La geometría de la impunidad

El AVE nunca fue solo un tren. Fue un proyectil contra el complejo de inferioridad posfranquista. Fue la prueba rodante de nuestra democratización, nuestra eficacia, nuestra entrada en el Club de Occidente. Subirse a un AVE era una ceremonia de autobombo de esa nueva españolidad y, como experiencia ciudadana, era una refinada cápsula temporal embellecida por un plano secuencia del paisajismo nacional. En preferente había un catering de comida servida a cada asiento, un carrito de prensa y auriculares con música.

Todos los pasajeros compartían el placer del vagón restaurante, donde se podía comer caliente mientras la campiña se deslizaba por los amplios ventanales modernistas. Un sábado de 2010 improvisé un AVE con un amigo, que me dijo: «Te invito a una caña en Tarragona». En dos horas y media estábamos paseando por los adoquines del casco viejo de la ciudad más romana de la península ibérica. El AVE era una gozada, un placer factible, un lujazo que nos encantaba.

Hoy, mientras el informe oficial sobre el accidente de Adamuz sigue dando titulares y las familias de los 46 fallecidos inundan los verticales mediáticos con sus lágrimas, aquellos primeros tiempos del AVE parecen una siniestra parodia o un confuso sueño que cuesta recordar. Subirse a un tren en España ahora, como dice una usuaria, es como jugar a la ruleta rusa. Adamuz no solo es un amasijo de metal y vidas humanas. Adamuz ha reventado la fachada de la España moderna, dejando al descubierto el sumidero de la corrupción política, las redes de la impunidad y la ruptura del contrato social.

Pero Adamuz también es una premonición cumplida, un temor confirmado, una tragedia anunciada. Esta Navidad tomé el AVE Madrid-Valencia, uno de los tramos más deteriorados, junto con Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona y Córdoba-Málaga, según los propios maquinistas. La vibración, los ruidos inesperados y la oscilación que hacía dar bandazos al caminar entre vagones me hicieron pasar miedo. En noviembre, un mes antes, el ministro de Transportes había anunciado que la velocidad del AVE iba a subir de 300 a 350 kilómetros/hora, para ser el segundo país del mundo en alta velocidad, después de China.

El accidente del 18 de enero es la eclosión del fracaso catastrófico de un ministerio especialmente afectado por el sanchismo. No en vano ha sufrido primero a José Luis Ábalos, el mesías anticorrupción encarcelado por corrupto, y luego —tras el paréntesis de Raquel Sánchez— a Óscar Puente, que antes de Adamuz se comportaba con la arrogancia de un heredero presidencial. Las irregularidades vienen ya de los tiempos de la pandemia, pero la apropiación de esta institución pública por parte de los lugartenientes sanchistas empezó casi horas después de llegar Pedro Sánchez al poder en 2018, cuando puso a Ábalos al frente.

«Puente pasó meses despreciando a quienes se quejaban de las irregularidades en los trenes, convertido en un ogro digital»

Durante los tres años de José Luis Ábalos frente al Ministerio de Transportes, su asesor personal Koldo García —un exescolta y portero de discoteca sin ningún conocimiento de infraestructuras ferroviarias, pero que llegó a consejero de Renfe— habría montado una trama de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal desde las dependencias ministeriales del madrileño Paseo de la Castellana.

Según la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Supremo, la red habría recibido comisiones millonarias en la adjudicación de mascarillas durante la pandemia, habría facilitado salvoconductos irregulares para empresarios venezolanos durante el confinamiento y presuntamente habría amañado contratos de obra pública. Ábalos entró en prisión preventiva en noviembre de 2025 acusado de estos delitos, mientras que su sustituto como secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, también estaría implicado en la supuesta recaudación de mordidas en obras públicas a través de empresas pantalla.

