La Constitución y sus ausencias

Desde hace años, cada vez que había que escribir sobre la fiesta conmemorativa de la Constitución Española a uno le salía un título hernandiano, ‘Cancionero y romancero de ausencias’. A un fervoroso partidario de la Carta Magna le parecía muy notable el empeño de todos los nacionalistas, con los vascos a la cabeza, por dar la espantada en el acto. Esto era así antes de los aniversarios. Durante la mismísima campaña para el referéndum de aquel 6 de diciembre, el PNV se lució con eslóganes de una bizarría que superaba sus marcas y sus posibilidades: «La Constitución de EEUU no reconoce los derechos del pueblo vasco. Ésta, tampoco. ¿Votaste aquella?». Había otro que a mí me impactaba mucho: «Negación de los fueros = tres guerras civiles». ¡Qué amenaza tan rara! pensaba para mí. Si perdieron las tres…

El caso es que se celebraba el hecho muy destacable de que la Constitución del 78 ha alcanzado, no ya su mayoría de edad, sino la condición de ser la más longeva de la historia de España con sus 47 años de vigencia, hecho que se celebraba ayer en el Congreso. Como es natural y era de esperar, los nacionalistas tomaron el olivo y se evitaron el trance de saludar a los Reyes junto al resto de portavoces de los grupos parlamentarios: el Rufián de ERC, la Nogueras de Junts, la Aizpurua de EH Bildu y la Vaquero del PNV. El presidente del Gobierno se saludó como sin querer con su antecesor, Felipe González, que prefirió sentarse entre los diputados constituyentes que en el sitio que tenían reservado los expresidentes. También estuvo Aznar, aunque no se vio a Mariano Rajoy ni a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué tendría que hacer Mariano Rajoy para no asistir ayer al Congreso? Lo de Zapatero se entiende: tendría que cuidar los negocios de sus hijas y los suyos propios, además de supervisar la excarcelación de los presos políticos venezolanos y la demolición del Helicoide.

Francina Armengol, dipsómana a deshoras contra sus propios decretos, aprovechó el lance como suele, para invocar la Constitución de 1931, la de la 2.ª República, «que llevó al país a ser una república democrática», dijo, para afirmar a continuación que Las Cortes son la sede de la soberanía popular, en clara incomprensión (8.ª ignorancia) de lo que establece el artículo 1.2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado».

Sería discutible su afirmación de que la Constitución del 9 de diciembre de 1931 llevó a España a ser una República. La República había sido proclamada unos cuantos meses antes de la aprobación de la Constitución. Democrática no lo fue nunca. Cuenta pertinentemente El Debate que en los cinco años que duró aquel régimen se suspendieron las garantías constitucionales en 62 ocasiones, una media de una vez al mes, y que cambió de gobierno 19 veces, con más frecuencia que la Italia de la segunda mitad del siglo XX.

Pero Armengol haría bien en leer con aprovechamiento la carta magna de la República desde el artículo 1, con esa definición de que «España es una República democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia». Uno comprende que a Ilya Ehrenburg, corresponsal de guerra de la URSS, se le pusiera la pluma cachonda y escribiera con bastante zumba España, República de Trabajadores. Pero hay más: esta presunta presidenta del Congreso debería leer el artículo 4, en el que establece que «el castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene la obligación de saberlo y el derecho de usarlo», exactamente los mismos términos que emplea la Constitución del 78. Trate doña Francina de convencer a sus socios nacionalistas del colofón de dicho artículo: «Salvo en lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional».