El fin del chantaje

España lleva décadas secuestrada por una anomalía parlamentaria. Partidos que representan a menos del 5% del electorado nacional han decidido quién gobierna, qué leyes se aprueban y qué precio paga el Estado por su propia estabilidad. ERC, Junts, PNV, Bildu y el BNG no han sido partidos de Gobierno. Han sido partidos de peaje. Su modelo de negocio ha consistido en ocupar el espacio exacto entre la mayoría y la minoría, y cobrar por cada voto que faltaba. Ese modelo está a punto de morir.

Para entender lo que viene hay que entender lo que pasó. En julio de 2023, el PP ganó las elecciones con 136 escaños y Vox obtuvo 33. Sumaban 169, 7 menos de los 176 que marcan la mayoría absoluta. Feijóo no pudo gobernar. Sánchez, con 122 del PSOE y 31 de Sumar, sumaba 153. Tampoco le alcanzaba. La diferencia es que Sánchez estaba dispuesto a pagar lo que hiciera falta, y los nacionalistas estaban dispuestos a cobrar lo que pudieran. El resultado fue la investidura más cara de la historia de la democracia española.

Junts, con siete escaños, exigió la amnistía de Puigdemont. No estaba en el programa del PSOE. No la había pedido el electorado socialista. No tenía precedente jurídico en la democracia española. Pero Sánchez la concedió porque sin esos siete votos no había investidura. ERC, con siete más, exigió una financiación singular para Cataluña, un concierto económico que rompía el principio de solidaridad interterritorial y que ninguna comunidad autónoma había conseguido negociar en cuarenta años de democracia. Sánchez lo pactó.

Bildu —la formación heredera de Batasuna, que durante años se negó a condenar los asesinatos de ETA—, con seis asientos, obtuvo la transferencia de competencias penitenciarias y un reconocimiento institucional que habría sido impensable una década antes. El PNV, con 5 escaños, negoció lo suyo con la discreción que le caracteriza, ampliando competencias y blindando privilegios fiscales. El BNG, con un solo escaño, consiguió entrar en el reparto. Hasta Coalición Canaria, con otro escaño solitario, tuvo su trozo del pastel.

Cada uno de estos pactos se firmó porque la aritmética lo exigía. Sánchez necesitaba 178 votos y los consiguió exactamente: 122 del PSOE, 31 de Sumar, 7 de ERC, 7 de Junts, 6 de Bildu, 5 del PNV, 1 del BNG y 1 de Coalición Canaria. Quitando cualquiera de esos bloques, la investidura fracasaba. Eso significaba que cada partido, por pequeño que fuera, tenía poder de veto. Y un poder de veto en manos de partidos cuyo objetivo declarado es romper España o debilitarla al máximo no es gobernabilidad. Es extorsión institucionalizada.

Este mecanismo no nació con Sánchez. Lleva operando desde la Transición. Felipe González necesitó a Convergència i Unió. Aznar pactó con Pujol el famoso «pacto del Majestic», que le dio la Presidencia en 1996. Zapatero dependió del apoyo catalán y vasco. El patrón se repite legislatura tras legislatura: los dos grandes partidos nacionales se quedan cortos de mayoría y los nacionalistas rellenan el hueco a cambio de transferencias, competencias, dinero y privilegios que van siempre en una sola dirección, del Estado hacia los territorios, nunca al revés. Cada ciclo electoral ha sido una subasta en la que los nacionalistas vendían gobernabilidad y el comprador pagaba con soberanía.

Lo que ha ocurrido con Sánchez es simplemente la versión extrema de ese modelo. Cuando el precio de la gobernabilidad incluye amnistiar a un prófugo de la justicia, romper el sistema de financiación autonómica y legitimar políticamente al brazo político de una banda terrorista, el sistema ha llegado a su punto de quiebre. No porque los nacionalistas hayan cambiado de estrategia —siempre han pedido lo máximo posible—, sino porque el comprador ha aceptado pagar lo que ningún presidente anterior había aceptado pagar.

Pero la aritmética está a punto de cambiar. Y cuando cambie, todo ese edificio de chantaje se derrumba.

