La eutanasia de Noelia como fallo del sistema

La desgarradora historia de Noelia, la joven de 25 años que ha muerto el 26 de marzo por voluntad propia, gracias a la Ley de Eutanasia y con el beneplácito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha reavivado el debate sobre la eutanasia, resquebrajando el aparente consenso social que existía respecto a esta cuestión. Suele ocurrir en el momento en el que las ideas teóricas, abstractas y biensonantes, tales como el«derecho a una muerte digna», se materializan en una historia concreta, en un rostro determinado, en una persona individualizada.

Máxime cuando este rostro es el de una joven de 25 años que ha sufrido lo indecible y cuya enfermedad, tanto física como mental —paraplejia y depresión— proviene precisamente de agresiones sexuales múltiples sufridas a lo largo de su vida. El Estado que en su momento no fue capaz de protegerla tampoco ha sabido darle un acompañamiento psicológico adecuado y ahora le ofrece la muerte como vía de escape, y además lo hace presentándola como un derecho adquirido y un ejercicio de su libertad.

Algunos se rasgan las vestiduras, se preguntan cómo ha podido pasar. Otros ya advertimos que abrir esta vía y ampararla bajo la noción del «derecho a la muerte digna» implica necesariamente ampliar el espectro de supuestos para no limitar ese derecho a aquellos que lo quisieran ejercitar. Porque entre regularizar la eutanasia y calificarla como derecho hay una diferencia que sobrepasa el ámbito terminológico y pasa a tener consecuencias sustantivas.

Esto no es nada nuevo. Ya en junio de 2019 conocíamos el caso de la holandesa Noa Pothoven, la menor de 17 años a la que se le practicó la eutanasia tras sufrir estrés postraumático y depresión como consecuencia de abusos sexuales y una violación. Ni siquiera un año más tarde, en marzo de 2021, España aprueba la Ley de Eutanasia. Ahora nos hacemos los sorprendidos cuando un caso exactamente análogo llega a nuestro país. «No se podía saber».

Una aprobación irresponsable que deliberadamente omite analizar la causa de la voluntad de poner fin a la vida propia: el sufrimiento. Un sufrimiento que puede provenir tanto del cuerpo como de la mente. La realidad es esta: las personas no quieren morir, solo quieren dejar de sufrir.

Una política pública que pivotara en torno a la dignidad humana emprendería las medidas necesarias para dotar a los equipos de cuidados paliativos y de especialistas de salud mental de los medios y recursos necesarios para acompañar a las personas que se encuentran en estas situaciones.

Esto, evidentemente, requiere de una alta inversión de recursos públicos no justificable en términos de utilidad. ¿Por qué tratar de extender la vida de alguien que sabemos que va a morir? ¿Por qué invertir grandes cantidades de recursos en ciudadanos que, en términos económicos, solo suponen una carga social? Quien piense que estoy adoptando posturas maximalistas y falaces, le animo a investigar el drama que sufren los enfermos de ELA en nuestro país, como ejemplo ilustrativo de la idea que trato de transmitir.

Quizá la pregunta de mayor trascendencia sea: si su voluntad es morir, ¿por qué no respetar esa decisión? ¿Quiénes somos nosotros para opinar al respecto? ¿Acaso no corresponde al individuo la potestad para decidir sobre el derecho más fundamental e intrínseco de la persona, que no es otro que el de la propia vida?

Este punto sobre la libertad individual es quizá el más válido y sólido, pero adolece de una consideración trascendental. Para poder llevar a cabo una decisión realmente informada y libre, la persona debe tener capacidad real y efectiva de elegir.

Según datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, nuestro país sufre un déficit estructural en cuidados paliativos: el 73% de los españoles considera insuficiente el conocimiento y acceso a este servicio y solo cerca del 40% de las más de 300.000 personas que los necesitan anualmente reciben atención especializada.

Los datos relativos a la salud mental son igualmente devastadores. Según un informe de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, más del 50% de las personas con trastornos mentales no reciben el tratamiento que necesitan y solo el 60% de los centros públicos ofrecen servicios de salud mental, con un ratio de psiquiatras muy inferior a la media europea, lo que provoca listas de espera insostenibles, desabastecimiento de fármacos y una atención insuficiente a la creciente demanda.

Solo con un efectivo sistema de cuidados paliativos y acompañamiento de especialistas en salud mental se puede hablar de una verdadera libertad a la hora de disponer de la propia vida, y no por ello dejará de ser un drama y una tragedia a evitar.

Una política pública que prioriza la regularización de la eutanasia frente a la inversión en cuidados paliativos y acompañamiento psiquiátrico constituye por sí misma una ilustración elocuente de una escala de valores invertidos y decadentes. Un sistema que da a elegir al enfermo entre el sufrimiento o la muerte, otorgándole así una falsa sensación de libertad de elección, viciada por la desesperación y la falta de esperanza.

La muerte de Noelia nos indigna y nos llena de impotencia porque vemos en ella la desesperación de una joven que, no pudiendo más con su sufrimiento, ha encontrado en la muerte una vía de escape. Pero su vida y su muerte no son más que el reflejo de un sistema social, político y jurídico que ha fallado a la hora de proteger a uno de sus miembros más vulnerables.

Urge volver a colocar la dignidad humana en el centro de las políticas públicas.