Machista el que no bote

El «yo sí te creo, hermana» irrumpió en nuestras vidas como un grito solidario y progresista que, sin embargo, enmascaraba un propósito reaccionario y revanchista. No solo exigía liquidar la presunción de inocencia y otras garantías del derecho, sino implantar una justicia a la carta para las mujeres. Sus más fundamentalistas agitadoras justificaban a las madres que secuestraban a sus hijos y negaban incluso la necesidad de presentar pruebas en las denuncias por agresión sexual o violencia de género. Les bastaba con la palabra de la mujer, cuya bondad natural se contraponía a la maldad intrínseca del hombre, endurecida por siglos de un despiadado heteropatriarcado.

Además, enfrentarse dialécticamente a ese axioma involucionista colocaba a los pocos valientes que lo hacían fuera del sistema, entre el fascismo, el machismo y la barbarie.

Eran los tiempos en los que la pretendida superioridad moral de la izquierda lo impregnaba todo, con un Gobierno que permanentemente se definía como progresista, ecologista y, por supuesto, muy feminista. Pedro Sánchez había elegido un gabinete con más mujeres que hombres; Carmen Calvo pretendía epatar con su hallazgo del «consejo de ministras» y Nadia Calviño se negaba a posar para la foto en los actos oficiales en los que ella era la única mujer. Sus escrúpulos feministas no le impedían, sin embargo, que su propio marido fuera colocado en Patrimonio Nacional para un empleo de 100.000 euros.

Pero el feminismo no solo era mayoritario en el «consejo de ministras», sino que cada Día Internacional de la Mujer tomaba las calles. Al frente de la pancarta que encabezaba la manifestación de Madrid iban las ministras, pero también la mismísima Begoña Gómez, jaleando consignas de gran consistencia intelectual como «machista el que no bote» o «no es un caso aislado, se llama heteropatriarcado». Poco se sabía entonces —salvo el excomisario José Manuel Villarejo y algunos apparatchik como Óscar López— que la ocupación principal de toda su familia había sido la explotación de la prostitución masculina y femenina.

La entrada de Podemos en el Gobierno y el nombramiento de Irene Montero como ministra de Igualdad incrementaron aún más la cruzada y la violencia dialéctica contra los hombres. Se puso de moda una canción de un colectivo chileno que tenía como estribillo principal «el Estado opresor es un macho violador» y «el violador eres tú», pero aquí la secretaria de Estado, la popularísima «Pam», Ángela Rodríguez Pam, competía con sus propias letras, asegurando que «los hombres en España son bastante violadores». Hasta Pedro Sánchez reconocía en público que sus amigos se sentían incómodos con algunos discursos feministas que buscaban más la confrontación que la integración.

Todas aquellas performances ahora están en declive. El «yo sí te creo, hermana» y los otros hit parade, como «sola y borracha quiero llegar a casa», se han convertido en material de desecho. Los datos demoscópicos confirman además lo rápido que se ha producido ese hundimiento. Solo el 38,4% de los jóvenes se identifica como feminista en España y hasta un 49% percibe el feminismo «como una herramienta de manipulación política».

Pero donde más se nota es en la calle. Las movilizaciones del 8-M que en el año 2019 llegaron a concentrar en Madrid a más de 300.000 personas tienen ahora el mismo y escaso predicamento que las burocráticas manifestaciones sindicales del Día Internacional de los Trabajadores. Están recogiendo lo que sembraron. No solo fueron los abusos dialécticos y el ánimo de polarizar la sociedad entre mujeres buenas y hombres malísimos, sino una concatenación de políticas y leyes que, lejos de mejorar la situación de las mujeres, las han ido degradando.

A la cabeza de todas se encuentra la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la famosa ley del «sí es sí», un engendro jurídico que a finales de 2023 —fecha en la que el Consejo General del Poder Judicial decidió dejar de dar datos— ya había provocado la rebaja de penas a 1.233 agresores sexuales y la excarcelación de 126.

También la ley trans de España, que permite la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos, ha provocado que «señoros» de bigote y pelo en pecho hayan cambiado el José por la Josefina, con el único propósito de eludir denuncias por violencia de género o conseguir ventajas en las oposiciones a los cuerpos policiales. Nadie escuchó a las feministas que sostenían y siguen sosteniendo que esa ley «borra» a la mujer como sujeto político y niega su realidad biológica.

Tampoco se han producido mejoras sustanciales en la lucha contra la violencia de género. A pesar de los presupuestos millonarios y las campañas de autobombo, las estadísticas revelan que las cifras de mujeres asesinadas —una media de 50 al año— son básicamente las mismas que ya se producían durante los Gobiernos de Mariano Rajoy.

Pero, además de esos y otros bochornos como el de las pulseras antimaltrato, lo que probablemente más ha destruido su reputación ha sido la acumulación de contradicciones entre los discursos oficiales y sus oscuras vidas privadas. Ahí están las saunas de Sabiniano, los hábitos malsanos de José Luis Ábalos, Paco Salazar o Íñigo Errejón, entre otros muchos, pero también los graves delitos de violación de los que es acusado el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional. Nunca nadie había puesto a tanto zorro a guardar el gallinero.

Pero con Pedro Sánchez nunca se llega al techo. La infame novedad de este año ha sido la de mezclar el «No a la guerra» con el 8-M. Una falta de respeto y sensibilidad para 40 millones de mujeres iraníes, controladas como ganado por los frailunos de Teherán y que cada día se la juegan por enseñar un mechón de pelo o no ir suficientemente tapadas. Para ellas, el fin del régimen de los ayatolás es la única fuente de esperanza para acceder a los mismos derechos que ya tienen sus «hermanas» españolas y que, una vez más, las han dejado tiradas.