Cuando el hombre más influyente del mundo te llama Dirty Sánchez

España ha conseguido algo histórico esta semana: que Elon Musk, el hombre más influyente del planeta y propietario de la red social donde cientos de millones de personas forman opinión, nos dedique su atención. Lástima que sea para calificar a nuestro presidente como tirano y traidor al pueblo de España.

La reacción de Musk no surge de la nada. Llega después de que Pedro Sánchez anunciara en el World Government Summit de Dubái su intención de impulsar que los directivos de redes sociales puedan ser penalmente responsables por el contenido publicado en sus plataformas, así como nuevas restricciones al acceso de menores de 16 años a estas redes. Una propuesta presentada como protección social, pero percibida fuera de España como un paso más hacia el control político del discurso público.

Todo ello coincide, además, con el momento político más delicado del presidente: su esposa investigada judicialmente, su hermano imputado en una causa por presunta malversación, su exministro José Luis Ábalos en prisión preventiva por presuntos delitos graves y su ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recientemente excarcelado tras varios meses en prisión.

Existe una regla no escrita en política: cuando la presión judicial aprieta, se busca un enemigo externo. Franco tenía a la masonería. Chávez al imperio yanqui. Pedro Sánchez ha encontrado a Elon Musk y, por extensión, a las grandes tecnológicas norteamericanas.

Porque esto no va solo de Musk. Desde hace más de un año, el presidente viene señalando a las plataformas tecnológicas estadounidenses como culpables de la polarización, la desinformación y, en última instancia, de sus propios problemas políticos. Impuestos extraordinarios, amenazas regulatorias, advertencias penales y ahora restricciones de acceso forman parte de una narrativa constante: presentar a las tecnológicas como un poder oscuro que hay que domesticar.

Durante todo ese tiempo, Musk no dijo nada. Aguantó ataques, insinuaciones y declaraciones hostiles sin responder. Pero hay un punto en el que incluso el empresario más paciente decide que basta. Y cuando Musk responde, no lo hace con comunicados diplomáticos, sino con un ataque frontal y público.

El problema para Sánchez es que Musk no es un adversario doméstico ni un espantajo retórico. Es uno de los empresarios más influyentes del mundo, responsable de empresas que han transformado sectores enteros y con acceso directo a los principales centros de poder global. Atacarle frontalmente no es gratis.

Y las consecuencias ya se notan. El hashtag #DirtySanchez fue tendencia mundial. Medios internacionales, desde Al Jazeera hasta Fox News, se hicieron eco del conflicto. La imagen que se proyecta de España ante inversores y observadores externos deja de ser la de un país con tensiones internas y pasa a ser la de un gobierno que intenta criminalizar plataformas porque en ellas se habla y se documenta su corrupción.

Vivimos en una economía donde el capital, el talento y la innovación se mueven a la velocidad de la luz. Van allí donde hay seguridad jurídica y libertad, y huyen de donde hay amenazas, arbitrariedad y pulsión autoritaria. Las empresas tecnológicas, que concentran el empleo de mayor valor añadido del siglo XXI, son especialmente sensibles a esto.

Estados Unidos sigue atrayendo talento global por razones muy simples: libertad de expresión protegida constitucionalmente, un marco jurídico predecible y tribunales independientes. No es casualidad que Tesla, SpaceX, OpenAI y las empresas que definirán el siglo XXI estén allí y no aquí.

España, en cambio, propone hacer responsables penalmente a los CEO de plataformas por lo que publiquen millones de usuarios y limitar el acceso a redes sociales mediante decisiones políticas. Es como hacer responsable al dueño de Telefónica por las conversaciones de sus clientes. Un disparate jurídico y un suicidio económico. España crece, dice el Gobierno. Pero la pregunta relevante es otra: ¿vivimos mejor?

El PIB total aumenta porque hay más población, no porque aumente la productividad ni el bienestar. El PIB per cápita, el que realmente importa, lleva prácticamente dos décadas estancado. Según Eurostat, España no ha convergido con las economías avanzadas de la Unión Europea desde mediados de los años 2000. Un joven español tiene hoy menos capacidad adquisitiva que sus padres a su edad. La edad media de emancipación supera los 30 años. La natalidad marca mínimos históricos.

Mientras tanto, decenas de miles de jóvenes cualificados emigran cada año a Londres, Dublín o Austin buscando lo que aquí no encuentran: oportunidades. Y el Gobierno dedica su capital político a atacar desde foros internacionales a las empresas que generan el empleo y la innovación que España no consigue crear. La pregunta que nadie quiere hacer es simple. ¿Por qué un presidente con múltiples investigaciones judiciales afectando a su entorno más cercano sigue en el poder?

La respuesta es incómoda pero evidente: porque ha construido un sistema donde su supervivencia política depende de fragmentar a la oposición y controlar el flujo de información. Los pactos con independentistas y populistas le aseguran los votos parlamentarios. El control del CIS le ofrece el relato demoscópico. Y ahora, la presión sobre las redes sociales busca garantizar algo aún más esencial: el silencio de quienes señalan los hechos que le incomodan.

El problema es que, en la era digital, ese silencio ya no se puede imponer. Y cuanto más se intenta, más ruido se genera.