Ofuscación en el Congreso
«La izquierda española convierte la política en un estado perpetuo de emergencia, como si gobernar fuera un molesto interludio antes de la revolución que nunca llega»
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Una amiga de los tiempos de la Movida, la artista Angie Gray, bien conocida entre los círculos ochenteros de Madrid, me invitó hace unos días al Congreso a un homenaje al director español Rafael Gordon. Y así me encontré una tarde de principios de marzo en la puerta de la calle Cedaceros entre un gentío de aliño prototípico: melenas, cuero, astracán, estampados intrépidos. Los policías encargados del control de accesos nos miraban con una sonrisilla divertida y una chispa de asombro en los ojos. Tras pasar los arcos detectores de metales y dar el nombre en el mostrador del vestíbulo, enfilamos hacia la sala Ernest Lluch, el auditorio más grande del Congreso, que en cuestión de minutos se llenó.
Pormenorizar el acto de una hora y media, con una decena de disertantes, entre quienes estaban los ministros socialistas Reyes Maroto y Óscar López, nos aburriría a todos. Baste decir que la ceremonia no fue un entrañable homenaje a un director veterano, sino un mitin cuidadosamente diseñado para reivindicar un determinado concepto de la cultura española. Recordemos que en nuestro país la cultura se define en términos políticos, como un apéndice supeditado a la caprichosa financiación pública. Eso quedó meridianamente claro durante aquella ceremonia organizada supuestamente para agasajar a un director español del que apenas se habló. No se proyectaron fragmentos de su obra, ni se expusieron carteles de sus películas, ni se enumeraron los motivos por los que el mundo deba saber quién es Rafael Gordon, ni se nos dijo cuál es su aportación específica al cine europeo.
En cambio, se nos explicó que el Estado español tiene la obligación de financiar la trayectoria de toda persona que se dedique a la cultura, independientemente de lo que opinen los contribuyentes cuyo dinero se usa para costear esa trayectoria del artista autoproclamado. Se nos hizo saber que un acordeón cuesta 4.000 euros, que el Estado español debe pagar al músico que decida tocarla, porque es una profesión muy sacrificada que debe subvencionarse automáticamente. Tras cada diatriba sobre lo laborioso y agotador que es dedicarse a «la cultura» y lo poco que apoya el Estado a sus abnegados practicantes, los ponentes bramaban alguno de estos lemas o los cuatro consecutivamente: «¡No al fascismo! ¡No al sionismo! ¡No a la guerra! ¡Viva Palestina libre!».
Como tantas veces en la vida, miré a mi alrededor para buscar cómplices, para ver si atisbaba otros rostros tan estupefactos como el mío, pero solo vi un mar de cabezas mirando hacia delante, asintiendo con la cabeza y aplaudiendo. La sala Ernest Lluch olía a naftalina revolucionaria, a ranciedad antidemocrática encubierta, a la militancia sobreactuada de un partido poco votado. Pero estábamos en el Parlamento español, en el corazón legislativo del país, en el ágora del pueblo, en un auditorio público que era una preparación microscópica de una sesión de las Cortes.
«Los oficiantes estaban teatralizando su caduca épica insurrecta contra el sistema que les financia todo»
Conforme aquello se alargaba, sonreí al pensar en mi tragicomedia individual, porque creyendo ir a un evento inocuo de La Movida, me había colado involuntariamente en un aquelarre político socialista. Ante mis atónitos ojos, los oficiantes estaban teatralizando su caduca épica insurrecta contra el sistema que les financia todo. Si algo demuestra la falta de escolarización democrática de la izquierda española en general (y de este Gobierno en particular) es su costumbre de «hacer la revolución» desde puestos gubernamentales, es decir, estando en el poder. Trasluce su creencia mesiánica de que la democracia representativa es un obstáculo para la verdadera voluntad popular, y que el Estado no es un instrumento para gestionar el autogobierno de la población, sino una fortaleza que debe ser tomada.
Aquel martes en el Congreso, la escena resultaba impactante por la furibunda puesta en escena, por las consignas obsoletas y por el encabronamiento generalizado. Pero lo más llamativo era ver escenificada esa confusión existencial que —por algún motivo— les impide distinguir entre gobernar y sublevarse. Para la izquierda española, tener un líder en la Moncloa es lo mismo que acampar en la Puerta del Sol: públicamente siguen señalando al enemigo y denunciando al sistema que ellos mismos gestionan (y que les paga el sueldo). Como pude comprobar yo aquel martes de marzo, la izquierda española convierte la política en un estado perpetuo de emergencia, como si gobernar fuera un molesto interludio antes de la verdadera revolución, esa que nunca llega, pero cuya nostalgia justifica cada decreto ley.
El momento culminante llegó cuando una de las actrices que participaban en el conciliábulo propuso «poner aranceles al cine americano», cosa que arrancó una estridente carcajada al público. Una vez terminado aquello, todos los activistas de la cultura se fueron a su casa a ver Netflix tranquilamente, con la conciencia tranquila tras haber cumplido con su cuota de insurgencia financiada y subvencionada.