El caso del DAO

No damos abasto y hay que empezar por reconocer las propias insuficiencias analíticas cuando en los primeros días de junio de 2018 me permití recibir al primer Gobierno de Sánchez con un entusiasmo contenido, basado principalmente en dos nombres: Josep Borrell y Fernando Grande Marlasca.

Todavía recuerdo con alguna vergüenza la perplejidad con la que leí un tuit alborozado del recentísimo ministro del Interior: «La emoción de un momento histórico. Empieza el Gobierno de @sanchezcastejon», y antes de que pasara un mes, ya se me había caído con todo el equipo, al anunciar que iba a trasladar a Cataluña a los presos golpistas del procés y que lo iba a hacer limitándose a aplicar la ley. Como sus antecesores, Fernández Díaz con la excarcelación de Bolinaga y Rubalcaba con el traslado de Iñaki de Juana Chaos.

Todos lo hacían todo para aplicar la ley, confundiendo lo que la ley permite con aquello a lo que la ley obliga. Después acercaría masivamente a sus casas a los más encarnizados terroristas etarras, con el mismo argumento y exhibiendo el precedente del acercamiento de los terroristas presos por Aznar a finales de los años 90. Mintió al ocultar que los acercamientos de Aznar fueron obligados por el Congreso, que aprobó mayoritariamente dos mociones: una de Rosa Aguilar en el 98 y otra del PNV y EA en el 99.

Más tarde caí en la cuenta de que este tío era un fraude desde su propio nombre, que había tuneado para hacerse el vasco o el exótico, añadiendo una «k» al apellido materno y yuxtaponiéndolo con artístico guion al Grande de su padre. Y así, el hijo de Avelino Grande y Ángela Marlasca Gómez acabó autodenominándose Fernando Grande-Marlaska Gómez.

Los casi ocho años que lleva en el Ministerio han acreditado una bellaquería sin tacha, porque en el sanchismo el emputecimiento se transmite por endoso: él lo recibió de Sánchez y se lo ha transmitido al ex-DAO (director adjunto operativo) de la Policía Nacional, que se vio obligado a dimitir el martes al trascender la noticia de que un juez había admitido a trámite la querella de una subordinada suya por agresión sexual.

La subordinada era inspectora de la Policía Nacional, una historia corriente: habían mantenido algún tipo de relación en el pasado, ella 25 o 30 años más joven, se negó a reanudarla y él se lo tomó a mal. José Ángel González, que tal es su nombre, tendría que haberse jubilado en diciembre de 2024, al cumplir los 65, pero Grande —y Marlasca por parte de madre—, que lo había ascendido a DAO en octubre de 2018, metió una morcilla en la página 91 del real decreto de ayudas a los damnificados por la dana para que siguiera en su puesto.

Así es Fernando Grande (solo de nombre): arruinó la carrera del coronel Pérez de los Cobos al impedirle el ascenso al generalato por haber cumplido estrictamente la ley en su condición de Policía Judicial y promociona la de un tipo que acabó revelándose como un agresor sexual con agravantes. Había una en el Código Penal franquista que era «desprecio de sexo» y que vendría muy bien a este galán con espolones, porque en la tarea que siguió a la primera negativa de ella, la insultaba por escrito con términos como «gilipollas», «borrica» y «vete a la mierda». La cosa no terminaba aquí: la emputecida mano derecha del emputecido hombre fuerte de Marlasca, el comisario Óscar San Juan, medió para ofrecer a la mujer cualquier cargo que le apeteciera en el cuerpo a cambio de su silencio.

El ministro del Interior se puso farruco ayer en el Congreso ante la interpelación de la diputada Miriam Guardiola y la retó a afirmar que él conocía las hazañas sexuales de su DAO fuera del Congreso, amenazando con la ley. Vayamos por partes: han pasado diez meses desde los hechos denunciados por la víctima. El agresor sexual contó con la complicidad de su segundo, el comisario San Juan, para coaccionarla. ¡Es que la cúpula se parece tanto a la cópula! Es harto improbable que esto no se haya conocido en el Ministerio hasta su tramitación judicial.

Y mire, señor Grande, nadie más que usted sabe si sabía o no sabía, pero solo hay dos posibilidades: en el caso de que fuera conocedor, tendría que dimitir. En el caso de que desconociera algo sobre lo que sus jefes policiales estaban al cabo de la calle, tendría que dimitir por un caso de flagrante incompetencia. Su respuesta en el Congreso recibió una cerrada ovación de la jarca socialista: medio minuto más de aplausos que José Luis Ábalos. Esto lo explica todo, moral, intelectual y políticamente. Estamos tocando el fondo, escribió Gabriel Celaya, aunque aquello era la superficie.