El ocaso de las élites

Estos días vuelve el lamento de que las élites ya no lideran; se llega incluso a afirmar que han desertado. Ese pesimismo es infundado: sobrevalora el papel de los líderes en ese relato y subestima la capacidad autocorrectiva de la democracia.

Ese lamento suele apoyarse en una comparación recurrente. Se mira a la Transición o, más atrás, a los años cincuenta, cuando el protagonismo de esas élites era más visible y eficaz. Ese contraste no es una fantasía: su papel era entonces mayor. La cuestión interesante es por qué lo era, y por qué hoy no puede serlo del mismo modo.

En la España de los cincuenta, el entorno en que se movían las élites económicas era muy distinto del actual. Dictadura y economía administrada configuraban un sistema con pocos centros de decisión y amplias posibilidades de influencia. Un Estado de menor tamaño que el actual, pero más discrecional y ordenancista, generaba abundantes rentas y, con ellas, fuertes incentivos para la implicación política. Quien sabía moverse en ese entorno acumulaba poder y rentas controlando el acceso a permisos, licencias y otras decisiones administrativas. Si todo se decide en pocos despachos, quien logra el acceso acumula poder. Y cuando, además, hay poca alternancia política, ese acceso se estabiliza y la influencia resultante puede confundirse con liderazgo. En realidad, no era liderazgo en sentido moderno, sino captura de rentas.

Desde entonces, el entorno ha cambiado en dos dimensiones cuyo efecto común es dispersar el poder de decisión y reducir el margen de maniobra de las élites, tanto en la esfera económica como en la política: más mercado y más democracia. Al aumentar el papel del mercado, el éxito empresarial depende menos de decisiones administrativas y más de consumidores, competencia y tecnología. Por muy grande que sea una empresa, en un entorno competitivo depende de una clientela con incentivos directos para informarse. Algo parecido ocurre en democracia: los representantes políticos dependen de sus votantes y, como consecuencia, se estrecha su margen de discrecionalidad. El poder se dispersa entre «consumidores» políticos que votan, pero tienen escasos incentivos para informarse. 

En este contexto, los pactos entre élites políticas y económicas se vuelven difíciles e inestables. Las antiguas élites pierden protagonismo porque compiten con más actores y porque el margen de influencia discrecional se ha estrechado. Su retirada al ámbito privado responde al cambio en las reglas del juego: cuando hay menos permisos que repartir, hay menos incentivos para gastar recursos en influir. La energía que antes se dedicaba a disputar acceso y favores en la esfera política tiende a desplazarse hacia la competencia en los mercados. 

El entorno también ha cambiado porque, con el Estado autonómico y la integración europea, aparecen nuevos interlocutores políticos y se erosionan las ventajas de escala de quienes aspiraban a ejercer influencia. En 1920 o en 1950, la toma de decisiones estaba concentrada en Madrid. Hoy se reparte, al menos, entre capitales nacionales, regionales y Bruselas. Un Francesc Cambó contemporáneo no sabría bien dónde invertir su capital político. 

Cataluña ilustra bien estas transformaciones. Durante décadas tuvo un peso económico y político relativo mayor que el actual. En ese contexto, es lógico que el franquismo practicara un favoritismo selectivo que reforzó el papel de sus élites económicas. Con la democracia y, sobre todo, con la liberalización económica y la reconfiguración del Estado entre Bruselas y las autonomías, esa singularidad se diluye. La descentralización hacia diecisiete autonomías reduce la capacidad de una sola región para negociar excepciones. Además, Cataluña pesa menos en el PIB nacional y su influencia política se ha vuelto más volátil. Todo ello reduce el incentivo a «liderar» desde la cúspide empresarial en clave estatal.

El procés ofrece un ejemplo elocuente. Cuando los líderes del procés redoblaron la apuesta, las élites económicas regionales quedaron paralizadas: ni lideraron la operación ni supieron frenarla; se limitaron a adaptarse para sobrevivir. Las grandes empresas trasladaron sus sedes; muchas callaron y esperaron.

El contraste con épocas anteriores es llamativo. Entre finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, los antecesores de las actuales élites económicas catalanas fueron protagonistas de grandes aventuras político-económicas españolas —desde el giro proteccionista y la Guerra de Cuba hasta los episodios de inestabilidad que se suceden entre 1917 y 1936—, así como de reformas decisivas como el Plan de Estabilización de 1959 o la Transición de los años setenta y ochenta. Hoy no.

Ese repliegue, sin embargo, no es una anomalía catalana, sino el síntoma de un fenómeno más amplio: la retirada relativa del gran empresariado español del espacio político, a medida que se consolidan el mercado, la democracia y la fragmentación del poder. 

Estas élites se han adaptado racionalmente a un entorno en el que su capacidad de influencia política directa es menor y en el que su desempeño depende más de la competencia en los mercados. La cuestión normativa relevante no es por qué se han replegado, sino la utilidad social de esa adaptación. En la práctica, ¿qué papel debe jugar hoy una élite económica que ya no puede mandar como antes?

La respuesta no pasa por tutelar ni por «convencer» al votante. En democracia, tratarlo como a un menor de edad no es liderazgo: es una forma de eludir la rendición de cuentas.

El papel socialmente útil de las élites económicas es, hoy, menos vistoso, pero más exigente. No consiste en «hacer política», sino en contribuir a que tanto la política como el mercado funcionen mejor. En el plano individual, ante todo, ofreciendo productos y servicios competitivos. En el plano colectivo, defendiendo reglas generales —Estado de derecho, seguridad jurídica, cumplimiento contractual y límites al uso discrecional del poder— no solo cuando conviene, sino precisamente cuando incomoda. Y aportando información sobre costes y consecuencias: no propaganda, sino datos incómodos sobre cómo el presentismo político desplaza costes al futuro para comprar votos en el presente. En el fondo, se trata de favorecer la competencia en el mercado de las ideas. Nada más lejos de las ya desfasadas poses ESG o de la nostalgia que aflora con cada nueva propuesta de intervencionismo.

Quizá ese sea el sentido profundo del supuesto ocaso. No es que falten élites. Es que el liderazgo económico ya no puede consistir en mandar y aún no se ha asentado en lo decisivo hoy: sostener las reglas que hacen posible una competencia socialmente productiva. Ese tránsito es menos heroico que el de los cincuenta o la Transición, pero es más acorde con un mercado competitivo y una democracia madura.