La culpa es del cocinero

Nunca comiences un artículo haciendo una pregunta retórica. Es la primera advertencia que te hacen cuando empiezas a escribir en los periódicos. Aseguran que a los lectores no les gusta que alguien venga con pendejadas por responder. Hagamos una excepción: ¿qué tiene que ver el desastre sistemático de las comunicaciones férreas de Barcelona con el despido de un cocinero cordobés por el Ayuntamiento de la Ciudad de los Prodigios?

Manuel Escribano, natural de Pedroche, en la serranía de Córdoba, llevaba 17 años trabajando como cocinero para el Ayuntamiento de Barcelona. Hablaba castellano con acento y el catalán común para comprender y hacerse entender en una ciudad bilingüe desde que hay memoria cervantina y quijotesca. Entró en la alcaldía con Jordi Hereu del PSC, luego ministrable, y siguió con Xavier Trías (Convergente). Ada Colau (Comunes) y alcanzó la veteranía en el oficio de fogones con Jaume Collboni, también del PSC, aunque más acojonado.

Siempre fue «trabajador indefinido no fijo», según una fórmula incomprensible tanto para la lógica lingüística como para la laboral. ¿Cómo se puede admitir en la conversación más pedestre que alguien pueda trabajar «indefinidamente» en una empresa sin estar fijo en ella? Y más si esa empresa es una institución pública tan vistosa y ejemplar como un ayuntamiento. La legislación laboral posdigital, entendámonos, no se rige por las normas de la Academia y alcanza cotas dignas de la Teología, que exigen creer lo que no es fácil explicar. 

Un buen día a Manuel Escribano le informan de que trabajar durante 17 años en el Ayuntamiento de Barcelona no es suficiente para seguir siendo un «trabajador indefinido», sino que ahora debe acreditar sus conocimientos de catalán normativo. Necesita examinarse para obtener un «certificado B-2», y sin derecho de prórroga. No es difícil imaginar la perplejidad de un cocinero ante un examen lingüístico tras 17 años de asumir orgulloso su condición de ciudadano de Cataluña. Exigir algo similar a los millones de «trabajadores indefinidos» en el conjunto de España provocaría poco menos que una insurrección del precariado, amén de las sospechas de que se trataría de una maniobra reaccionaria para discriminar a las clases más desfavorecidas.

Sin embargo, en Cataluña no es así porque la clase que detenta la hegemonía económica e institucional, que no cultural, exige ahora que la lengua sea el patrimonio inalienable de los habitantes del territorio. Es una ambición y hasta puede llegar a ser un derecho, lo que no está tan claro es que se convierta en un deber. Manuel Escribano tiene la obligación de ser un «trabajador indefinido» (de no ser así engrosaría el paro) pero con el añadido de acreditar que conoce la normativa de otra lengua, que usa, aunque no la sepa gramaticalmente; lo mismo que le pasa con el castellano. Y así, para mantener el trabajo «indefinido», lo suyo se convierte en una sanción por razones de clase, es decir, de procedencia. Lo sorprendente es que la izquierda —más institucional en Cataluña que en parte alguna de España— asuma la norma y desampare a quienes solo aspiran a trabajar bien, seguros y si es posible indefinidamente.

«Cataluña es la comunidad donde la deriva reaccionaria de la izquierda lleva décadas manifestándose con casi absoluta impunidad»

Cataluña es la comunidad donde la deriva reaccionaria de la izquierda lleva décadas manifestándose con casi absoluta impunidad. Por más que la castiguen las urnas sigue erre que erre en el papel de vasallaje ante el arrogante y corrupto legado pujolista. Cuando la lengua es lo primordial, la política se convierte en lenguajes encriptados, solo aptos para los que tienen intereses; pasaba con la religión y el latín canónico, y también con la mafia siciliana, napolitana o corsa. Eso se ha traducido en algo singular de la política catalana y es el deslizamiento de las posiciones. Aquí no existen conversos ni renegados, hay desplazados. Se pueden deslizar desde el viejo PSUC —los antaño comunistas— a Convergencia o a Junts. Lo mismo que del PSC a Esquerra. Todo sin dejar de pensar lo mismo. Abundan los nombres.

Para entender la textura política de personajes como José Montilla, expresidente de la Generalitat, o el avispado Gabriel Rufián, aquel muchacho del arroyo que llegó a Madrid subido en un retrato de Andy Warhol, hay que partir de una sociedad alimentada con el brebaje de las castas. Hubo un grupo político, el de verbo más radical de la historia del antifranquismo, llamado Bandera Roja, sin cuya radiografía y trayectoria no se entendería cómo, por ejemplo, se puede ser al mismo tiempo sustentador de la CUP —Candidatura de Unidad Popular— y formar parte del Círculo de Economía —el meollo teorizador del empresariado catalán—. Sin la fluidez ideológica de los Banderas históricos de los años 70 en su Larga Marcha hacia el poder no sería fácil adentrarse en la política de castas catalana. Ni siquiera el éxito histórico de Jordi Pujol, desde una mierda de banco en quiebra —Banca Catalana— hasta ocupar el lugar privilegiado de los referentes de la catalanidad. Como antaño Francesc Cambó, él podría adaptar el sofisma «¿Monarquía, República? ¡Cataluña!», por otro que dijera «Lo que se enriquecieron en mi nombre, lo hicieron por el bien de Cataluña». 

Por todo eso es importante la lengua. Nosotros y ellos. La pregunta del millón sería la de saber cuándo fue la última vez, o la única, que las castas institucionales cogieron un tren de Rodalies. Desde que se inventó fue el de clases subsidiarias sin subsidio. La del extrarradio. Más de 500.000 ciudadanos están obligados a tomarlo cada día y ahora reventó de pura desidia. Siempre, de una manera u otra, estuvo en manos del PSC —los jefes de la Renfe e Infraestructuras, Isaías Taboas y Raúl Blanco, formaban parte del clan— pero con un claro sentido del reparto. «Rodalies funciona deficientemente, hay que mejorar el servicio». Un mantra. 

¡Rodalies explotó de incompetencia y abandono y se llevó por delante a un conductor en prácticas! Se descubrió el pastel que siempre estaba en el fondo de la nevera. ¿Alguien se imagina a más de medio millón de usuarios que no pueden ir a trabajar? ¡Que se compren un coche de segunda mano! Lo importante es que no se note que bajo la ciudadanía de Cataluña se mueven dos sociedades y que solo una prioriza la lengua. La otra, si le gusta la casquería, la prefiere guisada. Son dos sociedades que se cruzan, se penetran; son por obligación dependientes. Pero la una manda y la otra asume. Basta decir que hoy sábado habrá en Barcelona dos manifestaciones de protesta ante el caos de Rodalies. Una por la mañana, de independentistas.  Otra por la tarde, de los damnificados. Los partidos hegemónicos irán a las dos.