Las encuestas de marzo de 2026 dibujan un escenario que no tiene precedente en la democracia reciente. Según Sigma Dos, el PP obtendría 135 escaños y Vox 64. Suman 199, veintitrés más de los 176 necesarios. Según el Votómetro de Redlines para THE OBJECTIVE, basado en 28 sondeos y diez mil simulaciones, el PP se queda en 137 y Vox sube a 65. Suman 202. Según SocioMétrica, PP y Vox consolidan una mayoría absoluta de 200 escaños. Ninguna de estas proyecciones necesita un solo voto nacionalista.

Los propios nacionalistas apenas se mueven. ERC pasaría de siete a ocho escaños. Junts bajaría de siete a seis. Bildu subiría de seis a siete. El PNV pasaría de cinco a seis. El BNG de uno a dos. En total, el bloque nacionalista e independentista pasa de 26 a 29 escaños. Cambios marginales que no alteran nada porque no hay qué alterar. Su poder nunca estuvo en el número de escaños que tenían, sino en que les faltaban a los demás. Cuando los demás tienen lo que necesitan, los nacionalistas se quedan con lo que siempre fueron: partidos minoritarios de ámbito regional sin capacidad de influir en la gobernabilidad del Estado.

Pensemos en lo que esto significa en la práctica. Puigdemont ya no puede exigir una amnistía porque nadie necesita sus seis votos. ERC ya no puede negociar un concierto económico catalán porque sus ocho escaños no sirven para formar ni para tumbar un Gobierno. Bildu ya no puede obtener competencias penitenciarias porque sus siete diputados son irrelevantes para la aritmética parlamentaria. El PNV ya no puede jugar su eterno juego de equilibrios porque el equilibrio ya no depende de ellos.

Cada uno de estos partidos seguirá existiendo, seguirá ganando elecciones en sus territorios, seguirá gobernando Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos. Pero a nivel nacional, donde se toman las decisiones que afectan a todos los españoles, pasarán de ser decisivos a ser decorativos.

Esto no es solo un cambio electoral. Es un cambio estructural. Durante 40 años, el sistema político español ha funcionado con un defecto de fábrica: la combinación de circunscripciones provinciales, la ley D’Hondt y un sistema de partidos fragmentado ha dado a los nacionalistas un peso en el Congreso desproporcionado respecto a su base electoral real. Partidos con el 1 o el 2% del voto nacional han tenido más influencia en la creación de Gobiernos que formaciones con el 12 o el 15%.

Esa distorsión no la crearon los nacionalistas, sino un sistema electoral diseñado en 1977 que nadie ha tenido el coraje de reformar. Pero la distorsión solo funciona cuando los dos grandes bloques están equilibrados. Cuando uno de los dos bloques se impone con claridad, el mecanismo de chantaje se desactiva solo.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo. El bloque de la derecha (PP + Vox) suma casi el 50% del voto y más de 199 escaños. El bloque de la izquierda estatal (PSOE + Sumar + Podemos) alrededor de un 37%, 124 escaños. Incluso añadiendo todos los nacionalistas e independentistas, la izquierda llega a 145. A 31 de la mayoría. No hay combinación posible, no hay pacto imaginable, no hay precio suficiente que cierre esa brecha.

Los nacionalistas pueden ofrecer sus 29 votos a quien quieran, pero 124 más 29 sigue siendo 153, y 153 no es 176.

Lo más revelador es lo que este cambio dice sobre la sociedad española. Durante años se asumió que el electorado estaba condenado a la fragmentación, que ningún bloque podría gobernar sin los nacionalistas, que España viviría eternamente rehén de sus periferias políticas. Las encuestas de 2026 desmienten esa tesis. El electorado no se ha fragmentado más. Se ha reorganizado.

El votante que en 2019 se repartía entre PP, Ciudadanos y Vox, ahora se concentra en PP y Vox. Ciudadanos ha desaparecido. Su electorado ha vuelto a casa. Y el electorado de Vox ha crecido alimentándose del descontento con la gestión de Sánchez, un descontento que abarca desde la inmigración hasta la seguridad ferroviaria, desde el coste de la vivienda hasta la corrupción del entorno presidencial.

