Podemos: de la consigna al Ministerio

Pudo haber dicho que ha sucedido alguna vez. Que tiene conocimiento de una ocasión reciente o que le consta un caso concreto que debería servir para tomar medidas. Pero la ministra de Igualdad de España fue categórica en su aparición en un programa de televisión de máxima audiencia: “Cuando una mujer denuncia una agresión sexual, en comisaría se le pregunta si iba vestida con una minifalda”. Una norma, una suerte de descripción protocolaria de la actuación policial ante las víctimas que acuden en su socorro. No hizo, siquiera, la tramposa e indigna trampa de recorrer al uso del “a menudo”. Irene Montero, que habla, ella sí demasiadas veces, en nombre de todas las mujeres, habló también en nombre de miles de agentes de la autoridad para auto-acusarles de manera gravísima.

En realidad, claro, la ministra no emplea el mea culpa que debiera si tuviera constancia real de esa generalización injustificada, tan carente de fundamento como de mesura. Montero habla como una activista política valiéndose del poder y la potestad que le confiere su asiento en el consejo de ministros, que comparte con el titular de Interior, sobre cuyos subordinados está vertiendo importantes calumnias que ya tardan en ser desautorizadas y sancionadas. Hasta ocho protocolos de actuación oficiales figuran en la página web del Ministerio que dirige Montero. No sabemos si la política los ha leído, lo que es seguro es que anima irresponsablemente a todos los españoles a sospechar que, o bien la legislación en materia de violencia contra la mujer es papel mojado, o que las autoridades prevarican de manera sistemática para desamparar a las víctimas. 

Lo que ha dicho Montero constituye, en primer lugar, una inadmisible ofensa a miles de servidores –entre ellos, también mujeres– públicos que trabajan a diario atendiendo a las víctimas. Y es también una manera de infundir miedo y tratar de hacernos más vulnerables a las mujeres ante la ley. El desprecio a la labor y a la legitimidad de a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la voluntad de retratar a las mujeres como eternas víctimas del sistema heteropatriarcal son conceptos que encajan a la perfección con el imaginario político de Podemos, pero casan muy mal con la realidad española. Hay proclamas ideológicas que son incompatibles con las responsabilidades de gobierno y no se pueden incendiar las calles cuando se custodian los extintores. El tiempo de la hipérbole acabó para Montero, pues cuanto más exagere en las disfunciones del Estado contra la violencia machista, más responsable será ella del mal.

Podemos no pretende usar el Gobierno para que remita su pulsión populista, sino como canalizador de la misma. Ahora el Consejo de Ministros infunde el miedo hacia un Estado connivente con la violencia sexual. Se acerca el 8-M y corremos el riesgo de que las consignas más incendiarias y arbitrarias “el Estado opresor es un macho violador” las entone el propio Gobierno. Qué leyes no aprobarán si quieren remediar una realidad construida sobre prejuicios y dogmas. Cuánto daño harán a nuestras instituciones en su intento por minar su credibilidad y fiabilidad hasta que estén tan degradas cuyo único remedio sea derribarlas, que es lo que siempre quiso Podemos y les ha servido en bandeja el PSOE.