España tiene 385 presos más en tercer grado que cuando Sánchez llegó a La Moncloa

Desde que en junio de 2018 Ángel Luis Ortiz fuese designado como secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP) por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, 385 presos se han sumado al régimen de tercer grado en las cárceles españolas, según consta en los últimos informes anuales de ‘Estadística de la Población Reclusa’ del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

A mediados de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Palacio de La Moncloa, 7.801 reclusos disfrutaban de este sistema. Dos años después, esa cifra ha incrementado hasta los 8.186 reos, casi un 5% más. Durante este espacio temporal, además, los centros penitenciarios han puesto en libertad a cerca de 3.000 internos. 

El tercer grado, también denominado de «semilibertad», es el grado que más autonomía confiere al preso, exceptuando la libertad condicional. La principal característica de este régimen es que los reclusos pueden salir de prisión durante el día y solamente regresar para dormir. Además, también pueden desarrollar actividades laborales, familiares, o recibir tratamiento, entre otras. Es un sistema basado en tres grados progresivos y cuyo objetivo último es la reinserción de los reos en la sociedad. 

De este régimen, no obstante, también se benefició a principios de 2020 Francisco Javier Almeida, detenido el pasado jueves —y posteriormente enviado a prisión— como presunto asesino del niño de nueve años que jugaba en un parque de Lardero, un municipio cercano a Logroño, en La Rioja.

El reincidente disfrutaba de la libertad condicional tras haber cumplido 22 de los 30 años de su condena por asesinar y agredir sexualmente a una agente inmobiliaria en 1998. Sobre él también pesaba otra condena de siete años de cárcel por agresión sexual en 1993. 

Esta última medida le fue concedida cuando gozaba del tercer grado penitenciario, en abril del pasado año, y estuvo avalada por juez de vigilancia penitenciaria de La Rioja e Instituciones Penitenciarias. Razón por la que ahora, tras es el macabro suceso, su titular, Ángel Luis Ortiz, está siendo el centro de todas las críticas, según denuncian los sindicatos penitenciarios, «por tener a asesinos en la calle». 

3.000 reos menos 

Según datos del Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias, consultados por THE OBJECTIVE, en 2018, las cárceles españolas tenían un total de 7.801 reclusos en régimen de semilibertad. Dos años después, esa cifra ha ascendido a 8.186 reos, un 4,9% más. 

Además, estos datos coinciden con un descenso significativo de presos en los centros penitenciarios españoles. Mientras que en 2018 las prisiones contaban con 48.348 reclusos; a finales de 2020, esta cifra se situaba en 45.381. Es decir, que en menos de tres años, casi 3.000 reos han salido a la calle. 

Un escenario en las cárceles que responde, según explican fuentes penitenciarias, a la «estrategia política» que el secreto general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha ido implementando a lo largo de su mandato. 

Lo aseguró él mismo, hace poco más de un año, en una comparencia en el Congreso de los Diputados en la que explicó las grandes líneas de su proyecto: «Desde mi nombramiento como secretario general y con la llegada del equipo directivo, uno de los compromisos asumidos fue el de favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social, así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad». 

«Vaciar las prisiones»

Y aportó datos. Ortiz explicó cómo la población reclusa «en medio abierto» había pasado de un 17,7% a un 20,5% desde que él estaba al frente de Prisiones. Se refería a aquellos internos que se encontraban en régimen de segundo o tercer grado. 

Desde los sindicatos, los funcionarios de prisiones ven en sus medidas una «solución rápida para vaciar las prisiones» ante la saturación de presos que existe en la mayoría de las prisiones españolas. 

«Él, es cierto, no es esconde. Desde el principio, su objetivo clave fue vaciar las cárceles y lo está haciendo. El problema viene cuando estas personas no están preparadas para ese régimen de semilibertad, como se constató la semana pasada en La Rioja. 

Nosotros no creemos en esa política de buenismo. Bajo nuestro punto de vista, esa política se traduce en no invertir en recursos humanos ni materiales. Siempre decimos lo mismo: invertir en prisiones es invertir en seguridad de la ciudadanía», concluye un portavoz sindical.