Pero hay una dimensión de este cambio que va más allá de las encuestas y que garantiza que la pérdida de poder de los nacionalistas no es coyuntural sino permanente: la demografía.

Los nacionalistas no tienen hijos. Y los que llegan a sustituirlos no votan nacionalista.

Los datos son demoledores. La tasa de fecundidad en España cayó a 1,10 hijos por mujer en 2024, y a 1,07 entre las españolas, muy lejos del 2,1 necesario para el reemplazo generacional. Pero País Vasco y Cataluña están entre las comunidades más envejecidas del país. En 2024, la natalidad del País Vasco cayó un 3,7%, uno de los descensos más acusados de España. Cataluña registró un saldo vegetativo negativo de 13.668 personas, es decir, murieron casi 14.000 personas más de las que nacieron. La base electoral nativa del nacionalismo se encoge cada año que pasa.

Cada generación de votantes nacionalistas que muere no es reemplazada por una generación equivalente porque esa generación sencillamente no nació. Mientras tanto, la población crece, pero por inmigración. Y aquí es donde la paradoja se vuelve letal para el proyecto nacionalista.

En 2024, más del 50% de los recién nacidos en Cataluña tenía al menos un progenitor nacido en el extranjero, llegando al 57,9% en la provincia de Gerona. España ha nacionalizado a 2,6 millones de inmigrantes que ya pueden votar. Pero esos nuevos votantes no votan nacionalista.

Según los datos del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, solo el 27% de los inmigrantes con derecho a voto en Cataluña apoyaría la independencia. El 75% vota a partidos no independentistas: el PSC se lleva el 48%, el PP el 13%, Vox el 8% y los comunes el 6%. Las formaciones secesionistas solo atraen al 16% de los catalanes de origen extranjero.

Es una pinza demográfica perfecta. Por abajo, no nacen suficientes niños en los hogares que votan nacionalista. Por arriba, llegan nuevos ciudadanos que votan abrumadoramente a partidos nacionales. El propio Pujol lo advirtió en 2002 cuando dijo que la inmigración sería «el final de Cataluña». Tenía razón en el diagnóstico, aunque no en el sentido que él le daba.

No es el final de Cataluña. Es el final del nacionalismo catalán como fuerza capaz de condicionar la gobernabilidad de España. Y lo mismo ocurre en el País Vasco, donde el envejecimiento es aún más pronunciado y la base electoral de PNV y Bildu se nutre cada vez más de una población menguante.

Este proceso es irreversible. No hay política pública que lo detenga. No hay pacto de financiación que lo compense. No hay amnistía que lo revierta. La demografía no negocia, no hace concesiones, no entiende de plazos parlamentarios.

Los nacionalistas pueden seguir ganando elecciones autonómicas durante una o dos décadas más, pero su peso relativo en el Congreso irá disminuyendo inexorablemente a medida que sus territorios pierdan población autóctona y ganen residentes que no comparten su proyecto político. El chantaje muere hoy por la aritmética electoral. Pero a largo plazo, la demografía lo entierra definitivamente.

Sánchez lo sabe. Por eso no convoca elecciones. Por eso se agarra a la legislatura hasta 2027. Por eso cada semana inventa una nueva crisis, un nuevo enemigo, una nueva cortina de humo. Pero el tiempo no juega a su favor. Cada mes que pasa Vox sube, el PSOE baja y la brecha entre bloques se agranda.

Sánchez no está gobernando. Está sobreviviendo, gracias a un Congreso elegido en julio de 2023 que ya no representa la voluntad de los españoles.

Cuando lleguen las próximas elecciones, ya sea en 2027 o antes si la legislatura colapsa, España tendrá por primera vez en décadas un Gobierno que no le deberá nada a Puigdemont, nada a Otegi, nada al PNV y nada a ningún partido cuyo proyecto político consiste en debilitar al Estado que les da representación.

Ese día, el negocio del chantaje nacionalista se habrá terminado. No porque los nacionalistas hayan desaparecido, sino porque no le harán falta a España. Y porque la demografía, silenciosa pero implacable, se habrá encargado de que no vuelvan a ser necesarios jamás.