La trama de los hidrocarburos y el sobre de Aldama, para 'dummies'

Podemos empezar por una obviedad que conviene no perder de vista: cuando en un mismo caso confluyen petróleo, dinero público, Venezuela y altos cargos políticos, la hipótesis de la normalidad no es una opción razonable.

Y eso es, precisamente, lo que están investigando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el juez Santiago Pedraz en la llamada trama de los hidrocarburos. No un fraude más, no a un empresario creativo que maniobra para evadir impuestos, sino una estructura que, según los indicios, combina licencias estratégicas, ingeniería fiscal agresiva y conexiones gubernamentales del más alto nivel con capacidad no solo para enriquecerse, sino para condicionar nuestra política interna y proyectar influencia sobre la posición geoestratégica de España.

Para entender este entramado, hay que empezar por el núcleo del negocio, que no es el petróleo en sí, sino el permiso para moverlo. En España, quien no tiene el título de operador de hidrocarburos no juega. Puede tener producto, contactos o dinero, pero está fuera del sistema. En cambio, quien obtiene esa licencia accede a un circuito privilegiado: puede comprar combustible en régimen suspensivo, almacenarlo sin pagar impuestos por adelantado y distribuirlo dentro de una red logística perfectamente regulada.

Ese es el punto de partida. Y también el primer punto oscuro. Porque la investigación apunta a que la sociedad Villafuel, vinculada a la trama de empresas de Víctor de Aldama, obtuvo ese permiso de forma presuntamente irregular: presiones, gestiones políticas y pago de favores que, según las pesquisas, podrían rondar el millón de euros para «comprar voluntades» dentro del Gobierno. Entre ellas, las del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

El segundo elemento clave son los depósitos fiscales, conocidos en el sector como clústeres. Son infraestructuras legales, diseñadas para almacenar hidrocarburos sin que se devenguen impuestos hasta que el producto sale hacia el consumo final. Y aunque en teoría son una herramienta pensada para facilitar la eficiencia logística, en la práctica no son pocas las veces en las que se utilizan como un instrumento idóneo para ejecutar un fraude fiscal masivo.

«El presunto fraude fiscal se produce cuando ese IVA, en lugar de ser ingresado en Hacienda, se desvía a cuentas en el extranjero»

La operativa descrita por la UCO es sofisticada para su comprensión por el ciudadano común, pero también previsible para los familiarizados en la materia. El combustible —que suele proceder de circuitos internacionales opacos— entra en estos depósitos. Una vez dentro, se articula una cadena de sociedades pantalla que van asumiendo formalmente la titularidad del producto. Empresas sin estructura real, sin actividad o con una apenas significativa, pero perfectamente útiles para diluir responsabilidades.

Cuando finalmente el hidrocarburo sale del depósito hacia las gasolineras, se produce el momento clave: se cobra el IVA al cliente final. El presunto fraude fiscal se produce cuando ese IVA, en lugar de ser ingresado en Hacienda, se desvía a cuentas en el extranjero y la sociedad responsable desaparece o se declara insolvente antes de que la Agencia Tributaria pueda reaccionar. Dicho de otra forma, se queda con el importe de un impuesto que debería pagarse a Hacienda.

Pero la trama no se agota en ese circuito. De hecho, lo verdaderamente inquietante aparece cuando se analiza el origen del producto. Cada vez son más sólidas las informaciones que apuntan a que parte del crudo podría proceder de Venezuela, cuyo régimen dictatorial estaba sometido a sanciones de EEUU y de la Unión Europea desde 2018. La pregunta, entonces, es evidente: ¿cómo llega ese petróleo al mercado internacional sin levantar alarmas a pesar de las sanciones?

La respuesta es conocida en el ámbito geopolítico: triangulación. El crudo sale de Venezuela, pasa por terceros países —como República Dominicana, destino predilecto del Falcon presidencial— donde se refina, se mezcla o simplemente se reetiqueta, y vuelve al circuito comercial internacional con una apariencia completamente distinta. Formalmente, deja de ser venezolano; materialmente, sigue siéndolo.

«Aldama habría participado en gestiones para introducir en España a empresarios vinculados al entorno de Maduro»

Y aquí es donde el caso cambia de dimensión. Porque ya no estamos solo ante un fraude fiscal sofisticado, sino ante una operativa que, de confirmarse, estaría burlando sanciones internacionales y conectando intereses económicos con decisiones políticas de primer nivel. La propia UCO apunta a que la red no se limitaba a obtener beneficios económicos, sino que también habría actuado como estructura de influencia vinculada a intereses del régimen venezolano.

