Soy un ciudadano español. Mi carta al 'The New York Times'

Imagina que eres ciudadano de un país y te enfrentas a un dilema. Varias personas que conoces son extranjeros en situación irregular pero son también parte de tu comunidad. Los fines de semana van al parque, salen a comer, y juegan al fútbol con tu equipo.

El resultado es que no tienen los mismos derechos que tienes tú como ciudadano y no pueden cumplir con las mismas obligaciones. No pueden asistir a la universidad, pagar impuestos o contribuir a la seguridad social. ¿Qué debo hacer con estas personas?

Me gustaría darles trabajo, es decir, que cuiden a nuestro hijo pequeño, arreglen nuestro jardín, hagan algunas reformas o pequeñas reparaciones en casa. Algunos de mis conciudadanos han decidido no contratarlos y me advierten de que su situación es tal que pueden ser deportados de acuerdo con las normas del Derecho español. Además, me señalan que el Código Penal español castiga a quien «de forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo» (artículo 31).

También me recuerdan que la Ley sobre Infracciones o Sanciones en el Orden Social impone multas de miles de euros por «utilizar trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el preceptivo permiso de trabajo» (artículo 37.1). Ellos, mis conciudadanos, insisten en que son ciudadanos cumplidores y han decidido por ello no contratar a personas en situación irregular en España, «sin papeles», o sea sin permiso de trabajo, aunque ello les suponga tener que afrontar los costes laborales que corresponden a la contratación de acuerdo con el Derecho laboral que rige en España.

Pero yo he leído esta mañana una tribuna en la que el presidente del Gobierno de mi país, en el que quizá sea el periódico más importante del mundo (The New York Times) afirma que él, como gobernante, y frente a otros mandatarios, ha optado por una vía distinta para afrontar la realidad de la inmigración en mi país: «Un modo rápido y simple» —afirma literalmente mi presidente— «para que estas personas [que ya están aquí] puedan regularizar su estatus […] y obtener un permiso de residencia». ¿Debo hacer yo lo mismo y contratar a estas personas que carecen de permiso de trabajo?

«Nos va bien, y, como dice nuestro presidente, es nuestro deber, como familia, ser acogedores»

Es un dilema, pero el presidente del Gobierno de mi país me ayuda a resolverlo en favor de contratarlos, y para ello aporta dos razones. Le vuelvo a citar: «La primera y más importante es de naturaleza moral. Mi país, España, fue en tiempos una nación de emigrantes. Nuestros antepasados, nuestros hijos, han emigrado a América, a Europa buscando un mejor futuro en la década de los 50 y 60 y después de la crisis financiera de 2008. Ahora han cambiado las tornas».

Mi presidente habla del notable bienestar que vivimos ahora en España, y esto es exactamente lo que ocurre también con mi familia; nos va bien, y, como dice nuestro presidente, es nuestro deber, como familia, ser lo acogedores y tolerantes que nuestros compatriotas quisieron que fueran con ellos en sus países de destino al emigrar en el pasado.

Y la segunda razón, dice nuestro presidente, es puramente pragmática: necesitamos ayuda. Y es que en casa trabajamos los dos, en profesiones muy exigentes y necesitamos emplear a inmigrantes «que garanticen nuestro bienestar presente y futuro y no hay sustituto posible en el corto o medio plazo en forma de robots o inteligencia artificial».

Para mí, como para mi presidente, la opción es clara en favor tanto de nuestra prosperidad como de la dignidad humana. Mis conciudadanos se siguen mostrando escépticos y vuelven a señalar las normas vigentes, pero yo les pregunto: ¿acaso las buenas razones que ha dado el presidente del Gobierno de España para que no se aplique la ley y se expulse a los inmigrantes irregulares no abonan también la decisión de cada uno de nosotros de darles trabajo a pesar de lo que dice la ley?

«¿Acaso no ha sido la desobediencia de miles de ciudadanos dándoles trabajo lo que ha posibilitado que hayan podido seguir aquí?»

El presidente del Gobierno reconoce públicamente ante el mundo que decenas de miles de personas trabajan ilegalmente en España y no parece que su Gobierno haya hecho gran cosa por evitarlo; no lo repudia o lamenta sino que más bien lo celebra a pesar de que pueda asomar la sospecha de que estemos explotando a los más vulnerables.

¿Por qué no debería yo tener la misma actitud que mi presidente? Es más: ¿acaso no ha sido la desobediencia de miles de ciudadanos españoles dándoles trabajo lo que ha posibilitado que hayan podido seguir aquí, entre nosotros, contribuyendo a nuestro bienestar material y espiritual? De otro modo, se habrían tenido que ir, voluntariamente, sin necesidad de deportación, empobreciéndonos a todos. ¿O será que no todos ellos trabajan y contribuyen? No puede ser que mi presidente mienta tan descaradamente. Y menos en The New York Times.

Mis conciudadanos, casi convencidos, se preguntan entonces si quienes ya pagan a inmigrantes sin papeles por las tareas del hogar y los cuidados a sus niños o mayores; o por cultivar y recoger los alimentos que se sirven en nuestras mesas, o les emplean en pequeñas o grandes empresas, como dice nuestro presidente que ocurre, esto es, quienes emplean a trabajadores ilegales pueden estar tranquilos porque las leyes no les serán tampoco aplicadas a ellos y no serán objeto de sanción y mucho menos de castigo penal.  

Me preguntan, al fin, si una vez los «sin papeles» han sido «regularizados», se «regularizará» también la situación de mis conciudadanos que los contrataron ilegalmente, avant la lettre de la decencia, pues de otra forma parecería que el Gobierno de mi país, con su presidente a la cabeza, está por encima de la ley.