The Objective
Antonio Elorza

Prostitución política

«La prostitución política en curso tiene dos costes difícilmente reversibles: la degradación de la vida política y la venta en porciones del Estado»

Opinión
Prostitución política

Ilustración de Alejandra Svriz.

La prostitución tiene justificadamente mala fama, pero en ocasiones se relaciona con los más diversos episodios de la vida social y política. El más singular que recuerdo fue el atentado contra Mussolini en 1926, obra del anarquista Gino Lucetti, cuya gestación tuvo lugar en un burdel, según la recreación que hizo Lina Wertmüller en su film Amor y anarquía. Antes de nuestra guerra civil, el prostíbulo fue lugar de iniciación sexual, imposible de otro modo, para jóvenes universitarios. Y de encuentro. Allí se conocieron durante la República, me contaba el primero de ellos, dos jóvenes estudiantes que luego desempeñaron papeles importantes en la izquierda española. Ocasionalmente, el burdel podía servir también de refugio en momentos de persecución policial.

El tema ha recuperado actualidad a cuenta del medio familiar de Pedro Sánchez. El hecho de que su suegro fuese propietario de unas saunas gay, fue rápidamente utilizado para trazar un retrato negativo de su condición personal, como si la misma hubiera cobrado forma en ese ambiente delictivo. Se trata de un recurso sin duda eficaz para la denigración, si bien de escasa consistencia.

Lo cierto es que la prostitución como concepto no es en modo ajena a su personalidad política, pero sin que ello suponga en modo alguno su vinculación pasada o presente con el más viejo oficio del mundo. Según el diccionario de la RAE, prostituto/a es la persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. En el pasado, la definición que recuerdo era más descarnada y en femenino: mujer que comercia con su cuerpo. La misma resulta mucho más adecuada para proponer que la prostitución no se limita al campo sexual y que el concepto es perfectamente aplicable a la política, y en especial al gobernante que utiliza la principal de sus competencias, la gestión de los intereses colectivos, su cuerpo, para enajenarlos, solo y exclusivamente con el fin de ver satisfechos sus propios deseos personales.

En este sentido, aunque ya estemos acostumbrados a ello, cabe decir que vivimos sometidos a una prostitución política permanente. Ninguna decisión de importancia, ninguna incidencia desfavorable, ni siquiera siendo trágica, es atendida en función de su existencia real, de sus demandas, de las responsabilidades que pudiera suscitar. Ni siquiera en los casos más graves, según acaba de ocurrir. Lo único que importa es salvar la imagen impoluta del presidente y/o del sujeto sobre el cual recae la responsabilidad inmediata.  Hasta el grado de deshumanización que implica huir de la presencia en el lugar de los hechos, salvo disfrazado a lo Mazón y eso para proclamar el absoluto acierto en la gestión de quien nada hizo (o tal vez nada pudo hacer en ese instante).

Mostrar la solidaridad con las familias de las víctimas no cuenta si no es rentable, y menos si existe riesgo de un abucheo a lo Paiporta. A un «progresista» como él, le repugna asistir a un funeral religioso: tal es la coartada. En un primer momento, con solemnidad, Sánchez declaró «asumir todas las responsabilidades», pero le ha faltado tiempo para quitárselas de encima. No iba a negarse a sí mismo.

«Puente rechaza que se le compare con Mazón, cuando es únicamente él quien insiste en esa comparación una y otra vez»

Insistimos. Solo tenía que informar al país de una cosa, dándole la vuelta a la célebre escena de Billy Wilder: «Óscar Puente es perfecto”. Todos lo sospechábamos, pero ha hecho bien en recordárnoslo, sin perder el tiempo en esbozar siquiera ante su país la explicación de lo sucedido.