Esta es la institución vapuleada que heredó el actual titular, Óscar Puente. El perfil del tercer ministro de Transportes del sanchismo es diferente del de sus antecesores. El exalcalde de Valladolid, abogado durante 20 años y hoy socialista profesional, perdió estrepitosamente las elecciones al consistorio vallisoletano en 2007 y 2011, sacando en 2015 el menor número de votos de la historia del PSOE en la ciudad, teniendo que pactar con formaciones minoritarias que incluían a Podemos, IU y Equo para acceder por fin al codiciado puesto municipal.

Desde ahí saltó en noviembre de 2023 al ministerio de Transportes, donde casi de manera inmediata se hizo conocido en toda España por su frenética actividad en redes sociales, donde ora bloqueaba ora insultaba, desde su cuenta pública pagada con los impuestos de todos los españoles. Pasó meses despreciando a quienes se quejaban de las irregularidades constantes en los servicios ferroviarios españoles, convertido en un ogro digital con el que daba pánico cruzarse, hasta que llegó el 18 de enero y murieron 46 inocentes en uno de sus trenes.

«Ningún alto funcionario ha dimitido. Ningún líder político se ha presentado ante la nación diciendo: ‘La responsabilidad es mía’»

En cuestión de horas, la estrategia política se desplegó con una previsibilidad sombría: conferencias de prensa solemnes y promesas de una investigación exhaustiva. Al activarse la geometría de la impunidad, hemos asistido a una clase magistral de ocultación de los ejes del poder. Ábalos culpa a Puente, Puente culpa al Partido Popular. Las preguntas al Ministerio de Transporte se desvían a la agencia de seguridad ferroviaria, que señala al administrador de infraestructuras, que a su vez cita la investigación judicial en curso. Los ministros hablan de «fallos técnicos» como si sucedieran en el espacio sideral. Ningún alto funcionario ha dimitido. Ningún líder político se ha presentado ante la nación diciendo: «La responsabilidad es mía».

Pero algo ha interrumpido la dinámica del duelo gestionado. La voz más contundente sobre la tragedia de Adamuz no es la de los artículos de opinión ni la de los discursos de la oposición, sino la que hemos escuchado directamente de las bocas de los familiares de las víctimas. Hemos pasado de la narrativa tradicional contra la corrupción endémica a algo más incontrolable: las víctimas como conciencia destrozada de la nación. Las 46 personas que perdieron la vida en esa recta cordobesa un aciago domingo de enero eran españoles aleatorios no categorizados políticamente, españoles fortuitos que habían comprado un billete de tren, españoles random, por decirlo con el argot de las nuevas generaciones.

A través de ese dolor crudo y sin filtros de las familias de las víctimas, por fin hemos podido aparcar el discurso prefabricado sobre la responsabilidad política y experimentar en formato de puñetazo audiovisual lo que los españoles de a pie sienten por los políticos del actual Gobierno: un odio instintivo, químico, gutural, casi masticable. Y ese odio, reflejado en las pupilas de millones de personas que los contemplamos en nuestras pantallas con una punzada de furia compasiva, esboza una verdad más amplia y aterradora.

El dinero de los impuestos de esos 46 ciudadanos españoles —y el de los millones de contribuyentes que lloramos al verlos balbucear indefensos— no se ha dedicado a las prioridades ciudadanas básicas, sino a las prioridades políticas de los gobernantes. Nuestros impuestos mantienen la burocracia elefantiásica; compran las franjas de votantes cautivos; pagan las bonificaciones retornables en las urnas; financian las redes clientelares, las comisiones, las campañas de propaganda, los tejemanejes entre empresas públicas, las donaciones de prestigio internacional, los patrocinios de la polarización.

Las familias de los muertos ya no tienen nada que perder, porque lo han perdido todo. Y al negarse a guardar silencio, al exponer su odio nítido y biológico, han conseguido lo que la oposición y los medios de comunicación nos cuesta más lograr: han puesto un espejo al poder, mostrándolo como un ente que revuelve el estómago a su propio pueblo. El AVE puede que siga funcionando, pero el tren de la impostura sanchista ha descarrilado en Adamuz. Entre tanto, el odio no es un sentimiento. Es la única evaluación política honesta que nos queda.