir aún más los tiempos o ampliar los supuestos de acceso acelerado, especialmente para colectivos hoy excluidos. Que nadie se deje engañar por los exaltados discursos melenchonistas de Irene Montero. El reemplazo poblacional les importa poco, lo que buscan es un reemplazo electoral. Millones de nuevos votantes potenciales de izquierda que amortigüen la debacle que se avecina. Porque al final, tras las apelaciones buenistas a los derechos humanos y a las políticas sociales, lo que se oculta es el afán de poder. No hay nada más.