La libertad de expresión y sus enemigos

Pocos saben que la cacería de brujas debe mucho a la imprenta. Solemos pensar en ella como un estallido de fanatismo medieval, como si hubiese brotado espontáneamente de la superstición popular. Pero no fue así. El historiador Yuval Noah Harari lo explica con claridad en Nexus (Debate), donde analiza cómo las redes de información —desde la imprenta hasta internet— pueden expandir tanto el conocimiento como la paranoia. La publicación del tratado Malleus Maleficarum —El martillo de las brujas— y su difusión masiva gracias a la floreciente industria tipográfica contribuyeron a extender por Europa una epidemia de odio e irracionalidad que costó miles de vidas. La imprenta no inventó la superstición, pero la convirtió en fenómeno continental.

La letra impresa otorgaba autoridad. Lo que antes era un rumor local pasaba a ser verdad, fijada en papel y avalada por su mera reproducción mecánica. El miedo encontró un amplificador formidable. Por cierto, en España fue precisamente un inquisidor quien contribuyó decisivamente a frenar la proliferación de procesos por brujería. La historiadora Elvira Roca Barea lo explica en Las brujas y el inquisidor (Espasa), al recordar la actuación de Alonso de Salazar Frías, miembro del Santo Oficio que, tras examinar cientos de denuncias, concluyó que las acusaciones carecían de pruebas y que solo la sugestión colectiva alimentaba los relatos. Exigió evidencias, desautorizó testimonios inconsistentes y contribuyó a cortar la espiral. La institución asociada en el imaginario popular a la intolerancia actuó en este caso como dique frente al delirio. La historia rara vez encaja en caricaturas.

La imprenta, en cualquier caso, fue el instrumento de una transformación radical. No solo difundió supersticiones; también puso en circulación ideas nuevas que acabarían por poner el viejo orden patas arriba. Panfletos, libelos y libros de toda índole circularon con una rapidez inédita, erosionando jerarquías y cuestionando dogmas. Esa marea de papel impreso culminó simbólicamente en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hija intelectual de la Ilustración. (Y deudora, en parte, de la tradición jurídica de la Escuela de Salamanca, aunque España pocas veces haya sabido reivindicar sus aportaciones al humanismo moderno. En esa línea, recomiendo el libro de Alejandro Salafranca, Cinco aportaciones de España al humanismo, publicado por Ladera Norte, editorial de la que soy socio junto a Sira y Antón Casariego, vaya el sesgo por delante).  

La era de los descubrimientos y de la razón estuvo llena de tensiones e injusticias. No fue un trayecto idílico. Pero condujo a Europa a una posición privilegiada durante siglos. No por población, ni por tamaño, ni siquiera por recursos naturales —que otras regiones poseían en mayor abundancia—, sino por algo más decisivo: la circulación relativamente libre del conocimiento. Esa libertad abrió la puerta a tres revoluciones sucesivas —la científica, la industrial y la política— que transformaron la Historia. Quien optó por el camino contrario fue el Imperio Otomano. A comienzos del Renacimiento, disputaba la hegemonía mundial a la cristiandad europea. Tras la caída de Constantinopla en 1453 y el fin de más de mil años de Imperio romano de Oriente, sus ejércitos llegaron hasta las puertas de Viena. Sin embargo, frente a la irrupción de la imprenta, la respuesta fue el recelo y la censura. Durante siglos se prohibió la impresión en caracteres árabes, temiendo que la nueva tecnología erosionara la autoridad religiosa y política. El resultado fue el enquistamiento. Mientras Europa discutía, imprimía y polemizaba, el Imperio Otomano se cerraba sobre sí mismo. La consecuencia no fue la estabilidad, sino el debilitamiento progresivo y la pérdida de la partida histórica frente a Occidente.

