La peligrosa demagogia de Sánchez

Nadie quiere la guerra. Durante décadas, y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU, los países han ido desarrollando leyes para situar los límites, condiciones y excepciones para que, de una forma racional, los Estados sepan cómo pueden actuar en sus relaciones con otros Estados. El llamado derecho internacional se basa en la existencia de tratados, de las costumbres internacionales y de los principios generales del derecho impulsados por resoluciones de Naciones Unidas, con unos fines muy claros: la paz y la seguridad, la cooperación, los derechos humanos o el comercio. Desgraciadamente, no siempre funcionaron. Y cada vez lo hacen menos.

Los últimos ataques de Estados Unidos e Israel plantean una serie de dilemas complejos de solucionar y que no deberían ser simplificados ideológica o demagógicamente. El ataque a Irán, no por avisado y anunciado, ha dejado de vulnerar el derecho internacional.

Dicho esto, conviene no olvidar nunca que el ataque ha sido contra un régimen, el de los ayatolás, que lleva años vulnerando el derecho internacional, los derechos humanos y desestabilizando numerosos países con la financiación de grupos terroristas. Irán lleva décadas asesinando a su propia población. Hace unas semanas, unos 40.000 opositores manifestantes fueron ametrallados en las calles en tan solo cuatro días. Irán lleva años vulnerando el derecho internacional también con la financiación de grupos terroristas como Hezbolá en el Líbano, Hamás en Gaza o los hutíes de Yemen. En Teherán se fraguaron atentados terroristas por todo el mundo que asesinaron a centenares de personas, de Buenos Aires a Beirut. Un régimen teocrático, despiadado y muy violento.

La complejidad moral del ataque nos remite, en términos pragmáticos, al dilema que surge entre acabar con un régimen que asesina, tortura, reprime a la mujer y a los homosexuales, extiende y financia la violencia terrorista y busca el poder nuclear para hacer desaparecer a Israel. En el otro lado del dilema, la opción es seguir limitándose a que la negociación sea la única posibilidad para que renuncie al poder nuclear, deje de financiar a grupos terroristas o proteja los derechos humanos de su población.

En este dilema no ayuda que haya sido un presidente como Donald Trump —que gobierna a golpe de capricho cesarista sin que nadie le frene— quien haya decidido atacar a Irán. Despierta muchas inquietudes y dudas sobre sus verdaderas intenciones. Se vio en Venezuela, donde le ha importado más el control y la gestión del petróleo que la caída de la dictadura chavista, un rival menor. Un petróleo venezolano que, por cierto, ha dejado de viajar a China, el auténtico rival de Trump. Y no olvidemos que el gran comprador del petróleo iraní es también China.

Irán no es un rival menor como Venezuela y, en este caso, la primera justificación del ataque ha sido la de evitar que un nuevo Gobierno tiránico acceda al poder nuclear. Nuevo, porque no sería el primero: Rusia, China o Corea del Norte no son grandes ejemplos de democracia. Trump ha roto con todo. Si se pregunta quién está más a favor de la intervención armada, la respuesta es clara y reveladora: el pueblo iraní. 40 años de una inhumana dictadura fundamentalista han sufrido un duro revés, pero todavía no ha caído.

Y, en medio del caos, aparece Pedro Sánchez para, de nuevo, intentar convertirse en el antagonista mundial de Trump. Cree Sánchez que esta puede ser su última carta electoral para recuperar algún prestigio entre un electorado que está esperando cada cita con las urnas autonómicas para castigarle con sonoras derrotas que él silencia y esconde.

Tiene razón Sánchez cuando dice que se ha vulnerado el derecho internacional, pero es muy miserable que durante años haya callado ante los desmanes iraníes contra su propia población, que ahora por primera vez condena con la boca pequeña.

Este Sánchez que reivindica el espíritu del derecho internacional de la ONU es el mismo que ha traicionado al pueblo saharaui relegando el mandato de un referéndum en el Sáhara y aceptando de forma secreta, no explicada y sumisa, todas las exigencias de Marruecos. Este Sánchez que reclama el respeto al derecho internacional es el que calló ante la injustificada matanza por parte de Marruecos de un centenar de inmigrantes en la valla de Melilla.

Y no es solo la incongruencia con sus actuaciones y declaraciones en otros contextos. Sánchez ha cometido la tropelía, con su comparecencia —una vez más sin preguntas de la prensa—, de intentar manipular emocionalmente con el «No a la guerra» de hace veinte años contra Aznar. Aunque con Sánchez todo dura poco. Su «No a la guerra» ha tardado menos de 24 horas en convertirse, una vez más, en mentira. Ha dado marcha atrás y su ministra de Defensa ha anunciado el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre para defender a un aliado de la UE.

Detrás de esa decisión también se oculta la realidad. La fragata española es parte del grupo de combate del portaaviones francés Charles de Gaulle desplegado en el Báltico y que ahora se dirige a Chipre, que sufrió el ataque de dos misiles iraníes hace unos días. En realidad, el ataque fue sobre bases militares británicas, que no es miembro de la UE, aunque sí de la OTAN.

El «no a la guerra» con el que Sánchez intenta emular el movimiento que llevó a Zapatero a la presidencia del Gobierno hace más de 20 años es un desesperado intento electoral de recuperar voto de izquierda. Desesperado y peligroso, porque ningún gobernante democrático juega con la imagen de su país para su beneficio político personal.

Lo que ha hecho Sánchez, al alardear de no permitir el uso de las bases conjuntas de Morón y Rota para los aviones cisterna norteamericanos, es una bravuconada indigna de un gobernante. Ni siquiera ha sido el único país en hacerlo: son varios los países, como Italia o Turquía, que han puesto también limitaciones a los aviones militares norteamericanos. La diferencia es que sus dirigentes no han hecho manifestaciones públicas alardeando de ello y enfrentándose directamente con otro adicto a las cámaras y al choque como Trump.

Lo peor es que esa rotunda proclama de Sánchez —por cierto, aplaudida por el Gobierno de Teherán— parece que tiene también sus trampas. Han sido varios los aviones militares norteamericanos que han usado las bases españolas con destino final en Oriente Próximo, aunque para el autoengaño el Gobierno español aluda a que aterrizaron antes en Sicilia o Creta.

Usar el derecho internacional para hacer demagogia con fines electoralistas como hace el presidente Sánchez es deplorable. Con él pasa ya lo mismo que con Trump: da igual lo que hagan porque a nadie le sorprende ya nada. Pero un presidente del Gobierno debería tener la prudencia, la inteligencia y el deber de velar por los intereses de España por encima de su ego.

Las amenazas de represalias comerciales de Trump contra España tienen el freno legal de la UE. Pero las posibilidades de castigar a España sí son amplias. Desde la compra de gas al bloqueo de nuestra industria militar, el castigo puede ser enorme. Y Sánchez debería saberlo y evitarlo antes de abrir y agrandar una crisis diplomática con Estados Unidos. Trump se encuentra a gusto sacudiendo a Sánchez, pero el problema lo pueden acabar pagando todos los españoles. No es cuestión de dignidad, sino de prudencia y de sentido común.

Posdata: vergüenza bananera de la cobertura diplomática a los miles de españoles atrapados en distintos puntos de Oriente Próximo. Albares ha vuelto a demostrar su nefasta gestión ante una emergencia consular.