No quedan constitucionalistas

Una de las paradojas más destructivas en la política española es la progresiva desaparición del espacio que históricamente se identificaba como «constitucionalista». El término, antaño reservado para los partidos que defendían de manera inequívoca el marco institucional surgido en 1978, ha ido perdiendo contenido a medida que las principales fuerzas políticas han modificado su comportamiento, sus alianzas y sus discursos estratégicos. Hoy, en un clima de polarización intensa y fragmentación creciente, el constitucionalismo se ha convertido más en un recurso retórico que en un eje real de consenso.

El fenómeno es claro y tenemos ejemplos recientes. Juanma Moreno convoca elecciones en Andalucía, y el mismo día defiende a Felipe González de los ataques del PSOE. No es un error. El PP andaluz sabe que solo puede crecer a su izquierda, absorbiendo el voto del que solo recuerda las buenas cosas del felipismo, entre otras cosas, su constitucionalismo. Mientras, a su derecha, los populares andaluces han recogido a todos los electores que no comulgan con la estrategia antisistema de Vox, que señala al texto de 1978 como la causa de todos nuestros males.

Esa es la batalla actual, librada entre constitucionalistas y el resto. Es muy difícil que María Jesús Montero, que no ha presentado presupuestos y que ha cedido a los rupturistas, golpistas y justificadores del terrorismo, se presente en Andalucía como una firme defensora de la Constitución de 1978. Resulta grotesco que quien ha aumentado los privilegios de los independentistas catalanes se defina como autonomista. O que quien ha aprobado en Consejo de Ministros la Ley de Amnistía y otros atentados al Estado de derecho, diga ahora que nuestra Carta Magna es sagrada. Sería patético que quien se lió a codazos para posar junto al Rey en la tragedia de Adamuz al tiempo que aplaudía los desprecios a Felipe VI quiera ser ahora monárquica del 78. Es absurdo que se diga constitucional quien aprobó la Ley de Memoria Democrática al dictado de Bildu para resucitar el guerracivilismo y condenar la Transición.

Otro tanto ocurre con Vox, aunque desde el extremo opuesto. Al igual que el PSOE no caerá nunca del 25% del voto, el partido de Abascal tiene un suelo del 18%. Esa firmeza se debe a que atrae a todos los que desprecian el sistema. Son votantes que tienen a Vox como un ariete contra la Unión Europea, la globalización, la inmigración, el libre mercado, el mestizaje, el feminismo, la ecología y la Constitución de 1978. Son electores que contemplan la noche de los cuchillos largos en Vox como un sacrificio aceptable. Para ellos no importa quién lo diga, sino lo que se ataque. Son unos votantes que piensan que el gran pecado original es la Constitución, y que lo mejor que nos puede pasar es que desaparezca. Su crítica no se compensa con un proyecto alternativo. Simplemente no saben o no quieren decir con qué quieren sustituir la monarquía parlamentaria, las autonomías y el resto de instituciones. De hecho, Abascal elude los actos públicos cuando acude Felipe VI y se niega a entrar en los gobiernos autonómicos.

«También es un riesgo que el PP pacte con quien niega la vigencia de la Constitución en todos sus fundamentos, como es Vox»

A la izquierda del PSOE no hay constitucionalistas, solo gente que quiere unas siglas para sobrevivir, y tampoco entre los nacionalistas, siempre dispuestos a romper el marco constitucional si sacan rendimiento. Recordemos los estrafalarios juramentos en la toma de posesión de 29 diputados izquierdistas y nacionalistas en el inicio de la actual legislatura. Los de ERC prometieron «por imperativo legal y hasta la consecución de la república catalana». Algo parecido fue lo que dijeron los de Bildu, que añadieron el consabido «por imperativo legal». Y Esther Gil de Reboleño, de Sumar, por no poner más ejemplos, prometió su cargo «por una España plural y feminista».

En este extraño país, los partidos con posibilidad de gobernar, ya sea en solitario o en coalición, despotrican contra la ley que los ampara. También es un riesgo, para ser completamente sincero, que el PP pacte con quien niega la vigencia y legitimidad de la Constitución en todos sus fundamentos, como es Vox. Es un partido semileal a las instituciones y a las reglas de juego, capaz de bloquear la situación con tal de fijar su posición particular, o de poner en cuestión el resultado de unos comicios. No en vano, tras tres victorias del PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, Abascal y su triunvirato no han dicho nada constructivo. Es posible que suceda lo mismo en Andalucía, dejando todo paralizado en beneficio de Sánchez.

Quizá la verdadera cuestión esté en recuperar la responsabilidad de la política, de la dirección de los partidos, e incluso la dignidad de los cargos y del acto de votar. Para eso habría que renunciar a la rentabilidad de la táctica a corto plazo, a los gurús de las cifras y a los estrategas que chapotean en el rencor. Mientras tanto, será curioso que la Constitución resista a más de lo que la clase política está dispuesta a defenderla.