El ensayista danés Jacob Mchangama estudia este episodio en Free Speech: A History from Socrates to Social Media (que publicará en español Ladera Norte, para volver al sesgo), donde describe el «pánico de las élites» ante una tecnología disruptiva. En ese mismo recorrido histórico analiza también lo ocurrido en la República de Weimar, acuñando la expresión «la paradoja de Weimar» para explicar cómo las restricciones adoptadas para defender la democracia terminaron facilitando su destrucción. En los últimos años de Weimar, mientras el nazismo crecía como la espuma al calor de la crisis del 29, el Gobierno alemán aprobó leyes de excepción y decretos presidenciales para limitar discursos y publicaciones extremistas. Aquellas medidas no detuvieron el ascenso de Hitler. Al contrario: ofrecieron a los nazis propaganda gratuita. Cada prohibición era presentada como prueba de que el «sistema» temía la verdad que ellos decían encarnar. Y una vez en el poder, aquellas mismas herramientas legales sirvieron como argumento y precedente para imponer la censura absoluta con la que iniciaron su dictadura. Lo que nació como intento defensivo se convirtió en ariete contra la propia democracia.

El paralelismo con nuestro tiempo es evidente. Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial constituyen una revolución equiparable a la imprenta o acaso mayor. Multiplican la capacidad de expresión individual y descentralizan la producción de conocimiento. Como toda tecnología poderosa, generan abusos, desinformación y fenómenos tóxicos. La libertad absoluta es problemática; ninguna sociedad puede sostenerse sin límites jurídicos. Para eso existen las leyes que sancionan, a posteriori, la calumnia, la difamación, el robo de los derechos de autor o la incitación directa a la violencia.

España cuenta, además, con ejemplos recientes de cómo el Estado de derecho puede actuar sin necesidad de censura previa. La abogada y columnista Guadalupe Sánchez, dos veces brillante, ha llevado a los tribunales a varios calumniadores en redes sociales, logrando no solo condenas, sino algo quizá más valioso en términos cívicos: la retractación pública de los denuestos. Esos triunfos morales demuestran que la libertad de expresión no equivale a impunidad y que el remedio puede y debe llegar después del abuso, mediante jueces y garantías, no mediante filtros preventivos.

De Pedro Sánchez, ese hombre enamorado y humanista sin tacha, no cabe esperar una defensa coherente de ningún principio. Su aproximación a la libertad de expresión está dictada por el cálculo táctico y la supervivencia política. Polarizar, señalar adversarios, tensionar el debate, en los medios que controla directa o indirectamente, y sugerir la necesidad de mayores controles, en los que se escapan, forma parte de una estrategia que busca alargar su agonía y esquivar por un día más la inapelable condena que el tribunal de la historia ya ha escrito sobre su gobierno y su persona… a la espera de otros tribunales menos etéreos. Lo verdaderamente inquietante no es la tentación de este líder concreto acorralado, sino que sea Europa la que empiece a plantearse regulaciones preventivas de amplio alcance sobre las redes sociales y la inteligencia artificial. Se invocan la seguridad, la lucha contra la desinformación o la protección de valores democráticos. Sin embargo, la historia enseña que la censura previa suele ser contraproducente y que las restricciones ideológicas terminan volviéndose contra quienes las impulsan. La experiencia de Weimar —esa paradoja que describe Mchangama— debería bastar como advertencia.

No es casualidad, por el contrario, que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos haya sido uno de los motores del progreso estadounidense. La Constitución americana es un texto breve y práctico: siete artículos que regulan la separación de poderes, la relación entre los estados y la federación y el procedimiento de reforma, y diez primeras enmiendas —a las que luego se añadirían otras— que consagran derechos básicos. La primera protege, entre otros derechos inherentes a la persona, la libertad de expresión sin restricciones previas. Esa apuesta ha sido una de las claves de su dinamismo económico, científico y cultural. Y la esperanza básica de la oposición a Trump. 

Europa lideró el mundo cuando apostó por el conocimiento libre, aun con sus errores y excesos. Decayó cuando cedió al cierre y al control. Ante una nueva revolución tecnológica, la disyuntiva vuelve a plantearse. Podemos confiar en leyes claras y en responsabilidades posteriores, o podemos sucumbir al pánico de las élites y optar por la censura preventiva. La historia sugiere con bastante nitidez cuál de esos caminos conduce a la vitalidad y cuál no.