Sánchez lleva cuatro años sin elegir qué titulado necesita para vigilar la seguridad de las presas
La Asociación de Ingenieros de Caminos plantea la creación de un órgano independiente de vigilancia hidráulica
Pedro Sánchez, acompañado por varios de sus ministros. | EP
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva al menos cuatro años sin definir ni aclarar cuál es el perfil técnico que debe tener la persona responsable de la seguridad de las presas españolas. Puede ser cualquiera, desde un farmacéutico, un químico o un licenciado en Ciencias Medioambientales, pero no se exige que sea un ingenieros de Caminos, la única titulación que tiene formación en obras hidráulicas. Es la denuncia que hace llegar a THE OBJECTIVE Jesús Contreras Olmedo, vocal de la junta directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, perteneciente al Instituto de la Ingeniería de España.
El Ministerio de Transición Ecológica -primero con Teresa Ribera y luego con Sara Aagesen- lleva desde 2021 sin desarrollar el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, en el cual se daba hasta un plazo máximo de 18 meses para decidir cuál sería el perfil académico necesario de capacitación para desempeñar las actividades y funciones de carácter técnico establecidas en las normas técnicas de seguridad de presas y embalses que figuran en los anexos I, II y III de ese real decreto.
Con el tiempo transcurrido, con años por delante y una dana que asoló una parte considerable de la provincia de Valencia, España sigue aún sin concretar la determinación de un cargo «de extraordinaria relevancia -destaca Jesús Contreras-, cuando España tiene el 75% de sus presas sin planes de emergencia implantados, y en la Cuenca del Júcar -indica- solo hay una presa con plan, de las 27 que forman parte de esta cuenca, incluida la presa de Forata».
También hay muchas presas en España que, en la clasificación de peligrosidad (A, B y C), tienen la A, que significa que son presas de mayor riesgo, cuya rotura o mal funcionamiento podría causar daños graves a núcleos urbanos, servicios esenciales o producir daños materiales y medioambientales muy importantes. Y en esa situación se encuentra la presa de Forata, en la cuenca del Júcar, sobre un núcleo de población de 110.000 personas.
Un órgano independiente
La ausencia de un técnico para la seguridad de las presas españolas, algunas de ellas con muchos años a sus espaldas, con la ausencia del mantenimiento necesario y poniendo en juego servicios públicos -destaca Contreras- no es la única laguna que observa la Asociación de Ingenieros de Caminos en el el funcionamiento del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige Sara Aagesen, empezando porque su secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, es una persona sin formación académica universitaria, a cuyo currículo oficial solo aporta «Estudios de Derecho. Iniciados». La directora General del Agua «es licenciada en Derecho y, por tanto, no tiene competencias para eso».
Ante este panorama, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha convocado la jornada Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable, que se celebrará el próximo 21 de octubre a las 10.00 h en el Instituto de Ingeniería de España (Madrid).
En dicha jornada se planteará por parte de este colectivo profesional de ingenieros de Caminos la creación de un órgano independiente con poder de vigilancia y criterio técnico que actúe sobre todas las direcciones y no delegando «la responsabilidad a consultoras subcontratadas que te harán el informe a favor de obra de la administración», señala Contreras.
La responsabilidad del ministerio
En marzo de este año, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez y el director Técnico de Geotecnia de Proyectos y Obras (GEOprob), Francisco Javier Sánchez Caro, pedían en una comparecencia técnica en el Senado medidas estructurales –presas y encauzamientos– en la Comunidad Valenciana, así como mejorar las alertas enviadas a la población para evitar futuros desastres, como el vivido en Valencia por la dana el pasado 29 de octubre.
En concreto, Teodoro Velázquez criticó que «no se haya ejecutado ninguna» de las 23 medidas estructurales previstas para el Bajo Júcar en el Plan Hidrológico Nacional, entre ellas, las de la Rambla del Poyo. Asimismo, incidía en que, de acuerdo con la normativa en vigor, las obras hidráulicas de interés general del Estado son competencia de la Administración General del Estado. A su parecer, «se han priorizado infraestructuras verdes».
Además -especificaba en esa Comisión-, «la responsabilidad directa no es de la Confederación (del Júcar), pues respondiendo con rigor, sería del Ministerio de Transición Ecológica. Es el Ministerio de Transición Ecológica el que tiene que decir si las hace la Dirección General del Agua o la Confederación». Según el último informe del mencionado ministerio, España se enfrenta a un total de 141 riesgos relevantes y 51 riesgos clave por el cambio climático.