Accidentes que no son tales

Pocas cosas me sorprenden más del debate político español que la habilidad del Gobierno de Pedro Sánchez para intoxicar a la opinión pública con relatos alternos que diluyen eficazmente su responsabilidad mientras encubren su objetivo central: permanecer en el poder a todo trance para controlar los casos judiciales que lo cercan. Y cómo, detrás de esa capacidad discursiva innegable, hay un día a día del poder anegado de corrupción, negligencia y oportunismo barato que, sin embargo, funciona, como demuestran las encuestas con su ‘no a la guerra‘. Instinto político y capacidad de supervivencia, más mil y un spin doctors pagados por los contribuyentes. Eso es todo.

Esta semana, sin ir más lejos, se filtraron unos audios entre operadores de Red Eléctrica sobre el apagón peninsular de 2025 que son reveladores. Hablan crudamente, como solo puede hacerlo un español enojado, de las señales de inestabilidad por el exceso de renovables en la red y su inevitable oscilación. Pero esta responsabilidad del Gobierno ha quedado diluida entre informes técnicos tendenciosos y comparecencias encubridoras. Al judicializarse, además, entra en unos tiempos mucho más largos que el corto periodo de una legislatura, lo que juega a favor del Gobierno y de sus terminales mediáticas.

Luis Antonio Espino, en su libro López Obrador: el poder del discurso populista, ofrece una herramienta útil para entender el fenómeno de políticos que mantienen altas cuotas de aceptación y simpatía a pesar de los desastres evidentes de su gestión. Espino analiza cómo el discurso político del expresidente mexicano pudo moldear la percepción pública de tal forma que sus fracasos y retrocesos no erosionaran su base de apoyo. Detectaba cinco pasos: primero, adaptar los hechos a una narrativa alternativa; segundo, sustituir el deber de comunicación de un gobierno a la ciudadanía con propaganda encubierta; tercero, ante cualquier error o accidente, negar, minimizar y eludir, responsabilizando a otros; cuarto, deslegitimar el conocimiento técnico preciso, la información objetiva y la crítica bienintencionada; y, por último, manipular el lenguaje para erigirse en la única alternativa legítima.

Aplicado al caso español, el Gobierno ha usado esta «ingeniería del relato» con precisión quirúrgica: fragmentar responsabilidades hacia comunidades autónomas o técnicos, hablar en tecnicismos que confunden, enfatizar la complejidad de los factores externos, mezclar verdades con mentiras y denunciar toda crítica como un «ataque de la extrema derecha» o «bulos de supuestos medios». Estas tácticas convierten tragedias que debieron evitarse en el puro azar del accidente, que también existe. La consecuencia es que una sociedad cada vez más polarizada termina por no saber qué creer.

En la gota fría que barrió una amplia zona de la costa valenciana, la falta de obras de amortiguación del barranco del Poyo es la verdadera causa de la magnitud de la tragedia. Más allá de lo tarde que avisó la Agencia Estatal de Meteorología y de la torpeza también manifiesta en el manejo de la crisis desde la Generalitat Valenciana, la clave está en las estructuras hidráulicas que podrían haber dirigido y frenado la furia del agua y que quedaron sin ejecutarse por una mezcla de fetichismo ideológico —que idealiza la naturaleza pura por encima de la seguridad— y desdén ante obras costosas y sin beneficios propagandísticos a corto plazo. La dana fue un accidente climatológico, un pico brutal de lluvias, pero es algo recurrente en esa zona del Mediterráneo, y no se ha hecho nada para prepararse ante ese oxímoron que son las gotas frías del Levante: una eventualidad recurrente.

El descarrilamiento y choque de Adamuz costó la vida a 46 personas e hirió a casi 300. Lo más grave del accidente, además del desconocimiento de la colisión por parte del personal de rescate al llegar al lugar, es que el tramo de vía que a todas luces lo provocó había sido «renovado», pero la realidad en el terreno era otra: las obras de mantenimiento no se hicieron siguiendo los parámetros técnicos establecidos. Más grave aún son las sospechas de manipulación de pruebas durante la investigación en curso. Corrupción y encubrimiento.

Lo mismo ocurrió con la pasarela marítima de El Bocal, en Santander, que se desplomó mientras siete jóvenes, en la flor de la vida, paseaban despreocupados por ella. La pasarela era una infraestructura abierta al público pese a no recibir el mantenimiento adecuado. La magistrada que instruye el caso ha señalado que la Demarcación de Costas en Cantabria, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es el responsable exclusivo del mantenimiento y que hay «serios indicios de actuación negligente». En 2024 se limitó la reparación a la madera, mientras los elementos metálicos estaban completamente oxidados, una señal clara de deterioro estructural. La tragedia también fue evitable: vecinos y técnicos habían hecho advertencias previas sobre el mal estado de la pasarela, incluso con llamadas al 112 el día anterior al colapso. Pero nadie actuó a tiempo.

Estos casos, escalonados en el tiempo, revelan algo más profundo: un Gobierno que normaliza la negligencia al diluir sus responsabilidades y que sabe controlar el relato para evitar las consecuencias políticas de sus acciones. Mucha responsabilidad tienen, en este triste panorama, los medios de comunicación que han decidido, por conveniencia económica o convencimiento partidista, «comprar» el discurso del Ejecutivo, difundiéndolo con apenas variaciones. Lo mismo pasa con la legión de tertulianos que inundan la radio y la televisión públicas. Y los ciudadanos, adormecidos, en trance, manipulados, siguen votando de manera estrictamente ideológica sin castigar como merece a un presidente que hace mucho debería estar en el basurero de la historia.