En ese contexto encajaría la figura de Víctor de Aldama no solo como intermediario económico, sino como facilitador de relaciones. Según la investigación, habría participado en gestiones para introducir en España a empresarios vinculados al entorno de Nicolás Maduro, abriendo puertas y generando oportunidades de negocio en sectores estratégicos.

Y, como pieza adicional, aparece el ya famoso «sobre de PDVSA», la petrolera estatal venezolana, auténtico pulmón económico del régimen chavista. Un sobre que, de acuerdo con lo que se ha publicado, contendría documentación oficial de la compañía, fechado en febrero de 2020, poco después del episodio de Barajas con Delcy Rodríguez.

Pero lo verdaderamente relevante no es solo la existencia de ese sobre, sino el contenido que distintos medios han empezado a desvelar, a expensas de que se levante el secreto judicial. Según lo publicado, esa documentación reflejaría la asignación de un cupo de crudo venezolano por valor de 250 millones de euros destinado a su comercialización a través de intermediarios vinculados a la trama, así como la existencia de una cuenta en Rusia en la que se habrían ingresado al menos 5 millones de euros en concepto de anticipo. Todo ello, siempre según la versión de Aldama, formaría parte de un circuito orientado a financiar de manera irregular al PSOE, la Internacional Socialista e incluso a realizar pagos a antiguos dirigentes políticos.

«Aldama llegó a obtener salvoconductos durante el estado de alarma para que los implicados pudieran seguir operando»

Traducido: petróleo de un país sancionado que se mueve a través de intermediarios, dinero que escapa de cualquier control y una operativa que no busca solo ganar dinero, sino influir en la política y en el posicionamiento internacional de España.

Por cierto, se ha publicado que una de las personas claves en la investigación referente al sobre, un turbio empresario venezolano vinculado al chavismo y al narcotráfico, Francisco Flores, habría fallecido en fechas recientes. También apareció ahorcado el testigo clave del caso Morodo, exembajador de Zapatero en Venezuela que recibió pagos millonarios de PDVSA. Cosas que pasan.

A todo esto, hay que añadir un elemento que suele pasar desapercibido pero que resulta esencial para que el esquema funcione: la logística. Nada de lo anterior sería posible sin capacidad de mover el producto a través del territorio nacional, sin acceso a depósitos, sin permisos operativos y, en momentos críticos como la pandemia, sin autorizaciones especiales.

De hecho, se ha acreditado que Aldama llegó a obtener salvoconductos durante el estado de alarma para que los implicados pudieran seguir operando sin restricciones, mientras el resto del país permanecía paralizado y aplaudiendo desde los balcones. Al mismo tiempo, los informes de la Guardia Civil apuntan a contactos directos con altos cargos de distintos ministerios para allanar el camino regulatorio.

«El simple hecho de que existan unas diligencias de investigación de este calado debería ser un auténtico terremoto político»

Cuando se observa en conjunto, el dibujo resulta bastante claro: una licencia clave obtenida en condiciones cuestionadas. Una red de depósitos fiscales utilizada para desviar impuestos. Un suministro de crudo que pretende eludir sanciones internacionales. Un flujo constante de dinero que desaparece fuera del país. Y, en paralelo, una red de contactos políticos que facilita, protege o, como mínimo, no obstaculiza la operativa.

Conviene ser prudentes: la veracidad de esa documentación está siendo analizada por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado por si de la misma se pudieran derivar delitos como el blanqueo de capitales, el tráfico de influencias o el cohecho, entre otros. Pero conviene también no ser ingenuos: el simple hecho de que existan unas diligencias de investigación de este calado debería ser un auténtico terremoto político. Porque los mismos que claman que el patriotismo se demuestra pagando impuestos, que demonizan a los que se marchan a Andorra buscando un tratamiento fiscal más beneficioso y que gritan pidiendo respeto al derecho internacional en la guerra contra Irán, se habrían estado beneficiando —presuntamente— de un entramado delictivo cuyo fin sería, precisamente, evadir impuestos quebrando tanto la legalidad nacional como la internacional. Cosas veredes.

Más allá de las incoherencias discursivas de la izquierda, hay una idea que me gustaría trasladar para concluir: esto no es un fallo del sistema, es el sistema. No estamos ante una anomalía puntual, más bien al contrario. Es el resultado de entender cómo funciona el engranaje legal y político, utilizándolo en beneficio propio hasta llevarlo al límite por parte de personas que acababan de tocar poder.