La memoria de Fernando Múgica

A menudo me digo que, para entender la propia concepción de la política, es importante preguntarse cómo adquirió uno su conciencia de ciudadano. Hannah Arendt contaba que ella no fue consciente de que su condición de judía constituía un problema político hasta que un día fue insultada por ello en el colegio. La constatación del antisemitismo fue el resorte que luego inspiró su larga meditación en torno a los fundamentos de la democracia, el espacio que hace posible la integración en un vacío común de todos los distintos que conforman una única ciudadanía. Probablemente muchos de mi generación, nacidos ya tras la muerte de Franco, coincidiremos en que nuestra particular revelación política tuvo lugar con el terrorismo de ETA. Algunos pertenecíamos a familias represaliadas por el franquismo, pero se trataba de una herida que la democracia, en buena medida al menos, había logrado sanar.

Pero a pesar de haber nacido y crecido en libertad, de pronto nos encontrábamos con que, paseando por cualquier capital del país, podíamos ser víctimas de un atentado. En nuestra retina se habían grabado las primeras imágenes del horror con el constante y sistemático asesinato de guardias civiles, policías y militares, luego con la matanza de Hipercor y ya más tarde con la llamada «socialización del sufrimiento». En agosto de 1995, la izquierda abertzale, entonces representada por Herri Batasuna, aprobó la ponencia Oldartzen, un documento en el que se postulaba una nueva estrategia de presión merced a la cual todos los ciudadanos españoles —y no solo las «fuerzas de represión»— nos convertíamos en víctimas potenciales de la banda terrorista. En la introducción de la ponencia se podía leer lo siguiente: «Hay que poner en marcha mecanismos de actuación que, siendo necesarios, no se han interiorizado ni llevado a la práctica con la intensidad que se pretendía». Es decir, había que recrudecer la violencia, extender el clima de terror a toda la sociedad y avanzar hacia una particular «solución final».

Fue en esa época, hace ahora 30 años, cuando empecé a percatarme de lo que todo eso suponía. Los ciudadanos españoles estábamos amenazados simplemente por serlo de una democracia constitucional contraria a la superioridad de una etnia que se consideraba dueña de un territorio invocando espurios derechos ancestrales y que se arrogaba la facultad de exterminar a cualquiera para alcanzar su utopía de un estado marxista-leninista en el País Vasco. Nuestra condición de víctimas potenciales no se debía a ningún tipo de opresión ni de extorsión por parte del poder constituido, sino simplemente a nuestra condición de hijos de la Constitución de 1978. Los cadáveres que cada semana ETA ponía encima del Consejo de Ministros servían como su particular enmienda a la pretensión del Estado moderno de diluir los contenidos naturales en la isonomía, la igualdad ante la ley, ese sueño que había empezado a incubarse en Grecia —ahí estaba Antígona negándole el mismo derecho a Creontes— y que en España había contado con el sabotaje cíclico y persistente de diversas fuerzas absolutistas, desde el carlismo al comunismo y el fascismo. ETA fue luego la encargada de mantener viva la oposición al Estado moderno durante la democracia con el apoyo tácito o explícito de otros partidos nacionalistas y de una parte de la izquierda radical que reconocía en la banda a una compañera un poco gamberra en la lucha anticapitalista.

«En el árbol genealógico de Claudia, además, la resistencia contra el totalitarismo etarra se mezcla con la oposición al franquismo y con el éxodo judío»

Los años de aquella mal llamada socialización (como si los guardias civiles o los militares no pertenecieran a la sociedad) coincidieron con nuestra iniciación al sufragio. Las primeras elecciones en las que votamos se vivieron bajo el impacto del asesinato de Gregorio Ordóñez, del atentado contra José María Aznar —entonces aún jefe de la oposición— o del tiro en la nuca a Fernando Múgica Herzog, histórico dirigente socialista, crimen del que ahora se han cumplido tres décadas. Yo tenía entonces diecinueve años y recuerdo vivísimamente el día en que mataron a Múgica, aquella sensación de desamparo y peligro que nos sobrecogía ante cada nuevo ataque terrorista, la impotencia ante otra demostración de la sinrazón, así como la indignación ante todos aquellos que, por activa o por pasiva, justificaban la atrocidad en nombre de una idea, una «resistencia» o una «lucha». Ya entonces empezábamos a sufrir en nuestras propias carnes lo que el humanista Sebastián Castellio había denunciado contra el sectarismo de Calvino: «Matar a un hombre no será nunca defender una doctrina sino tan solo matar a un hombre».

Cuando estos días veo a mi amiga Claudia Múgica, nieta de Fernando, reivindicar la memoria de su abuelo y denunciar el fanatismo que otra vez se respira entre la juventud vasca, pienso en lo que habrá sido su propia toma de conciencia como ciudadana. Claudia no llegó a conocer a su abuelo y creció protegida por sus mayores del asesinato que pesaba en la memoria de la familia, hasta que un día, como ella misma ha contado públicamente, sorprendió a sus padres mirando en la televisión el juicio contra los etarras responsables del tiro en la nuca. A partir de ahí, empezó a formarse una idea de lo que había ocurrido y de la tradición de la que descendía. En el árbol genealógico de Claudia, además, la resistencia contra el totalitarismo etarra se mezcla con la oposición al franquismo y con el éxodo judío, ya que los Herzog recalaron en San Sebastián huyendo de la persecución nazi en París.

En 1932, poco antes de la llegada de Hitler al poder, Julien Benda defendió en su Discours à la nation européene —contra la nación alemana de Fichte— que Europa no constituía tanto un problema económico o jurídico, sino moral. El sueño de la nación europea debía construirse sobre todo con presupuestos morales que atendieran a valores transnacionales, justamente lo que venía encarnando la tradición judía del continente. Por eso la Shoah fue, además de una monstruosidad, un atentado contra los fundamentos de Europa, la negación de su misma existencia en favor de una política basada en la barbarie interior. Aunque hay muchas cosas del discurso de Benda que han envejecido mal, su denuncia de la catástrofe moral del nacionalismo sigue siendo vigente, sobre todo en un siglo donde asoman de nuevo, como si no nos acordáramos de lo que ocurrió hace dos días, las tentaciones de repliegue a las esencias más retrógradas y destructivas de todas las naciones.

Homenajear por tanto la memoria de Fernando Múgica supone tomar conciencia de la verdad que conformó su vida y de la resistencia que sigue latiendo en su ejemplo, herencia por otra parte de un «movimiento del alma», por utilizar una expresión recurrente en Benda, que en Berlín, en París o San Sebastián, supo preservar una dignidad humana que sigue viva en las nuevas generaciones capaces de interrogarse acerca de los fundamentos de la ciudadanía por los que lucharon sus abuelos. En algún momento de su Tesis sobre la historia, Walter Benjamin dice que la tarea del historiador consiste en avivar una débil chispa de esperanza en el pasado. De lo contrario, los muertos, esos mismos muertos que perecieron víctimas de la opresión, el terror y la intolerancia, «vuelven a estar en peligro». Se trata de un deber de la memoria que no hay que olvidar nunca, sobre todo si, como está ocurriendo ahora en España, la amenaza que entonces sufríamos todos los ciudadanos en la calle se integra sin pudor ni vergüenza en el seno de las instituciones democráticas.