Irán le importa una higa a Sánchez

¿Saben cuántas teocracias o dictaduras han caído gracias a procedimientos amparados en el derecho internacional? Ninguna. Cero.

Es una pregunta incómoda, pero conviene formularla cada vez que algún dirigente occidental invoca solemnemente el respeto al derecho internacional como si fuera una herramienta eficaz para detener regímenes criminales.

Tomemos Irán como ejemplo. Desde la instauración del régimen de los ayatolás en 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado más de 70 resoluciones condenando la situación de los derechos humanos en el país. Una media de una declaración por año, prácticamente. A ellas se suman decenas de resoluciones adicionales del Consejo de Derechos Humanos.

¿El resultado? Ninguno.

Ni una sola de esas resoluciones ha servido para detener las ejecuciones públicas, los ahorcamientos de mujeres violadas, homosexuales o manifestantes. Ninguna ha impedido las torturas sistemáticas. Ninguna ha protegido a los opositores encarcelados tras juicios farsa. Ninguna ha evitado que el régimen reprima con violencia a los iraníes que se atreven a exigir libertad.

Tampoco han servido para salvar a las mujeres iraníes de un sistema legal que convierte su vida en una cárcel que castiga la libertad femenina con prisión, palizas o muerte.

«Gracias al ‘derecho internacional’, el Irán de los ayatolás participa en los órganos de la ONU enfocados en los derechos humanos»

Y, por supuesto, no han impedido que la teocracia iraní haya financiado milicias y organizaciones terroristas. Ha convertido la desestabilización en política de Estado. Y ha intentado interferir en sistemas políticos occidentales mediante propaganda, manipulación de la opinión pública y financiación de movimientos radicales.

Nada de esto lo ha podido frenar el derecho internacional durante más de 45 años. Eso sí, gracias al derecho internacional, el Irán de los ayatolás participa en los órganos de Naciones Unidas enfocados en los derechos humanos. Forma parte del Consejo de Derechos Humanos y de sus mecanismos consultivos.

Un régimen que ejecuta opositores, ahorca en público a mujeres violadas, homosexuales y disidentes, se sienta en la mesa donde se decide cómo proteger los derechos humanos en el mundo.

Ese es el panorama internacional. Conviene tenerlo presente antes de replicar ciertos discursos grandilocuentes como el de Pedro Sánchez, que lo sabe perfectamente.

«El ‘No a la guerra’ es un lema eficaz para movilizar emociones y mantener una pretendida superioridad moral»

Cuando condena la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní apelando al «No a la guerra», al rechazo a la violencia o al respeto al derecho internacional, no está formulando una posición política seria sustentada en principios o creencias. Está haciendo política doméstica irresponsable. Porque cualquier ciudadano mínimamente informado entiende lo que hay detrás de ese discurso.

El «No a la guerra» es un placebo moralizante. Nada más. Un lema eficaz para movilizar emociones y mantener una pretendida superioridad moral. Un marco cómodo desde el que levantar el dedo acusador contra Occidente mientras se ignora deliberadamente la naturaleza de los regímenes a los que, en la práctica, se está protegiendo con ese discurso.

Porque eso es exactamente lo que ocurre. El relato pacifista permite envolverse en una apariencia moral impecable mientras se elude la pregunta incómoda: qué hacer cuando el derecho internacional demuestra, una y otra vez, que es incapaz de detener a regímenes criminales. El resultado es un discurso autocomplaciente para quien lo pronuncia. Pero completamente inútil para quienes viven bajo esas teocracias.

Y además, profundamente cínico. Porque para creer que Pedro Sánchez actúa movido por un coherente pacifismo legalista, habría que ignorar demasiadas cosas. Habría que olvidar su política exterior errática, su uso constante de los conflictos internacionales como herramienta de política interna y su tendencia a convertir cualquier crisis global en un escenario de propaganda electoral doméstica con el que movilizar y aglutinar a la izquierda. Dicho sin rodeos: hay que ser tonto, muy tonto, para comprar ese relato. O eso, o dejarse arrastrar por ese reflejo ideológico tan viejo como persistente que convierte el antiamericanismo y el antisemitismo en sustitutos de cualquier análisis serio.

«Si el derecho internacional funcionara, las dictaduras no podrían actuar con impunidad»

Pero hay algo más que Pedro Sánchez parece olvidar cuando invoca solemnemente el derecho internacional: si ese sistema jurídico nació para algo, fue para proteger los derechos humanos. No solo en abstracto, sobre el papel o en declaraciones solemnes. Su finalidad era mucho más concreta: impedir matanzas, persecuciones y represiones masivas como las que el régimen iraní lleva décadas infligiendo a su propio pueblo.

Ese era el propósito. Al menos en teoría. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos lo reconoce sin rodeos. Su preámbulo recuerda que el desprecio de los derechos humanos ha provocado «actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad» y advierte de que esos derechos deben estar protegidos por un régimen de derecho para evitar que los pueblos se vean obligados a recurrir «a la rebelión contra la tiranía y la opresión». 

La lógica es simple: si el derecho internacional funcionara, las dictaduras no podrían actuar con impunidad. El problema es que ese sistema no solo ha demostrado ser impotente. En demasiadas ocasiones ha sido directamente capturado por los regímenes que debía vigilar.

Ahí está el ejemplo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Israel acumula más resoluciones condenatorias que Corea del Norte, Afganistán o el propio Irán y, además, tiene un punto permanente y exclusivo en la agenda del organismo. Sí, la única democracia de Oriente Próximo recibe más reproches formales que algunas de las dictaduras más brutales del planeta.

«Pedro Sánchez debería lavarse la boca antes de pronunciar una sola lección sobre legalidad»

Esta es la operatividad real del derecho internacional que tanto reivindica Pedro Sánchez. Un sistema donde los foros creados para proteger los derechos humanos suelen ser instrumentalizados por quienes los violan sistemáticamente.

En cualquier caso, Pedro Sánchez debería lavarse la boca antes de pronunciar una sola lección sobre legalidad. Un presidente que en siete años ha erosionado la separación de poderes, colonizado instituciones, retorcido el marco constitucional para mantenerse en el poder y que gobierna rodeado de escándalos de corrupción no está para dar clases de derecho a nadie.

Y, sin embargo, se atreve a impartir públicamente lecciones de derecho internacional mientras utiliza el Código Penal como si fuera papel higiénico. Y lo verdaderamente fascinante es que todavía haya gente dispuesta a escucharlo con respeto.