La colonización chavista de España
«No ha sido una invasión al uso, sino una revolución ‘BOElivariana’: con nombramientos estratégicos, con fondos públicos y cargos orgánicos»
Ilustración creada con inteligencia artificial.
Durante años nos dijeron que Podemos era el problema. Que la importación del chavismo a España se limitaba a unos cuantos profesores con coleta fascinados por la revolución bolivariana y financiados por la petrochequera caribeña. Y sí, lo fue. Pero solo como avanzadilla. Como punta de lanza ideológica.
El verdadero desembarco —o mejor dicho, el verdadero aterrizaje, con su correspondiente rescate millonario exprés incluido— ha sido posterior. Y no lo ha pilotado Podemos. Lo ha promovido, gestionado y desembarcado el sanchismo.
Porque la colonización chavista de España no ha sido una invasión al uso, sino una revolución BOElivariana: con nombramientos estratégicos, con fondos públicos y cargos orgánicos.
El aterrizaje con dinero público
Si alguien quiere una imagen del proceso, que mire al cielo. O mejor, que mire la pista del aeropuerto de Barajas. Plus Ultra no fue un caso más de corrupción pandémica. Fue la metáfora perfecta: con nuestro dinero se rescató a la presunta mula aérea de un narcorrégimen.
No es una exageración literaria. Diversas informaciones periodísticas han señalado que aeronaves vinculadas a la compañía habrían sido utilizadas en rutas y operaciones bajo sospecha de transportar material sensible, incluyendo armas y cargamentos ilícitos, en el entorno geopolítico del chavismo.
«El Gobierno decidió declarar ‘estratégica’ a una empresa marginal, con un solo avión operativo, y transferirle 53 millones de euros»
Aun así, el Gobierno decidió declarar «estratégica» a una empresa marginal, con un solo avión operativo, y transferirle 53 millones de euros de fondos públicos en tiempo récord. Mientras miles de autónomos y pymes agonizaban sin auxilio, la prioridad fue garantizar el aterrizaje suave de una compañía con conexiones orgánicas en el ecosistema chavista.
Por eso la metáfora no es gratuita. No se trató solo de salvar una aerolínea. Se trató de utilizar dinero de los contribuyentes españoles para sostener una estructura empresarial señalada por su cercanía a un régimen acusado internacionalmente de vulneraciones de los derechos humanos, de narcotráfico, de corrupción sistémica y de tráfico de armas.
La pista estaba despejada. El avión aterrizó. Y el rescate lo pagamos nosotros.
Mientras tanto, el llamado «sobre de Aldama» —que, según su propio poseedor, habría recibido directamente de Delcy Rodríguez— contendría información sobre financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista con 250 millones procedentes del régimen chavista. Es decir: dinero de una narcodictadura extranjera destinado a sostener estructuras políticas en España y en Europa al margen de la ley.
No hablamos de una irregularidad más. Hablamos de un escenario que, como recordó Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso al interpelar a Bolaños, podría situar incluso sobre la mesa la pena más extrema prevista para personas jurídicas: la disolución.
Y eso explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, la súbita transformación de Pedro Sánchez en cruzado global contra los «tecnooligarcas». Explica su frenesí regulador sobre redes sociales. Explica la necesidad urgente de colocar el debate en otro sitio.
La captura institucional
Pero el dinero es solo una parte. La colonización verdaderamente inquietante es la institucional. Y ha sucedido ante nuestros ojos mientras, como en el viejo refrán, mirábamos el dedo y no la luna.
El ejemplo más claro está en la Fiscalía. Dolores Delgado, ministra de Justicia, fue nombrada fiscal general del Estado sin solución de continuidad. No hablamos de una jurista que da el salto desde la carrera profesional, sino de una ministra que pasa directamente a dirigir el Ministerio Fiscal.
«La colonización no sustituye el sistema. Lo va moldeando»
Pero lo verdaderamente importante sobre Delgado a estos efectos es que es, además, pareja de Baltasar Garzón, miembro del equipo de abogados de Maduro, Alex Saab y otros altos cargos del chavismo. Y también de Pdvsa.
La sustitución no corrigió nada: lo profundizó. Álvaro García Ortiz, mano derecha de Delgado, fue designado fiscal general pese al dictamen de no idoneidad del CGPJ. Primer caso en nuestra historia democrática. Más tarde, condenado por revelación de datos reservados para perjudicar a una rival política de Pedro Sánchez. Haciendo historia otra vez.
No deja de resultar irónico que, del trío más representativo de esta etapa de colonización chavista de la justicia, dos hayan sido condenados en firme. Garzón, un juez, por prevaricación. García Ortiz, un fiscal general, por revelación de secretos. Pero el relato oficial no habla de degradación institucional, sino de lawfare. Exactamente el mismo guion que en Caracas.
El vértice constitucional
Y en el plano constitucional, el afán colonizador tampoco es menor. Cándido Conde-Pumpido, uno de los presidentes del Tribunal Constitucional más controvertidos de nuestra democracia, fue designado en su día fiscal general por José Luis Rodríguez Zapatero. El mismo expresidente del Gobierno señalado por actuar como valedor internacional del chavismo y como interlocutor amable con la dictadura china, almuerza con el magistrado en conocidas terrazas madrileñas.
‘Caraquización’ en marcha
La colonización chavista no adopta la forma de un golpe de Estado reconocible. No hay imágenes dramáticas que permitan identificar el momento exacto de la ruptura. No hay tanques, ni proclamas militares, ni suspensión formal de derechos. Precisamente por eso resulta más eficaz. No sustituye al sistema. Lo va moldeando.
Aquí no se clausuran tribunales: se nombran perfiles afines. No se elimina la separación de poderes: se tensiona hasta convertirla en una formalidad. No se declara la subordinación institucional: se normaliza mediante lealtades personales y promociones estratégicas.
Las democracias no se deterioran siempre por asalto frontal. A veces lo hacen por colonización progresiva. Y la colonización empieza cuando los mecanismos de control dejan de ser incómodos para el poder y pasan a integrarse en su lógica.
España no es Venezuela, ciertamente. Pero ciertos rasgos empiezan a parecerse demasiado a dinámicas que conocemos bien en Caracas: la utilización del aparato institucional como prolongación del Ejecutivo, la deslegitimación sistemática de jueces incómodos, la conversión del Ministerio Fiscal en actor político, el colapso progresivo de las infraestructuras y servicios públicos y la reducción del debate público a un enfrentamiento moral permanente que impide analizar lo estructural.
La degradación no comienza con el hambre ni con la inflación disparada. Comienza antes. Comienza cuando se acepta que las reglas pueden reinterpretarse siempre en beneficio del que gobierna. Cuando se asume que los contrapesos son obstáculos. Cuando el poder deja de entenderse como limitado y empieza a concebirse como protegido.