Además, el hecho de que la causa inmediata de la tragedia parezca clara y no sea, en cambio, fácil determinar los orígenes del fallo por el encaje de las vías, le da ya todo resuelto. Según la doctrina del diario oficial, el peso recae en apariencia sobre el ministro, «el gran escudo de Sánchez», quién al carecer de responsabilidades inmediatas en cuanto al episodio trágico, y las previas mejor olvidarlas, lo hizo todo bien. No se tiene en cuenta que en el momento del choque poco podía hacer él personalmente y que hubo fallos graves en la comunicación de lo ocurrido con el Alvia. Puente nunca se refiere a este punto, que algo tiene que ver con su negociado.

El ministro rechaza que se le compare con Mazón, cuando es únicamente él quien insiste en esa comparación una y otra vez. Lleno siempre de sí, incluso confirma hace días su intención de actuar ya para que el Madrid-Barcelona circule a 350 Km/h, más rápido que el tren-bala de Japón. «Lo permite el trazado», dice. No las actuales traviesas, advierte. Menos mal. Esperemos que las cambie para felicitarle por el éxito. La tragedia es borrada por una farsa que la envuelve.

La farsa se desliza hacia la prostitución política en las últimas maniobras del poder. Puesto a potenciar al grupo feminista radical, Unidas Podemos, antes defensor de Maduro y luego del Irán sanguinario de los ayatolás —leamos a Irene Montero—, Pedro Sánchez les concede el cheque en blanco de la legalización de los «quinientos mil». ¿Por qué no lo hizo antes cuando pudo perfectamente hacerlo y explicarlo a la opinión pública? La respuesta es clara. Las reformas no se preparan y deciden. Simplemente se venden.

«A costa de vender el país, su país, nuestro país, su cuerpo, Sánchez llegará a 2027»

La historia del nuevo decreto ómnibus es más grave. El año pasado fue el regalo del palacete parisino, en todo caso vinculado en tiempos al Gobierno vasco, dado al PNV, mezclado con unas subvenciones del todo razonables, creo recordar que por la dana. O colaba el pufo, no hay otro nombre, o el Gobierno acusaba de forma miserable a quienes no lo aceptaban.

Este año el guisado gubernamental es aún más indigesto: la subida de las pensiones queda congelada si no son beneficiados los miles de okupas. Y otra vez los corifeos del Gobierno claman contra el odio que tienen a los pensionistas aquellos partidos que rechazan la estafa política en curso. Los separatistas y antisistema que también votaron «no» son, en cambio, eximidos de cualquier crítica. Para ellos se reserva «el diálogo».

El diálogo y la nueva operación de venta del cuerpo, de los intereses colectivos. Para los antisistemas, al igual que en los viejos bares era anunciada una ración de calamares: «Una de protección de okupas, ¡marchando!». A Junts le será servida una tapa de secesión: la gestión de los inmigrantes, al margen del resto de España y también en el plano cultural, contra el resto de España. A costa de vender el país, su país, nuestro país, su cuerpo, Sánchez llegará a 2027

Además, todo no se acaba aquí. La prostitución política en curso tiene dos costes difícilmente reversibles. El primero es la degradación de la vida política. Nada es lo que es, ni siquiera la investigación de las causas y las actuaciones de solidaridad al producirse una tragedia como la de Adamuz. Todo es recubierto y manchado por la voluntad oficial de que impere únicamente su relato. Y que lo problemático se olvide, como en la canción popular gallega, por el recurso de que una perna tapa a outra. Tapemos los muertos. Para eso llegan de inmediato las quinientas mil legalizaciones. ¿Quién va a creer en la política?

El segundo aspecto irreversible concierne a la venta en porciones del Estado. Aeropuertos y lo demás para el PNV, fronteras para Junts, financiación «singular» para Junqueras. Aun cuando pierda las elecciones generales, y en particular si pierde las elecciones generales, estamos ante una herencia compuesta solo de deudas, y de deudas irrecuperables. Difícilmente la destrucción progresiva de un Estado tiene marcha atrás. Los beneficiarios de la subasta no se dejarán arrebatar lo conseguido. Pero todo esto poco le importa a Pedro Sánchez, que ya habrá cobrado, cobra aquí y ahora, la tarifa de sus servicios para ir tirando.

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