Pocos votos, mucho poder: cómo una minoría deforma la política

La anomalía democrática que vive España no se limita a una cuestión de aritmética parlamentaria. Es algo más profundo y más grave: una minoría ideológica con un respaldo electoral cada vez más reducido está utilizando su posición de poder para reorientar políticas de Estado fundamentales, muchas veces en abierta contradicción con la opinión mayoritaria de los ciudadanos y con los intereses estratégicos del país.

Los datos son claros. El espacio situado a la izquierda del PSOE ronda hoy, según elecciones autonómicas recientes y sondeos nacionales, entre el siete y el diez por ciento del voto. En comunidades como Extremadura ha desaparecido institucionalmente. En Aragón ha quedado reducido a la irrelevancia. Sin embargo, en el Gobierno de España su capacidad de influencia es desproporcionada. No gobiernan porque ganen elecciones, sino porque el PSOE depende de ellos para seguir en la Moncloa. Y esa dependencia se traduce en poder real.

Ese poder no se ejerce solo en política social o económica, sino también en política exterior, un ámbito que tradicionalmente había estado relativamente protegido del sectarismo ideológico. Hoy ya no lo está. La posición internacional de España se ha ido alineando progresivamente con los marcos discursivos de la izquierda radical global, especialmente en Oriente Medio, donde el Gobierno ha adoptado posturas que rompen consensos históricos europeos y occidentales.

No es casualidad que los sectores más radicales del Ejecutivo hayan mostrado una hostilidad constante hacia Israel, única democracia liberal de la región, mientras blanquean o minimizan el papel de actores directamente vinculados con el eje Teherán-Hezbolá-Hamás. No hace falta afirmar una obediencia formal para constatar una coincidencia sistemática de intereses, lenguaje y prioridades con el discurso promovido por la dictadura iraní y sus satélites. España ha pasado de una política exterior basada en alianzas estratégicas a una política exterior instrumentalizada para consumo ideológico interno.

Algo parecido ocurre con la inmigración. Una de las decisiones más graves impulsadas desde este espacio político ha sido la regularización masiva de alrededor de medio millón de inmigrantes en situación irregular, promovida sin exigir condiciones básicas de integración como un contrato de trabajo previo, conocimiento del idioma o inserción real en el mercado laboral. No se trata de humanidad frente a dureza, sino de responsabilidad frente a demagogia. Regularizar sin condiciones no integra: cronifica la marginalidad y tensiona los servicios públicos, especialmente para las clases trabajadoras que ya están en dificultades.

«Es una política de trincheras culturales diseñada no para gobernar un país diverso, sino para movilizar a una minoría muy ideologizada y mantenerla»

Esta medida no responde a una demanda social mayoritaria. Responde a una visión ideológica que considera las fronteras, la legalidad y el esfuerzo personal como conceptos secundarios. De nuevo, pocos votos, pero capacidad suficiente para imponer políticas estructurales con efectos a largo plazo.

A esto se suma la colonización del discurso público. Desde ministerios y organismos oficiales se ha promovido una agenda simbólica intensiva que convierte cualquier discrepancia en sospecha moral, cualquier crítica en estigmatización y cualquier alternativa en «reaccionaria». Es una política de trincheras culturales diseñada no para gobernar un país diverso, sino para movilizar a una minoría muy ideologizada y mantenerla cohesionada alrededor del poder.

Mientras tanto, los problemas reales siguen sin resolverse. El salario real continúa estancado desde 2008. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil. El empleo juvenil sigue siendo precario. El crecimiento del PIB per cápita es mediocre y se explica más por el aumento de población que por mejoras de productividad. Nada de esto ocupa el centro de la agenda política porque no sirve a la lógica de supervivencia del bloque gobernante. Extremadura y Aragón han mostrado lo que ocurre cuando los ciudadanos pueden votar sin el chantaje del bloqueo institucional ni el miedo inducido al «mal mayor». La extrema izquierda se reduce a su tamaño real. No es que España se haya vuelto conservadora o radicalmente liberal. Es que España no es lo que refleja hoy el Gobierno.

El problema no es que existan ideas radicales. El problema es que ideas minoritarias gobiernen como si fueran mayoritarias. Que con pocos votos se tenga mucho poder. Y que ese poder se use no para mejorar la vida de la mayoría, sino para deformar la política exterior, debilitar la cohesión social y sustituir la gestión por ideología. Eso no es progreso. Es una anomalía democrática. Y como todas las anomalías, antes o después, acaba corrigiéndose. La cuestión es cuánto costará mientras tanto.